Sin rumbo fijo
La importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se ha hecho evidente en el mundo, no sólo para entretenimiento y comunicación, sino para otros servicios (educación, salud) y aplicaciones que permiten el avance económico de las naciones. En respuesta a esto, diversos países han reconocido su relevancia y han implementado proyectos como, por ejemplo, la liberación de 500 Mhz de espectro para aprovechar la banda ancha en EU o el anuncio del gobierno de Finlandia que declara el acceso a internet como derecho constitucional.
En México, si bien se han llevado a cabo programas de fomento y desarrollo del sector con la intención de reducir la brecha digital y aumentar el acceso a conexiones de banda ancha, lo cierto es que han resultado en esfuerzos aislados que no llegan a su concreción o que resultan de un impacto menor al esperado.
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, este gobierno se plantea seis estrategias para el sector. En general, marca como objetivos el incremento de la competencia entre concesionarios, incentivar la inversión en la creación de infraestructura, implementar estrategias para el uso de TIC, así como desarrollar infraestructura tecnológica para una penetración superior a 60% entre la población.
Adicionalmente, plantea la formación de esquemas de financiamiento y autosustentabilidad que fomenten la aplicación y desarrollo de proyectos. En estos términos, el Presidente se plantea el reto de las tres C: cobertura, convergencia y competencia.
Sin embargo, a decir de Ramiro Tovar, director de Estudios en Regulación del ITAM, hasta la fecha no se han concretado las tres C, ni parece que eso sea posible en los tres años restantes porque existen barreras regulatorias a la competencia y a la convergencia, así como la falta de continuidad, vínculo o responsabilidad concreta con los operadores. Por ello, los programas han sido erráticos y en su mayoría proyectos inconclusos o fallidos.
El experto refiere la afectación que esto trae a la competitividad del país que, medida a través del Índice Global de Competitividad del World Competitiveness Report, ubica a México en el lugar 45 en 2006, mientras que en el reporte 2010 lo ubica en el 47 de un grupo de 58 economías. Los países latinoamericanos mejor posicionados fueron Chile y Brasil en los sitios 28 y 38, respectivamente.
Asimismo, en 2007, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en ese entonces a cargo de Luis Téllez, formuló su Programa Sectorial que planteaba objetivos con base en el proyecto “Visión México 2030”, así como un diagnóstico de ambos sectores.
Al respecto, Iván Ruiz, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), considera que los objetivos en dicho plan no están completamente claros, pero sobre todo no hay un modelo correctamente definido para el cumplimiento de los mismos. “Pareciera que la política es que con sólo promover la competencia el problema se resolverá, cuando en realidad no es así”.
En ese sentido, Gabriel Sosa, experto en Telecomunicaciones de la UAM, señala que lo que ha fallado es el consenso con los diferentes actores, la definición de estrategias para abatir el rezago tecnológico y hacer realidad la accesibilidad, sobre todo a la banda ancha.
Los analistas coinciden en que uno de los temas en donde se requiere mayor definición es la transición a la televisión digital terrestre (TDT), donde consideran que la autoridad busca digitalizar por digitalizar, con la única intención de mejorar la calidad del audio y video de la TV sin considerar los otros beneficios que tendría, como el uso más eficiente del espectro liberado, mayor cobertura de televisión de paga y la apertura de nuevos canales de televisión que doten de mayores opciones de ingresos a las televisoras.
Derivado de lo anterior, se producen riesgos en perjuicio de operadores y consumidores para quienes se reduce el acceso a las nuevas tecnologías, mientras que México permanece a la zaga en los avances dentro del sector de telecomunicaciones.
Para Ramiro Tovar, el riesgo regulatorio eleva el costo del capital ya que las inversiones son de carácter fijo, irreversible y con largos periodos de amortización. Por ello es necesaria la estabilidad de criterios en las decisiones por parte de la autoridad.
NECESARIA, LA AGENDA DIGITAL
Rodrigo Pérez-Alonso González, diputado, y Francisco Javier Castellón Fonseca, senador, presentaron un punto de acuerdo con el cual exhortan al Poder Ejecutivo a que designe la instancia que deba llevar a cabo el diseño y la implementación de un programa o agenda que permita el desarrollo de una política digital nacional, que cuente con atribuciones para alinear o coordinar transversalmente las acciones de la administración pública federal en la materia.
En el documento presentado opinan que no obstante el trabajo y los esfuerzos realizados por las dependencias mencionadas no existe una instancia que coordine todas estas acciones y que atienda su carácter transversal, ya que cada una de las dependencias públicas tiene atribuciones que guardan relación con el entorno digital y los medios electrónicos, lo que hace más complejo su papel.
“La intención es exhortar al Presidente a que nombre un responsable central de la agenda digital en México, porque hay una descoordinación y esfuerzos de diferentes instancias de gobierno y sociales que están aislados y que duplican la aplicación de recursos. Al igual que en muchos casos, no se tiene la eficiencia y la eficacia requerida o la que requiere el país”, señala el senador Castellón.
Una agenda digital es un conjunto de políticas públicas con visión de largo plazo, enfocada a promover el desarrollo económico y la equidad basados en la intensificación del uso de las TIC. Busca efectos sustanciales en empleo y productividad, competitividad, salud, educación, servicios gubernamentales, participación de la sociedad, el gobierno y la industria.
Por su parte, también se propone la creación de un comité que se encuentre al interior de la SCT, donde estuvieran incluidas secretarías de Estado, así como universidades públicas –como la UNAM y el IPN–, proveedores de equipo y empresas del sector.
Sobre éstas últimas, considera que existe voluntad de su parte para cumplir con su compromiso de cobertura social y cita el caso de un operador en Chihuahua que impulsa procesos para llevar conexiones de acceso a internet en las escuelas de las zonas más pobres y violentas de Ciudad Juárez, y que se ha convertido en un objetivo para la propia compañía.
El rezago, añade, es primordialmente por falta de coordinación, porque veo que sí existe interés por parte de los funcionarios que trabajan en estos programas y creo hay una voluntad de reducir la brecha digital; sin embargo, lo que falta es que hubiera algo que concentrara todos esos esfuerzos”.
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