Algo huele mal en las negociaciones que tienen lugar en el Poder Legislativo. La misma sensación que se ha registrado en otros momentos, cuando se percibe que existe la intención de los políticos de tejer correas de transmisión en los órganos autónomos, hoy vuelve a manifestarse. Esta ocasión, la mira está puesta en la Comisión Federal de Competencia (CFC), donde hay la sospecha fundada que advierte de su inminente captura.
El Senado de la República –encabezado por Manlio Fabio Beltrones– está a punto de remitir a la Cámara de Diputados la minuta que contempla varias modificaciones a la Ley Federal de Competencia. Se trata, a simple vista, de un retroceso en la materia, ya que sometería a la CFC al rejuego político y colocaría contra las cuerdas a los comisionados de esta cartera –presidida por Eduardo Pérez Motta–, ya que su permanencia dependería de la venia del Senado de la República.
Sin duda, estamos frente a un asunto delicado, ya que tiene que ver con la importancia de los organismos reguladores en México, cuyo espíritu es preservar el interés público. Sí, gracias a decisiones tomadas por esos órganos hoy contamos con varios proveedores de servicio de telefonía móvil, tenemos más acceso a crédito, e inclusive podemos escoger viajar en aerolíneas que por un menor precio nos llevan al mismo lugar.
Sin embargo, aún se padecen los abusos de mercados mal regulados y resulta virtualmente imposible imponer multas a empresas responsables de violar las reglas. Es decir, como lo apunta María Cristina Capelo, analista del CIDAC, estamos ante problemas que se derivan de reguladores y reglas del juego diseñadas de manera inadecuada.
Es cierto que éstos órganos requieren una actualización. Fueron creados con base en un menú institucional que respondía más a las necesidades de una economía cerrada que una economía como la que tenemos hoy. Sin embargo, antes de proponer una reforma que los rediseñe por completo, vale la pena entender lo que está en juego. En primer lugar, está la participación que el Congreso debería –o no– tener en la designación de comisionados y rendición de cuentas de los órganos reguladores. En segundo lugar, la asignación de presupuesto a los mismos.
El problema, sin embargo, es que el PRI, como partido impulsor de esta iniciativa, con el apoyo de otros partidos (PVEM y un núcleo del PRD), pretende “politizar” a la CFC y algo más: remover a los actuales y ajustar la designación de los nuevos comisionados a los tiempos políticos. Así, no estaríamos ante un órgano blindado a la interferencia de los poderes políticos.
Actualmente, existen iniciativas que van en la dirección correcta, como la que lanzó la Comisión de Competitividad de la misma Cámara de Diputados que propone una modificación constitucional para que los órganos reguladores se encuentren al mismo rango de las Secretarías de Estado y, así, adquieran mayor autonomía en su toma de decisiones y en materia presupuestal.
Dicho esto, María Cristina Capelo tiene razón: el reto está en sentar las bases para contar con órganos reguladores que entiendan bien su objetivo (para qué regular) y que cuenten con las facultades y herramientas (presupuesto y personal) necesarias para promover mercados cada vez más competitivos. Que se privilegie la independencia del regulador por encima de cuotas partidistas, atribuciones claras por encima del favoritismo hacia un jugador en el mercado y una evaluación real del impacto de dichos órganos –basado en beneficios económicos y sociales– por encima del afán por controlar instituciones.
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