Armando Román Zozaya De acuerdo con la ciencia económica, amigo lector, los salarios, bonos de productividad y similares están determinados, precisamente, por el nivel de productividad de los trabajadores. Digamos, por ejemplo, que Usted tiene una empresa y que va a contratar a un trabajador. Este le pide un salario de 1000 pesos por hora. Si Usted acepta este contrato es porque sabe que dicho trabajador generará para la empresa, por lo menos, esos 1000 pesos por hora y, por medio de su trabajo, contribuirá también a cubrir todos los costos del negocio, incluidos los de oportunidad, lo que implicará que contratar a tal trabajador es una buena decisión por parte de Usted.
Ahora bien, si el trabajador le demanda 1000 pesos por hora pero nada más genera 999 ó menos para el negocio, no es buena idea contratarlo. Por eso, como le decía, los salarios, bonos de productividad y similares, están determinados por el nivel de productividad de la mano de obra. Es por eso también que en los países considerados avanzados, donde la productividad es muy elevada, se dan el lujo de trabajar menos horas que hace décadas al mismo tiempo que disfrutan de varias semanas de vacaciones pagadas, de un sistema de salud de calidad gratuito en el punto de uso y de un sistema de educación también de calidad y también gratuito en el punto de uso, entre otras cosas: se pueden dar el lujo de todo esto porque, por cada hora de trabajo que realizan, generan mucho. Al contrario, países como el nuestro, y algunos que incluso están peor, no nos podemos dar el lujo de todo ello porque nuestro nivel de productividad es muy bajo, cuestión vinculada a nuestra falta de capital, tanto físico como humano.
Bueno, pues después de todo esta explicación, quisiera invitarlo a considerar lo siguiente: de acuerdo con información publicada recientemente en El Universal, el trabajador promedio mexicano recibirá de aguinaldo entre 2 mil 400 y 4 mil pesos. Mientras tanto, políticos de todos los partidos, quienes a su vez fungen como funcionarios públicos locales, estatales o federales —desde gobernantes hasta legisladores de todas las corrientes—, ministros, consejeros electorales, secretarios de Estado e incluso el Presidente de la República, reciben aguinaldos y gratificaciones, premios y bonos espectaculares. De hecho, estamos hablando de cifras que oscilan entre los 100 mil y 400 mil pesos.
Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibieron un aguinaldo de 329 mil 898 pesos. Además, cada unos de ellos tiene un salario mensual neto de 244 mil 914 pesos. Por su parte, los Consejeros del Instituto Federal Electoral se llevaron de 328 mil 132 pesos de aguinaldo, equivalente a 40 días de su salario, que se suman, por supuesto, a los 246 mil pesos de su percepción mensual. Igualmente, el Presidente de la República recibió 54 mil 355 pesos de aguinaldo, equivalente a 953 días de salario mínimo vigente en el DF, pero también se llevó una compensación garantizada por 306 mil 397 pesos.
Pero eso no es todo: en el Senado de la República los senadores reciben cada mes 122 mil pesos y su aguinaldo fue de 162 mil. Asimismo, cada uno de los 500 diputados federales recibió 151 mil 866 pesos de aguinaldo, libres de impuestos, más 4 mil 500 pesos por concepto de canasta navideña (Usted sabe, amigo lector, que las cosas están muy caras; por eso, nuestros señores Diputados por supuesto que necesitan 4500 pesos para su canasta navideña), 8 mil pesos en vales de despensa (de nuevo: la vida es muy cara y ni modo de no darles vales de de despensa a nuestros pobres, honrados y muy trabajadores diputados).
