En franco desacato a sentencias judiciales, la complicidad de autoridades educativas federales y el comité nacional del sindicato de maestros ha impedido que se realice en la sección IX del SNTE un congreso que es necesario para restaurar por entero la legalidad en esa importante porción del gremio magisterial.
El camino ha sido allanado por la justicia federal pero hasta ahora ha sido más eficaz la franca renuencia de la cúpula del SNTE a reconocer que su maniobra para recuperar el control de la sección novena ha fracasado. Para ello cuenta con la Administración federal de servicios educativos en el DF, uno de los enclaves sindicales en la SEP, que de diversos modos mantiene la ficción de que los elbistas y no la mayoría democrática gobiernan la sección, de donde se extraen consecuencias dañinas para esa mayoría.
La Nueve ha sido tradicionalmente un bastión del profesorado que se opone al manejo vertical de los asuntos gremiales. La dirección nacional del sindicato, en los tiempos de Manuel Sánchez Vite, en los de Carlos Jonguitud y en los de Elba Esther Gordillo ensayó diversos modos de someter el ánimo democrático del magisterio capitalino, hasta que lo consiguió la presidenta del sindicato, aprovechando la alianza que ha mantenido con los gobiernos del PAN.
Puesto que la verticalidad del estatuto interno concede facultades a la cúpula central que limita la autonomía de las secciones, el comité nacional elbista empezó su más reciente ofensiva contra el mayoritario sector democrático de la Nueve rompiendo el orden legal, con perjuicio para los más. En 2001 se abstuvo de convocar a la renovación del comité seccional encabezado por Blanca Luna Becerril, elegida por la mayoría en 1998 pero después cooptada por el elbismo, y a la cual se mantuvo indebidamente al frente del comité seccional hasta 2008. La arbitraria prolongación del mandato de Luna Becerril se adornó con su ingreso al Panal y su inclusión en la lista de candidatos a diputados federales, de manera que ocupó una curul en la LX legislatura, de 2006 a 2009.
A mediados de 2008 finalmente se llamó a elecciones, sobre un cálculo que resultó equivocado. El mando central del SNTE supuso que podría ganar por las buenas la dirección sindical, pero en cuanto se percató de que ocurriría lo contrario se dispuso a mantener el control a como diera lugar. Para ello, el 1o. de julio de 2008 impuso un comité espurio, mediante el sencillo procedimiento de incumplir la convocatoria, falseando la elección de delegados y simulando la realización de un congreso a escondidas y por ende sin la presencia de la mayor parte de los representantes. El 9 de septiembre de ese año el Tribunal federal de conciliación y arbitraje, que conoce los conflictos del personal federal, concedió la toma de nota al comité elbista, encabezado por María Teresa Pérez Ramírez.
La mayoría agraviada con esas determinaciones las repelió en los hechos y con el derecho. Más de 500 delegados de los 666 posibles se erigieron en congreso soberano y eligieron un comité seccional a cuya cabeza quedó el profesor Francisco Nicolás Bravo Herrera. Ese comité se hizo del local sindical, en la calle de Belisario Domínguez, donde bulle la vida gremial de base, con manifestaciones políticas y culturales. Pero la SEP, a partir de la toma de nota, entrega las cuotas sindicales al comité encabezado por Pérez Ramírez y le permite gestionar los asuntos de personas a las que no representa. El ISSSTE, otro bastión elbista, priva de los derechos que le corresponden a los maestros que quieren ser representados por Bravo Herrera. El comité de Pérez Ramírez trabaja desde la comodidad de plazas comisionadas -hasta 400-, lo que significa que son sindicalistas de tiempo completo, mientras que el de Bravo Herrera cumple sus obligaciones gremiales por la noche, después de concluir la doble jornada laboral a que la necesidad fuerza a gran parte del magisterio capitalino, compuesto por 58 mil profesoras y profesores.
La perseverancia jurídica de los maestros de la mayoría consiguió, después de muchas peripecias legales, que un tribunal federal de amparo ordenara en definitiva la cancelación de la toma de nota al comité de Pérez Ramírez. Emitió su sentencia el 6 de agosto del año pasado y el 13 de septiembre el tribunal burocrático dejó firme la revocación de dicho reconocimiento, ganado en una fase previa del juicio de garantías.
La sentencia y el laudo correspondientes han sido notificados a la SEP, sin que causen el efecto de interrumpir el trato, entrega de cuotas incluida, que ha mantenido con el comité ahora desconocido. Por su parte, el comité nacional del SNTE, impuesto de las consecuencias que esos fallos originan, debería convocar a un nuevo congreso. Pero seguramente en preparación de condiciones que le sean favorables, ha dejado correr el tiempo y dejado en el limbo la representación sindical.
Suele acusarse a la disidencia magisterial, entre la que se encuentra la mayoría de los miembros de la sección Novena de no privilegiar las vías institucionales, pacíficas, para el logro de sus propósitos. Pero el caso que ahora nos ocupa es muestra de cómo esa actitud es generada por el desdén de las autoridades y la dirección gremial, que deja a miles de maestros en estado de indefensión. Hace ya cuatro meses que fueron emitidas las sentencias que modifican de raíz la situación seccional, y la complicidad de SEP y SNTE les permite eludir las inexorables consecuencias de esos fallos, que ya no pueden ser legalmente impugnados.
Cajón de Sastre
Fue detenido y será procesado José Maza, miembro de la radio comunitaria Diversidad, situada en Paso del Macho, Veracruz. Suerte semejante están corriendo Juan José Hernández y Paola Ochoa, de la misma emisora. La acción penal correspondiente, practicada por la PGR, se inició a petición de Gobernación, celosa de la aplicación de la ley de bienes nacionales cuyo artículo 150 penaliza el "usar, aprovechar o explotar bienes propios de la nación sin el permiso o concesión del Estado". Como en México la ley es pareja, suponemos que es inminente el inicio de la acción penal respectiva contra la empresa perteneciente al Grupo Salinas y TV Azteca, que maneja el canal conocido como Proyecto 40, pues incurre en la misma práctica de utilizar el espacio radioeléctrico sin autorización, ya que ésta es patrimonio de otro concesionario.
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