Raúl Trejo Delarbre Aristegui se ha convertido en todo un caso. Mientras más se aplaza la solución a su exclusión de la radio, más se polarizan las posiciones en torno a esa importante conductora y la desafortunada medida que tomó la empresa MVS.
Ya sea que haya sido decisión exclusivamente de la empresa o que haya sido inducida desde la Presidencia de la República, la cancelación del noticiero encabezado por esa periodista se confirma como un enorme desatino. De no haber sido expulsada de la frecuencia radiofónica, a estas alturas nadie se acordaría del cuestionamiento que Carmen Aristegui hizo el viernes pasado acerca del estado de salud del presidente Felipe Calderón. Las bravuconadas y provocaciones del diputado Fernández Noroña no hubieran trascendido, más allá de la de por sí lamentable suspensión de la sesión del día anterior en San Lázaro y del discutible comentario de la periodista.
Hay quienes quieren fijar la discusión sobre este asunto en torno al comportamiento profesional de Carmen Aristegui. Todos los periodistas que se han expresado al respecto coinciden, cómo no, en que el derecho a preguntar es intocable. Pero inclusive esa atribución no solo de los informadores sino de cualquier ciudadano, está acotada por el respeto a valores hoy tan poco inspiradores como la vida privada y la reputación de las personas.
Esa discusión ha sido resuelta por la propia periodista. En su alocución del miércoles en la Casa Lamm, Carmen Aristegui explicó que el viernes anterior, “en mi libre derecho de expresión formulé un comentario editorial que aludía a un incontrovertible hecho noticioso”. Tiene razón: se trató de una opinión personal, subjetiva aunque sustentada en una noticia y, sobre todo, que hizo en ejercicio de la libertad de expresión.
A algunos nos ha parecido que ese comentario era impertinente e innecesario, pero a estas alturas el eje del debate no se encuentra allí. Carmen Aristegui tenía derecho a formular aquel comentario desde el punto de vista jurídico y ético. Pero desde el plano político, no solamente fue insólito sino, además, profundamente irritante para algunos. Ningún periodista ha documentado, todavía, las reacciones que esas frases de Aristegui suscitaron en la casa presidencial. Con alguna perseverancia podrían reconstruirse llamadas, exigencias, reuniones y presiones que menudearon sobre los directivos de MVS y la periodista durante todo el fin de semana.
La decisión de excluir a la periodista fue, sin embargo, de MVS. A diferencia de otras remociones frecuentes en los medios, los directivos de esa empresa al menos ofrecieron una explicación, aunque muy débil. Decir que había transgredido un código de ética que nadie conoce, resultó tan insuficiente como inaceptable. La propia Aristegui, al proponer una vía para resolver ese diferendo, ha dicho que el presidente de MVS recibió, desde Los Pinos, presiones inusitadas.
Por eso la exclusión de Aristegui de su programa de radio no es una decisión meramente empresarial. Aunque así lo fuese, como insisten algunos que con ese argumento quieren minimizar la decisión de MVS, una empresa de comunicación tiene responsabilidades con sus públicos. Echar a una periodista, máxime si tiene una audiencia significativa, es una medida que deja a esos radioescuchas sin el derecho a recibir los contenidos que dicha conductora suele presentarles.
En términos legales un medio de comunicación puede despedir a cualquiera de sus empleados (siempre y cuando page la indemnización laboral correspondiente). Pero un medio de comunicación además está acotado por los intereses de sus radioescuchas, televidentes o lectores. De hecho, esos públicos son el patrimonio más importante que puede llegar a consolidar una empresa dedicada a la comunicación. Y si es por motivos políticos o por simples desacuerdos con lo que decía el periodista así excluido, se trata de un acto de censura.
Entre los varios despropósitos que se han dicho en estos días está el de quienes aseguran que la censura solamente existe a partir de decisiones directas del gobierno. No es cierto. De hecho hoy en día, en México, la principal fuente de censura se encuentra en los intereses (sea por temores, ambiciones o conveniencias) de las empresas de comunicación.
El caso Aristegui subraya esa vulnerabilidad. La libertad de información y opinión se encuentra ceñida a un sistema de medios profundamente concentrado, ineficazmente regulado y al que todavía articula una relación perversa, de complacencias mutuas, entre el poder político y las empresas de comunicación más importantes.
Beneficiario durante largo tiempo de esa relación perversa, ahora el poder político se está convirtiendo en rehén de ella. Los funcionarios que tanta indignación expresaron en Los Pinos ante el comentario incómodo de Aristegui han sido operadores, pero también cautivos, de las canonjías que las televisoras privadas están acostumbradas a exigir y recibir. Y una empresa de menores dimensiones pero con larga historia de perseverantes intentos para competir con esas televisoras, es colocada en una situación difícil debido al desparpajo de su periodista estrella y, antes que nada, debido a la intolerancia que de pronto se manifiesta desde la casa presidencial. Los quisquillosos y quisquillosas en Los Pinos rechazan una opinión política incómoda pero sobrellevan todos los días, a todas horas, los contenidos –esos sí ofensivos, para la sociedad toda– que son paradigmáticos en Televisa y Televisión Azteca.
MVS lleva años disputando una promisoria banda en la frecuencia de 2.5 Ghz, cuya concesión tenía asignada pero nunca la aprovechó plenamente. Se trata de un conjunto de frecuencias que esa empresa había recibido para la televisión por microondas que ha ofrecido desde hace tiempo. Ahora esas frecuencias son más valiosas porque en ellas se pueden difundir señales de Internet inalámbrica. El litigio en torno a ellas lleva varios años y está a punto de resolverse, si hemos de tomar en serio alguna declaración reciente del presidente de la Cofetel.
Las otras frecuencias que podrían interesar a MVS y desde luego a otras empresas, son las que algún día pondrá en licitación el gobierno para integrar una o dos nuevas cadenas de televisión nacional. Aunque recientemente en la Cofetel se dijo que esas licitaciones podrían terminar dentro de un año, ahora uno de sus comisionados anuncia que demorarán mucho más tiempo. Cualquier dilación en ese proceso beneficia a Televisa y Azteca, que se resisten a tener competencia en el campo de la televisión abierta.
El caso Aristegui tiene muchas aristas. Pero antes que nada ocurre en un contexto de intensa estridencia política, de irregular desempeño del gobierno en campos como el de las telecomunicaciones y de indolente sumisión del poder político a las televisoras tradicionales. El contraste a ese panorama ha sido la enorme vitalidad de los ciudadanos más inquietos ante la exclusión de la periodista. Quizá nunca hemos visto en México expresiones de irritación y preocupación tan extendidas, y a favor de un periodista privado de su tribuna profesional, como las que se han difundido desde el lunes pasado en respaldo a Carmen Aristegui. La repetición de su nombre en Twitter es una de las manifestaciones de esa desazón en sectores significativos de la sociedad mexicana.
En otro momento habrá que estudiar cómo es que una periodista llega a ser tan emblemática de tan variados afanes como los que hoy se manifiestan a favor de ella. Pero por eso y, como hemos dicho en otros sitios, porque con su exclusión de la radio nadie gana –excepto los abusivos y los intereses que suelen ser afectados por el periodismo que practica– hay que requerir el retorno, mientras más pronto mejor, de Carmen Aristegui a su espacio radiofónico en MVS.
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