Competencia capturada
El epicentro del poder fáctico, que está desafiando a la máxima autoridad del país, está en la oficina 1 del piso 7 de la Torre del Caballito, en el centro de la Ciudad de México. Allí, despacha Manlio Fabio Beltrones, el hombre fuerte del PRI en el Senado de la República, quien es el autor material de una iniciativa de ley –que está a punto de ser cocinada– con una clara intencionalidad: perpetuar los intereses de los grupos económicos dominantes y, consecuentemente, someter a instituciones y consumidores.
Así, en las próximas horas se definirá en el Poder Legislativo la suerte de la Comisión Federal de Competencia (CFC), a cargo de Eduardo Pérez Motta, donde se prevé una discusión que derivará en una ley sin dientes, inoperante; además, la colocará en una circunstancia vulnerable a los vaivenes políticos y sin los recursos humanos y técnicos para castigar las prácticas monopólicas.
En estos momentos, y hasta el 15 de diciembre, cuando expira el último periodo ordinario de sesiones en el Congreso para cocinar asuntos relevantes (tomando en cuenta que la sucesión presidencial ya se adelantó y que se aproximan elecciones estatales de largo alcance en 2011), se espera que los legisladores afinen los últimos detalles de la nueva Ley Federal de Competencia que, a grandes rasgos, montará los siguientes tres escenarios: primero, someterá a la consideración del Congreso la elección de los comisionados de la CFC, situación que pondrá en riesgo su autonomía de gestión; segundo, impedirá, por lo menos en el corto plazo, que la CFC pueda operar con eficacia debido a la carencia de presupuesto para desplegarse por varios frentes; tercero, y consecuencia de las dos anteriores, esta esfera se convertirá en un convidado de piedra frente a los monopolios.
De esta manera, y para despejar el panorama frente a la guerra de declaraciones sobre el tema, el discurso que domina al respecto pregona que la clave está en la descentralización de la CFC, bajo el argumento de que ésta dotará de autonomía e independencia a la CFC, pero ciertamente el quid del asunto está en las salvaguardas que le permitan ejercer plenamente su trabajo y llevar a cabo investigaciones efectivas que ayuden a la prevención de las prácticas monopólicas. Y, eso, no está contemplado.
María Cristina Capelo, analista del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), lo ejemplifica de manera muy simple: “Transitar a ese modelo (la descentralización) no es malo, pero debe salvaguardarse y tomar en cuenta que se necesitan más recursos, así como plantear un esquema de transición bien pensado para que no se vuelva un desastre administrativo. Esto es como la pena de muerte: aunque ésta existiera, si se tiene poca probabilidad de que atrapen al delincuente, la medida no sería efectiva”.
En síntesis, la competencia ha sido capturada por el discurso político que, consecuentemente, impactará en los márgenes de operación de la CFC; bajo esta circunstancia, los expertos consideran que lo recomendable sería dotar de más recursos al organismo para que disponga de la capacidad de investigación para inhibir y castigar las prácticas monopólicas, lo cual no se logrará sólo con verificaciones sorpresa, medidas cautelares ni con multas millonarias.
EL PUNTO DE QUIEBRE
Decepción y sospechocismo. Esas son las sensaciones que se registran en torno a la Ley de Competencia y el proceso de ésta, ya que en lo que parecía un tema planchado en la Cámara de Diputados –donde se aprobó por unanimidad una iniciativa que fortalecería a la CFC–, el camino para su aplicación se enturbió en el Senado pues se presume que allí tocaron puertas los grupos empresariales para modificar el sentido de lo aprobado en San Lázaro y confeccionar una iniciativa ad hoc a su causa.
Si bien la Cámara Baja logró los consensos para dar luz verde a una iniciativa que otorgaría más dientes y facultades a la CFC para combatir las prácticas monopólicas –que están presentes en buena parte de los sectores productivos de la economía–, lo propuesto y aprobado recientemente por el Senado va en la dirección contraria y lejos de parecer un avance en la materia, es visto como un retroceso que beneficiará a los grupos de poder y les dará la oportunidad de seguir dominando la esfera de negocios en la que se desempeñan.
Esta es la historia de una farsa, que impactará en los consumidores:
El pasado 6 de abril de 2010, el presidente Felipe Calderón Hinojosa envió a la Cámara de Diputados un dictamen con una serie de iniciativas para reformar la Ley Federal de Competencia con el objetivo de mejorar la competitividad en el país. De acuerdo con el documento, se estima que en México 30% del gasto de los hogares se destina a mercados con problemas de competencia, donde los consumidores gastan 40% más que si existiera un entorno competitivo.
Sin embargo, el trabajo legislativo no parece comprometido a revertir esa situación. Después de siete meses, y mediante un fuerte activismo de Manlio Fabio Beltrones, los senadores aprobaron una propuesta que difiere por mucho de la iniciativa original pues lejos de mejorar un proyecto encaminado hacia el fortalecimiento del ente regulador acordaron el efecto contrario.
