Ciudad Juárez: crimen sobre crimen

PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA


Mujeres y hombres valientes y tenaces han pugnado porque se haga justicia en casos de que fueron víctimas, y han conseguido que su activismo tenga amplias repercusiones nacionales. La señora Isabel Miranda de Wallace y los señores Eduardo Gallo y Alejandro Martí son ejemplares. En otros casos, en cambio, la búsqueda de justicia ha generado nuevos delitos, a manera de castigos para quienes se empeñan en hacer que las policías trabajen y conduzcan a los perpetradores a la prisión.

En este momento está en curso una honda y peligrosa tragedia. El lunes 7 fueron levantadas tres personas en un poblado de Valle de Juárez, en la conurbación de Ciudad Juárez. Se trata de Malena Reyes Salazar y su hermano Elías, así como la esposa de éste, Luisa Ornelas. Los dos primeros son hermanos de Josefina Reyes Salazar y Rubén de los mismos apellidos, quienes fueron ultimados el año pasado. La primera se había significado por su lucha por los derechos humanos, a raíz de los embates sufridos por sus hijos Miguel Ángel y Julio César. Josefina fue asesinada el 3 de enero de 2010 y Rubén en agosto siguiente.

Un hijo de doña Josefina, Juan Manuel, había sido asesinado en 2009, mientras que su hermano Miguel Ángel había desaparecido un año atrás, y cuando reapareció fue acusado por miembros del Ejército de pertenecer a una banda de narcotraficantes y al parecer se halla sometido a juicio desde noviembre de 2009, sin que su madre recibiera nunca la información ministerial respectiva.

El levantón en curso contra los Reyes Salazar fue atestiguado por la madre de las víctimas, Sara Salazar, que ha padecido la pena de que su familia quede devastada por homicidios y la actual desaparición forzada. La casa de otra de sus hijas, Ruth, fue recientemente incendiada.

Por las amenazas que doña Josefina recibió como preámbulo a su asesinato, parece claro que la intención es impedir el activismo de las víctimas, atemorizándolas o simplemente quitándolas de en medio. Ella había integrado un comité de derechos humanos, que se ocupaba de denunciar la muerte de personas ajenas a la familia, como Saúl Becerra y la desaparición de Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga. Las denuncias sobre esos casos, y las relativas a los amagos en su contra, fueron desestimadas tanto por la Procuraduría General de la República como por la fiscalía local, que tampoco se muestran interesadas en determinar el paradero de los actuales desaparecidos.

Otra cadena de infortunios familiares ha surgido a raíz del asesinato de una joven, madre a los 16 años, ultimada por su pareja. Sergio Barraza, el tristemente célebre homicida dejado en libertad por tres jueces que ahora viven un intenso cuestionamiento, aunque su sentencia de libertad fue revocada por otro tribunal que mantiene viva una orden de aprehensión contra Barraza. La madre de la primera víctima, Rubí Marisol Frayre, doña Marisela Escobedo, fue a su vez asesinada el 16 de diciembre pasado, como castigo a sus empeños por hacer que el homicida de su hija fuera detenido. El crimen que privó de la vida a doña Marisela fue al mismo tiempo un desafío, pues fue realizado en pleno centro de la ciudad de Chihuahua, virtualmente a las puertas del Palacio de Gobierno, como si los asesinos tuvieran conciencia de que nada les pasará. Como las de la familia Reyes Salazar, sus denuncias, y los informes conseguidos por ella a falta de la eficiencia policiaca, fueron desestimadas por la fiscalía general chihuahuense. De modo que tras la muerte de su madre, nuevos amagos ahora dirigidos a sus hijos Eduardo Alejandro y Juan Manuel y la triste convicción de que nada se haría para impedir que se hicieran efectivos, los condujo a exiliarse más allá de la frontera.

Pero el hostigamiento relacionado con el primer delito no se detuvo ahí. La maderería propiedad de José Monge Amparán, compañero de vida de doña Marisela, fue incendiada. Tras ese acto criminal un hermano del propietario, Manuel, fue levantado y horas después su cadáver fue hallado en las inmediaciones de la ciudad. Habrá quienes miren estas muertes con la naturalidad de quien suma decesos sólo para efectos estadísticos. Pero hay mucho más en esos delitos, una malévola tendencia del crimen organizado a no permitirse el hostigamiento por los deudos, sabedores de que si alguna persecución puede ser eficaz, es la emprendida o impulsada por los familiares, pues la que correspondería realizar a las autoridades puede ser frenada mediante la corrupción.

La corrupción explica en amplia medida la ineficacia. El estado de Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez, concentró el año pasado una altísima proporción de la violencia homicida en todo el país, y no hay indicios de que la situación se alivie. Al contrario, en la población fronteriza resulta estéril la nueva estrategia, una más, puesta en práctica a partir de la presencia masiva de la Policía Federal. No acaba de entenderse que esa corporación es más parte del problema que de la solución. Sus miles de efectivos dispersos en la ciudad son incapaces de impedir el tránsito de bandas armadas que a la vista de todos perpetran asesinatos o secuestros y levantones. Más todavía, la escasa disciplina o la corrupción hace que cuando sus agentes actúan lo hagan en perjuicio de la autoridad o de personas inocentes. Un miembro de la escolta del alcalde de Ciudad Juárez fue asesinado y el munícipe objeto de burla y hostigamiento. Para sólo citar la cuota de febrero, tres jóvenes fueron asesinados el sábado pasado.

Cajón de sastre

En la primera votación, y con una mayoría elocuente, de 97 votos frente a 12 y 4 de sus compañeros de terna, el Senado eligió ayer ministro de la Suprema Corte a Jorge Mario Pardo Rebolledo, que ya antes había figurado sin éxito en una propuesta presidencial para integrarlo al tribunal constitucional. Durará 15 años en su cargo, periodo largo que en cierto sentido sustituye a la inamovilidad judicial, un asunto polémico en que riñen valores que han de preservarse. Tiene delante de sí una tarea concreta: imponerse del expediente del "amparo de los quince", en que ese número de ciudadanos busca que se declare inconstitucional la prohibición de contratar tiempo y espacio en los medios electrónicos. La discusión del caso fue aplazada, por un empate a cinco votos, en espera del nuevo ministro, que se incorporará al pleno la próxima semana.