En el DF también se la pasan bien los funcionarios públicos. Por ejemplo, el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrard, recibió de aguinaldo 105 mil 533 pesos. Y, claro está, en el Estado de México no se quedan atrás: el gobernador Enrique Peña Nieto obtuvo dos meses de sueldo como aguinaldo, es decir, 295 mil 478 pesos netos, más una gratificación de 20 días, equivalente a 98 mil 216 pesos. De igual forma, dado que en Jalisco “no se rajan,” la gratificación del gobernador Emilio González fue de 443 mil 186 pesos por concepto de sueldo mensual bruto de diciembre, aguinaldo, ayuda para transporte y despensa (insisto en que, dado que la vida es tan cara, es justo y necesario que nuestros funcionarios reciban una cantidad determinada para usarse específicamente para despensa, ¿verdad?).
Y así podría seguir dándole datos, amigo lector, pero no es necesario para los fines del presente texto pues lo que yo me pregunto, y lo invito a que también se lo pregunte, es quién determina que, por ejemplo, un Senador de la República tiene un nivel de productividad que es de, por lo menos, 122 mil pesos al mes pues, si no lo tiene y en realidad su nivel de productividad es menor, entonces el país sale perdiendo al pagarle a dicho Senador lo que le está pagando. Lo que quiero decir es esto: imaginemos que la empresa para la que el Senador trabaja se llama México. Ya explicamos que, en cualquier empresa, sólo serán contratados los trabajadores cuya productividad sea suficiente para, por lo menos, cubrir sus salarios y los costos del negocio. Entonces, me pregunto yo, ¿los Senadores le generan a la empresa México por lo menos 122 mil pesos al mes? Es decir, ¿el trabajo de un Senador aporta 122 mil pesos al mes, por lo menos, a la empresa México? Si no los aporta, no debería ganarlos. Si sí los aporta pues qué bueno. Y si aporta mucho más que eso, entonces habría que pagarle más.
El problema es, pues, el siguiente ¿quién y cómo determina el nivel de productividad de nuestros funcionarios públicos? Esta pregunta es muy difícil de responder. De hecho, a nivel internacional es muy difícil calcular la productividad de los gobiernos y, por eso mismo, es también difícil establecer cuánto deberían ganar los funcionarios públicos. En otros países la situación se resuelve apelando al sentido común, a cuánto gana una familia en promedio, a cuánto es el salario mínimo y cuántas personas lo perciben, etcétera.
Aquí en México, no obstante, simplemente se recurre al criterio de los políticos mismos. Por ello, ellos se autoasignan los bonos, salarios, premios y aguinaldos que quieran y cuando quieren. Jamás consideran si, efectivamente, su trabajo contribuye a México en la medida que sus salarios lo refleja, es decir, jamás consideran si un diputado gana lo que gana porque eso es más o menos lo que le aporta al país su trabajo, es decir, porque ese es su nivel de productividad.
Lo peor, amigo lector, es que mientras nuestras autoridades se asignan bonos, premios y salarios sin criterio económico alguno y, de hecho, no hacen más que llenar sus bolsillos con recursos públicos, es decir, recursos que Usted y yo proveemos por medio de nuestros impuestos, resulta que, según JP Morgan México, la violencia relacionada con el narcotráfico y la delincuencia organizada le costó al país unos 4 mil millones de dólares en inversión extranjera directa este año.
O sea que los salarios, bonos, aguinaldos, etcétera, de nuestros gobernantes –de todo color y nivel– no tienen justificación económica alguna porque, para empezar, es muy difícil calcular la productividad del sector público y, por si eso fuera poco, nuestra clase política y nuestra burocracia no sólo cobra como si su productividad fuera de las más elevadas del mundo sino que, simultáneamente, gracias a su “fantástica” labor, el país perdió 4 mil millones de dólares de inversión extranjera en 2010.
En conclusión, si México fuera una empresa, operaría con números rojos puesto que sus trabajadores cobran muchísimo pero su productividad es, podríamos decir, negativa: en vez de aportar a la empresa, le restan. En concreto, y para enfatizarlo, durante el presente año le restaron, por lo menos, esos 4000 millones de dólares de inversión extranjera que no llegaron: así no hay empresa (país) que aguante. ¿O sí?
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