La batalla por los migrantes

	Lydia Cacho
10 enero 2011
Adolescentes paraguayas como esclavas sexuales en bares de Cancún, albañiles nicaragüenses en Tabasco, hondureñas limpiando casas en Mérida, guatemaltecos asentados en Campeche en remedos de sus pueblos de origen. Cubanos desde la Riviera Maya hasta Veracruz haciendo un poco de todo. Desde Panamá y Costa Rica, miles suben por Centroamérica hasta cruzar por el sureste mexicano buscando trabajo en el comercio informal. Nunca habíamos visto así el flujo migratorio hacia México. Lo hemos conocido por los ataques brutales del crimen organizado. Ya sabíamos los dramas que viven gracias a la valentía de un puñado de activistas. Entre ellos, el padre Alejandro Solalinde en Oaxaca, ejemplo contra la corrupción. La autoridad mexicana no es capaz de entender, y menos de resolver, el problema. A lo largo de un siglo, México ha permitido el flujo de personas de estos países en una suerte de hermandad implícita. Mientras investigaba las rutas mundiales de tráfico de personas, entrevisté a agentes migratorios de diversos países. En México, para la mayoría de los agentes del INM, dejar pasar ilegalmente a personas de América Central no es un problema ético; hay una conmiseración acompañada de corrupción. Si de todos modos van a cruzar, qué mejor que sea de forma segura, por tanto, piensan, recibir un porcentaje de un traficante no es inmoral, sino un trámite paralelo. No consideran que cometen delitos (no pasan drogas, ni armas, sino personas desesperadas); hay quienes argumentan que es humanitario (hasta que caigan en manos de las mafias mexicanas). Aunque las y los migrantes huyen de la pobreza, de la violencia por el narcotráfico, de familias violentas o en busca de familiares en EU, el problema es más complejo. No son lo mismo los migrantes que salen buscando un futuro mexicano, donde miles de sus connacionales viven, que los transmigrantes que van a EU o Canadá, o que quienes buscan refugio en nuestro país de la violencia fronteriza de Maras y Zetas. No son lo mismo las víctimas de polleros que de trata (aunque muchas de quienes buscan polleros sufren explotación de tratantes en prostíbulos transfronterizos). Desde fines del siglo XIX, los cafetaleros de Chiapas convirtieron al estado en centro laboral para indocumentados guatemaltecos. En 1974, el gobierno mexicano dio cuenta por primera vez de la enorme población salvadoreña en la capital; creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y la ONU hizo presencia para proteger a las y los refugiados en condiciones deplorables. Por décadas habíamos mirado para otro lado cuando se hablaba de la migración centroamericana, asumiendo que éramos un mero territorio de paso. El problema apenas muestra su real rostro. La Cepal había advertido que la crisis económica de Centroamérica en 2009 tendría serias repercusiones. La disminución de remesas, la baja en inversión extranjera por la crisis de los países inversionistas y la explosión de la delincuencia, particularmente de los cárteles desde Colombia hasta México, prometían flujos de emigrantes al norte. Lo que olvidamos, o al menos el INM, es que el norte somos nosotros, no sólo EU y Canadá. Durante años, los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Quintana Roo avalaron la explotación de migrantes y transmigrantes, otorgaron impunidad a las redes de traficantes, tratantes y secuestradores, ahora tomadas por Los Zetas y otros cárteles. No hubo autoridad federal que exigiera cuentas y escuchara a la Cepal. Conocí a un centenar de hombres y mujeres expertos en Derechos Humanos, que se han especializado en trata de personas y trabajan en el INM; su honestidad y compromiso no bastan, el problema les rebasa por la derecha. El Presidente se equivocó cuando entregó Migración a Cecilia Romero como una concesión a los grupos de derecha, haciendo abstracción total de la importancia que el instituto tendría. Otra vez nos enfrentamos a un problema heredado de décadas de impunidad priísta y fortalecido por la debilidad panista. Estamos frente a una bomba de tiempo para el sureste mexicano. Tras la crisis de derechos humanos de migrantes, hay un asunto de seguridad nacional que no debe soslayarse, y la colaboración de la sociedad civil será determinante. www.lydiacacho.net Twitter: @lydiacachosi Periodista