Ventarrón en el Campo Marte

Crónica de Política

Martha Anaya

August 11, 2010

Era la cuarta reunión del Diálogo por la Seguridad en el Campo Marte. Los presidentes de los partidos políticos (con excepción del Partido del Trabajo y el senador Arturo Escobar en representación de José Emilio González) ocupaban un lugar en el semicírculo en torno al Presidente de la República.

Ahí, desde los primeros minutos del encuentro, Felipe Calderón lanzó directo: “Si alguien considera que el error del gobierno ha sido combatir a la criminalidad, es el momento oportuno de que lo diga abierta y sinceramente.”

La dirigente del PRI, Beatriz Paredes, movió la cabeza –el maniqueísmo por delante, se dijo—y no tardó en responder, muy a su estilo, como quien da una clase de política en un aula universitaria:

-La primera obligación del Estado es preservar el régimen de vigencia del derecho; eso le da sentido y razón de ser al Estado. No hay elementos que cuestionen esa responsabilidad. El punto es si es un Estado democrático… Ahí ya hay precisiones de cómo la debe cumplir. Lo que está a discusión no es la naturaleza de la responsabilidad del Estado, sino airear si hay consenso o no en la estrategia.

A partir de ahí –envuelta en un huipil verde sobre un suéter rojo—se arrancó la tlaxcalteca. Pasó por cuestionar la conveniencia de ventilar a los cuatro vientos el diseño de una política de Estado en materia de seguridad porque –contradijo directamente a Calderón– “¡no es cierto que haya unanimidad en el país en este tema!” . ¿Estratégicamente conviene ventilarlo?, preguntó.

Luego, advirtió que éste no podía ser un debate “maniqueo” donde de un lado están todos los buenos y del otro todos los malos que no quieren combatir al crimen organizado como lo plantea la autoridad federal, porque entonces “no lograríamos prácticamente nada y todos estarán cuidando sus expresiones”.

A renglón seguido calificó el discurso inicial del propio Felipe Calderón: “desde la perspectiva moral es impecable” pero, precisó, no es el único enfoque con que se pude abordar: otro de ellos es el del Estado.

De ahí pasó a las exigencias:

-Cuando haya acusaciones (contra alguno de sus militantes) tiene que haber pruebas, y si no, “que se deje de hacer política haciendo señalamientos que lo único que hacen es desprestigiar la función de la representación popular y partidaria”.

-Que se castigue a quienes a quienes hayan utilizado órganos de seguridad para realizar y filtrar llamadas telefónicas.

César Nava, opacado de por sí por sus homólogos en aquella mesa, aguantaba vara; al igual que Genaro García Luna cuando escuchó decir de la priista:

-A mí preocupa el destino de las soluciones que han propuesto (como el de la policía única): ¿nos van a revitalizar el pacto federal? ¿nos harán más eficaces? ¿cómo hacemos ese nuevo arreglo federalista en esa transición de un sistema de seguridad medieval a uno más moderno? Un modelo centralista –subrayó– no se corresponde con nuestra heterogeneidad…

Las intervenciones de Beatriz Paredes sucedían al planteamiento expuesto por Jesús Ortega (tomando prestados los apuntes de Manuel Camacho sobre el tema) en el sentido de que vivimos “una guerra no convencional” que pone en riesgo la viabilidad del Estado, que amenaza con extenderse en el tiempo, y cuyo principal desafío es en contra del Estado nacional.

Un análisis de fondo del perredista, que aludió al anacrónico concepto de la omnipotencia presidencial, a la necesidad de una nueva concepción del ejercicio del poder político, en el que el gobierno no puede pasar por sobre la ley para combatir a quienes la violentan y la socavan.

“El único riesgo más grave que el que estamos enfrentando es que se rebase la frontera de lo que podemos convenir y lleguemos a situaciones autoritarias”, apuntó.

Ortega, al igual Paredes, expuso agravios y reproches, como la falta de autonomía de los ministerios públicos, la politización de la lucha contra el crimen organizado –léanse los casos de Michoacán y Quintana Roo–, al punto que “la Procuraduría General de la República no le sirve hoy al país”.

Distintas opiniones surgieron a medida que se sumaron Luis Walton (Converegencia), Arturo Escobar (PVEM), Jorge Kahwage (Nueva Alianza) y César Nava (PAN). Desde la necesidad de pagarle bien a la policía hasta una revolución del conocimiento, de hacer algo por las cárceles que nada tienen de readaptación, hasta invertir de nuevo en el campo para ofrecer oportunidades a los que hoy emigran.

Y, por supuesto, la legalización de la mariguana. Lo propusieron el PRD y el Verde; el PRI pidió que no se convirtiese en otro tema de polarización. Calderón en su posición en contra porque en tanto en Estado Unido no se legalicen “¡es absurdo!” hacerlo aquí. De cualquier modo, precisó, no cerraba el tema.

El encuentro con los dirigentes de los partidos, más que “airear” un tema, semejaba un ventarrón en el Campo Marte.