De esta forma, a principios de diciembre, cuando se tenía todo listo para proceder con la primera lectura en el pleno de la minuta sobre la ley de competencia, se registró un hecho anómalo: al dictamen le faltaban las firmas de dos de los cuatro integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos; esto fue la primera señal de que el PRI tramaba algo: reventar dicha minuta para impulsar su propio proyecto en la materia, mismo que presuntamente fue elaborado con los emisarios del sector privado.
En ese sentido, Alejandro Zapata, senador del PAN y quien conoce las entretelas de esta historia, refiere que, inicialmente, la apuesta era aprobar el dictamen proveniente de San Lázaro, lo que después dejó de tener razón de ser ante la operación priísta que reventó los acuerdos e impuso una iniciativa menos filosa.
¿Qué pasó? ¿Qué empresas maquinaron esta mala jugada? Nadie, ningún legislador, ofrece una respuesta contundente. Todos, paradójicamente, acusan que aquí hay muchos intereses, pero nadie pone pruebas sobre la mesa y, en cambio, no se cansan en decir que México es un paraíso para los monopolios. Como sea, el capítulo más reciente sobre competencia económica se da entre las iniciativas presentadas por el presidente Felipe Calderón y el PRI, a través de los senadores Manlio Fabio Beltrones y Raúl Mejía, cuyas diferencias parecerían mínimas, pero donde el diablo está en los detalles.
LOS PUNTOS FINOS
Bajo el cristal de los estudiosos, la CFC –con las nuevas modificaciones– contará con algunas disposiciones que pudieran considerarla como una esfera con facultades muy poderosas –como es el hecho de que se amplían las multas por prácticas monopólicas–, pero en los hechos no tendrá filo por dificultades operativas.
De acuerdo con el IV Informe de Labores de la Secretaría de Economía (SE), durante el periodo enero-junio 2010, la CFC atendió 407 asuntos con el objetivo de promover la calidad de los bienes y servicios del mercado; de esta cifra, resolvió 275, de los cuales fueron 67 notificaciones de concentraciones y avisos de reestructuración corporativa (24.4%), 149 procedimientos de licitaciones, solicitudes de opinión favorable para obtener o ceder concesiones no sujetas a licitaciones, avisos de solicitudes de permisos de gas LP y declaratorias (54.2%); 23 investigaciones de oficio o por denuncia (8.4%); 27 recursos de reconsideración (9.8%) y 9 consultas en materia de competencia o libre concurrencia (3.3%).
Por su parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010 señala que a la CFC le fueron asignados 155.4 mdp, lo que corresponde a 6% del total del presupuesto asignado a órganos administrativos desconcentrados. Sin embargo, la CFC habría pedido una modificación para que le fueran asignados 163 mdp. De dicho presupuesto previsto en el Presupuesto original, utilizaría 29.2 mdp para gastos de operación y el resto en servicios personales.
Dicho esto, la CFC, financieramente hablando, está atada e imposibilitada para cazar monopolios.
Al respecto, Lucía Ojeda, coordinadora de comités de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), sostiene que el gran riesgo que se aproxima y que impactará en la CFC tiene que ver con el diseño institucional que se pretende y con un problema de recursos humanos. Y así lo explica: “Sin duda, habrá problemas en torno a cómo se van a tomar las decisiones adentro, ya que no habrá los incentivos adecuados para dotar de autonomía a los consejeros, lo que pudiera dar lugar a que las decisiones sean menos técnicas y más políticas. Además, la CFC tiene personal limitado, por lo que se tendría que pelear por una ampliación de recursos para ejercer sus facultades”.
De acuerdo con los datos disponibles, la CFC sólo cuenta con 70 personas dedicadas a rastrear prácticas monopólicas, cifra que, simplemente, es ridícula ante la prevalencia de prácticas dominantes en buena parte de los mercados.
Por otro lado, bajo la perspectiva de la naturaleza jurídica, el Senado modificó varias cosas para, supuestamente, dotar de autonomía a la CFC. De hecho, lo que proponen los legisladores es que los actuales comisionados –que tienen una vigencia en sus cargos de 10 años y que eran inamovibles–, ahora, sean elegidos por periodos de cinco años que pueden ser renovados pero con el visto bueno tanto del Presidente de la República como del Senado. Con ello, la autonomía se somete al capricho político. “Incluso, me parece que el tema de la autonomía es un paso para atrás, ya que cambiará mucho el camino de cómo se van a tomar las decisiones”, apunta Lucía Ojeda.
Además, esta tesis se soporta cuando se sabe que hay un transitorio en la propuesta senatorial que contempla la remoción de todos los comisionados actuales, situación que choca con la vieja máxima que considera el factor de la experiencia como un elemento para perfeccionar la gestión de la CFC.
