LAVADO DE DINERO EN EL SECTOR FINANCIERO

Samuel García

Ayer Guillermo Ortiz cuestionó públicamente la escasa regulación con la que operan algunas entidades financieras en el país como las Sociedades Financieras de Objeto Limitado y de Objeto Múltiple, las llamadas Sofoles y Sofomes, lo que —a juicio del ex gobernador del banco central— propicia riesgos adicionales para el sistema financiero, incluido el lavado de dinero.

El cuestionamiento de Ortiz no es nuevo. En muchas ocasiones se criticó la multiplicación de estas entidades financieras en el país impulsadas por una regulación y supervisión laxa sobre la base de que son entidades de crédito que no captan dinero del público y, por lo tanto, no ponen en riesgo a los ahorradores. El problema es que sí podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero y, por lo tanto indirectamente, de ahorradores y contribuyentes.

El mejor ejemplo de ello es la reciente crisis financiera global que ha puesto en predicamento la sobrevivencia de un número importante de sofoles hipotecarias del país, con consecuencias sobre la salud de algunos bancos privados, obligando a intervenir con recursos públicos al gobierno federal.

Así que el ex gobernador del Banco de México no está cuestionando a la ligera esta falta de regulación y supervisión por parte de las autoridades financieras.

Pero el tema que Ortiz plantea va más allá. Los riesgos que implica esta ausencia de autoridad en estas entidades financieras no solo se circunscribe al ámbito estrictamente financiero, sino también al de la seguridad pública y al del crimen organizado que ha costado miles de vidas en el país.

Lo ha dicho desde hace tiempo un experto internacional en seguridad como Edgardo Buscaglia. Y es que no es posible concebir la multimillonaria actividad del crimen organizado en México, sin que —entre otros factores— esta cantidad enorme de dinero pase por el sector formal de la economía y, en particular, por el sector financiero. Y poco se ha hecho en este ámbito de la seguridad.

Ayer Ortiz apuntó a las Sofoles y Sofomes que, en su opacidad provocada por la falta de regulación, podrían ser utilizadas para operaciones de lavado de dinero por parte del crimen organizado. Un hombre como Ortiz no está hablando del asunto al tanteo y menos aún tratándose de quien tuvo información de primera mano sobre cada uno de los actores del sector financiero durante, por lo menos, los últimos 20 años.

Así que la pregunta obligada a los cuerpos de seguridad del estado mexicano, a la secretaría de Hacienda, a la unidad de inteligencia financiera y al propio SAT, es si efectivamente existen entidades financieras —sofoles, sofomes, casas de cambio, bancos, etc.— que lavan dinero del crimen organizado. Quiénes y cómo.

No recuerdo si Ortiz —en su calidad de gobernador del Banco de México— señaló públicamente estas deficiencias en la regulación y supervisión de todas las entidades que operan en el sistema financiero nacional. Si no lo hizo, ¿porqué ahora? Y si lo hizo, ¿por qué no hubo respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de la Secretaría de Hacienda? Al asunto le urgen respuestas. (El Semanario Agencia, ESA)