RAÚL PLASCENCIA
El inicio de la segunda década del siglo XXI nos coloca en la condición de reflexionar en torno a nuestro pasado, presente, pero sobre todo al futuro de nuestro país; cuestionarnos sobre cómo superar añejos problemas de la nación, cómo alcanzar el ideal de una sociedad moderna y ordenada, pero sobre todo respetuosa de las leyes, y cuál debe ser la responsabilidad individual de cada uno de los integrantes de la sociedad.
La respuesta que me viene a la mente para la primera de esas preguntas es por medio de la educación, pero no sólo la educación pública o privada que se imparte en las escuelas, sino también la que se transmite a través de la familia: la honestidad, el respeto a la autoridad, la convicción de ser parte de la comunidad; compromisos que se perdieron en algún momento y que aún no logramos recuperar.
Sin lugar a duda, debo afirmar que la nota que distingue un país en vías de desarrollo de uno desarrollado es, entre otras múltiples cuestiones, la aspiración por lograr un mayor orden, la conciencia de pertenencia que tienen cada uno de los miembros de la sociedad, la cultura de legalidad, que implica acatar la ley, y el compromiso de todos de cumplir con nuestras responsabilidades, sea el caso de servidores públicos, o bien, de particulares.
Al voltear la mirada al pasado, podemos reconocer cómo la conformación de nuestro país ha sido el resultado de múltiples luchas, así como de definiciones respecto de la corresponsabilidad necesaria para lograr traducir en realidades los ideales que se plantearon desde la época de la Independencia y que todavía continúan en una larga espera.
Desde la antigua Grecia quedaba claro que el instinto y la razón formaban parte de todo ser humano. El instinto arrastra al hombre ciegamente; por el contrario, la razón le mostraba lo que debía hacer y lo que debía omitir, de ahí que para poder avanzar como sociedad era necesario sacrificar los intereses personales y anteponer los de índole social.
De hecho, el hombre público, si pretendía servir de manera adecuada, “debía sacrificar su interés egoísta y estar convencido de que el cargo público era para beneficiar a la sociedad”, circunstancia que se transmitía de padres a hijos, y así se fue conformando un sentido social.
Esto, que se ve como una premisa elemental, lamentablemente se ha diluido con el paso del tiempo, y en ocasiones parecería que se utiliza la fórmula contraria. ¿Por qué? Quizás porque nos olvidamos de atender lo que resulta el sustento mismo de la vida en sociedad, el conocimiento y reconocimiento de los deberes que nos corresponden como integrantes de una familia, como parte de la sociedad y como promotores del desarrollo del Estado.
Al preguntarnos cuáles son los deberes que tenemos a nuestro cargo no siempre es fácil obtener la respuesta; por el contrario, la primera idea que surge suele identificarse con la exigencia de un derecho, por lo que resulta importante realizar una tarea que permita recordar los deberes a nuestro cargo como miembros de la sociedad, para contribuir al logro del proyecto de nación que nos hemos fijado.
Los deberes que tenemos con nosotros mismos, con nuestra familia, con la sociedad, con las autoridades y con nuestro México. El poder recordar que, por ejemplo, en la familia tenemos el deber de fomentar el respeto, la tolerancia y la armonía entre sus miembros; con nuestro país, el deber de actuar con honestidad, lealtad y patriotismo; con la sociedad, el deber de convivir de manera respetuosa con todas las personas; con las autoridades, el deber de fortalecer a las instituciones públicas a través de nuestra participación y, con nosotros mismos, el deber de cuidar el respeto a todos nuestros derechos.
No existe duda alguna de que el respeto a los derechos humanos debe estar siempre presente en los programas de políticas públicas; de hecho, son la esencia misma del Estado. Su protección es un principio de la democracia y cuando un país garantiza los derechos podemos hablar entonces de un régimen plenamente democrático.
Por ello, una cultura de la legalidad implica derechos y deberes. Cada vez que se programan instrumentos para la divulgación de los derechos se necesita paralelamente la difusión de los deberes que todos tenemos, y así comprender el carácter integral del individuo.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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