En contraste, hay algunos pequeños avances; por ejemplo, sí se ampliaron las sanciones que estaban basadas en salarios mínimos. En números duros, actualmente la multa máxima por prácticas monopólicas absolutas es de 7 mdd, aproximadamente, cuando ahora se pretende elevarla a 10% de los ingresos de la empresa dominante.
El problema, sin embargo, vuelve a los terrenos de la práctica. Así, para que la CFC tenga más y mejores investigaciones, son necesarias las visitas de verificación que estaban contempladas en la iniciativa presidencial, pero que ahora están en el limbo. Sí, no se avanzó en las medidas cautelares, tampoco se retrocedió, pero finalmente no están tipificadas.
En todo caso, lo que se mantiene es la verificación a las empresas, pero el Presidente buscaba que éstas fueran sorpresivas –reduciendo las posibilidades de que las empresas maquillen sus números para aparentar competencia–; contrariamente, el Senado propone citas de verificación con previo aviso y solicitar únicamente la información prevista por la propia CFC al inicio de la investigación, aunque también incluye el apoyo de la fuerza pública.
Al mismo tiempo, otra de las principales diferencias entre ambas iniciativas radica fundamentalmente en torno de la descentralización de la CFC, siendo que actualmente trabaja como organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, lo cual, de acuerdo con los legisladores, le resta autonomía.
Según los expertos, la descentralización de la CFC traería en el corto plazo mayores dificultades al organismo, ya que es un proceso que requiere de adaptación y que consumiría los ya limitados recursos con que cuenta.
Al respecto, María Cristina Capelo, del CIDAC, cuestiona las razones para que el Senado pretenda tomar el control o participar dentro del organismo, y considera que ello aleja el debate del principal objetivo de la CFC y provoca incluso nuevas dudas sobre la razón de ser de los organismos reguladores. “Creo que ello responde a un cálculo político y de algo que no hemos resuelto como país en términos políticos: el lugar que deberían ocupar las instituciones y determinar a quién deberían rendirle cuentas”.
Por su parte, Omar Guerrero, coordinador de la Comisión de Competencia Económica de la Barra Mexicana de Abogados, sostiene que el gran problema de la descentralización es que pudiera llegar a convertirse en un “órgano politizado” por estar circunscrito a la ratificación del Senado. “Así, al reducirse su periodo en el cargo y sujetarse a las negociaciones legislativas, los comisionados podrían ser capturados, políticamente hablando”.
Entonces, si se tiene en cuenta que en la mayoría de los países los órganos de competencia dependen directamente de la administración federal, encargándose de una parte de la política económica y la política de Estado en términos de regulación, se piensa que la descentralización de la CFC la convertiría en una esfera con mayores posibilidades de ser cooptada.
Así, las modificaciones a la reforma original son vistas por los expertos como un “contrato político financiero”, en el que a cambio de no afectar intereses, los legisladores se ven beneficiados con el respaldo de los grupos de poder, quienes aportarían recursos para las futuras campañas políticas.
EL TIRO DE GRACIA
Ahora, tras la aprobación en el Senado, y a pesar del rechazo total de la fracción panista, esta minuta regresará a la Cámara de Diputados para tratar de armonizar las versiones, aunque ello no alberge grandes esperanzas pues el PRI en San Lázaro es mayoría y se prevé que finalmente se apruebe en los términos propuestos, por lo que la última oportunidad para revertir la situación recaería en el Ejecutivo y en su poder de veto.
De momento, se perfila que en México sólo hay un poder…y ése es el de los monopolios, que gracias a una quirúrgica operación de cabildeo están tumbando una iniciativa que proviene de la residencia oficial de Los Pinos y que, a grandes rasgos, pretendía dotar de músculo a la CFC para frenar las prácticas monopólicas. De esta forma, un grupúsculo –encabezado por el senador Beltrones– está decidido a imponer el interés privado sobre una demanda generalizada.
“México no es un país donde el problema se reduzca a ciertas prácticas monopólicas que eventualmente realizan algunas empresas, el problema es tener la economía más monopolizada del Continente. Por ello, cada vez que se discute un proyecto sobre esto nos encontramos con que hay empresas que pretenden dictarle al Congreso sus condiciones”, acusa Pablo Gómez, senador del PRD, quien dice más: “La acción de estos monopolios ha sido cada vez mayor, es más relevante, más poderosa, más fuerte. Y eso es natural por el nivel de intereses que defienden, por su capacidad económica y porque dependen de sus nexos con el poder político formal”.
Así las cosas, y en vísperas de que expire el último periodo ordinario de sesiones en el que podrían plancharse grandes asuntos, la partidocracia ya tiene amarrada una ley que debilitará a la CFC y que, por ello, no habría que descartar la renuncia anticipada de Eduardo Pérez Motta, el actual zar antimonopolios, y de algunos consejeros de esta misma cartera.
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