Martha Anaya
October 22, 2010
La iniciativa presidencial para reformar el fuero militar nació estrellada. Ni la molestia del general-secretario Guillermo Galván, ni sus quejas ante senadores, ni las explicaciones del vocero de Seguridad, Alejandro Poiré, han impedido la avalancha de críticas nacionales e internacionales a esto que consideran una mera simulación.
¿Por qué? Porque el documento presentado por el Ejecutivo no responde en realidad al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla. Por ejemplo, preserva para los tribunales castrenses abusos en derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, detenciones arbitrarias e incluso genocidio.
Sólo contempla dejar fuera de los juzgados militares –para que éstos sean transferidos a la jurisdicción civil– la desaparición forzada, la violación y la tortura; pero aún en estos casos, como el de la desaparición forzada, se plantean limitaciones que violan el derecho internacional.
Más aún, la iniciativa enviada por la Presidencia de la República concede que los militares decidan discrecionalmente qué casos deben ser transferidos a la jurisdicción civil y otorga a los fiscales el control militar sobre la evidencia clave.
De ahí las reacciones contrarias que se han sucedido a diestra y siniestra. Y, tomando en cuenta de dónde provienen, no son para desdeñarse: La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rigths Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) nacionales y extranjeras.
“Se queda corta” (la iniciativa), apuntó Maureen Meyer, encargada del programa sobre México en WOLA, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día el Ejército mexicano está presente en muchas ciudades del país y hay quejas de violaciones a los derechos humanos a diario.
Tan sólo en lo que va del gobierno del actual Presidente, Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido por lo menos cuatro mil quejas por abusos de militares. “La falta de castigo a estas violaciones ha fomentado nuevos abusos y debilita la confianza de los ciudadanos en las fuerzas armadas”, indicó Meyer.
Para Wola, una reforma realmente progresista haría que todas las violaciones a los derechos humanos contra civiles fueran tratadas en cortes civiles y fuera del sistema militar.
Lo mismo apuntaron Naciones Unidas y Amnistía Internacional sobre la reforma propuesta, calificándola de “incompleta”. Human Rights Watch fue más allá: pidió a los legisladores modificar sustancialmente la iniciativa presidencial pues al sólo excluir algunos delitos de la jurisdicción castrense, “sólo perpetúa la impunidad para los abusos militares”.
Luis Arriaga, director del Centro Prodh, consideró a su vez que el Ejecutivo planteaba una reforma “light” al fuero militar, más manera de “paliativo inmediatista o de simulación”, que una solución de fondo.
La andanada, pues, es de peso. Y va más allá de meras opiniones, pues Estados Unidos ha condicionado su apoyo a México en distintos terrenos –la iniciativa Mérida, uno de ellos—al cumplimiento de ciertas condiciones en materia de derechos humanos.
Con ello, tanto el gobierno mexicano, como los militares y hasta los legisladores están contra la pared. Calderón necesita al Ejército para continuar con su lucha contra el narcotráfico, los militares –más que molestos– demandan prácticamente carta blanca para actuar, y los legisladores –ni nadie de la clase política– se quieren confrontar con las Fuerzas Armadas.
De ahí que no sería extraño que la iniciativa para “ajustar” el fuero militar termine siendo, como bien dicen, una mera “simulación” o simplemente termine por sumarse a las pilas de iniciativas que duermen el sueño de los justos en las oficinas del Congreso.
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