Sigue proceso penal para que Provida devuelva más de 14 mdp

Recursos del erario que ese grupo malversó hace 7 años

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 16 ago 10 (CIMAC).- A siete años de que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciaron el desvío de recursos públicos destinados a la salud de las mujeres, a favor del Comité Nacional Provida, el pasado 17 de junio el juez federal 13 en materia civil, Salvador Martínez Calvillo, determinó que en efecto, hubo una malversación de 14 millones 188 mil 663 pesos, que deben ser regresados al gobierno federal.

La resolución de este juicio, promovido por la Secretaría de Salud federal, el 25 de octubre de 2005, indica que aparte de la malversación, Provida no comprobó el ejercicio de estos recursos, por lo cual el juez condenó a esta asociación a restituir dicha cantidad al gobierno federal, dijo a Cimacnoticias el abogado y especialista en el tema, Pedro Morales Aché.

El también integrante del Tribunal Ciudadano por la Transparencia y la Rendición de Cuentas –un tribunal conformado en 2006 por OSC para juzgar el caso Provida- precisó que en un principio la federación reclamó la devolución de 29 millones 999 mil pesos, pero el juzgado consideró que de esta cantidad, no se comprobó el gasto de 14 millones 188 mil 663 pesos con 90 centavos, por lo cual Provida sólo debía regresar esta suma.

Sin embargo, mencionó que esta asociación ya apeló la sentencia, y aunque no precisó la fecha en que se interpuso este recurso, Provida aún no está obligada a regresar el dinero, esto será hasta que “cause estado” (que la resolución sea firme), es decir el caso tendrá que resolverse en un tribunal unitario y es probable que posteriormente proceda un amparo directo. “Habrá que esperar los resultados del juicio en unos meses”, aclaró el abogado.

SIN “AYUDA PARA MUJERES”

Por su parte la diputada federal, Teresa Incháustegui Romero dijo a esta agencia que este hecho es una evidencia de que el financiamiento otorgado a Provida en 2003 por el Pleno de la Cámara de Diputados, el cual ascendió a 30 millones de pesos, no se destinó a instalar y reforzar “Centros de Ayuda para la Mujer” (CAM), como lo había justificado, Jorge Serrano Limón, representante legal de la asociación.

Cabe mencionar que la Cámara de Diputados puede destinar recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil, sin embargo para ello es necesario seguir ciertas Reglas de Operación, que indican, entre otras cosas, que la asignación de recursos debe ser a través de un concurso de proyectos específicos, concurso en el que Provida no participó.

Los recursos para los CAM, que desde su fundación en 1978 se autoproclamaron opositores a todas las formas de interrupción del embarazo aún en los casos en que la ley lo permite, fueron aprobados por el entonces diputado Luis Pazos de la Torre, presidente de la Comisión de Presupuesto de la LVIII Legislatura y quien excedió sus facultades al autorizar este hecho sin consultar a la Mesa Directiva del órgano legislativo.

Por esta razón, la también integrante de la Comisión de Salud aplaudió esta decisión y mencionó que las y los legisladores estarán pendientes de esta resolución aunque por el momento no sea definitiva.

También señaló que aunque éste es un claro ejemplo del desvío de recursos, “lo que falta no son candados, sino que éstos se asignen apegados a la ley y con transparencia”.

Incháustegui Romero reflexionó sobre la importancia de invertir en la salud de las mujeres, pues recordó que cuando se destinaron recursos públicos a Provida, en el rubro de “apoyo para mujeres” se presentaron gastos por la compra de ropa en tiendas Sears, Aca Joe, Palacio de Hierro y Liverpool, entre otras.

HISTORIA DEL DESVÍO

Este tema, se inició en 2003, cuando se discutía el presupuesto para el ejercicio fiscal de ese año. La Cámara de Diputados otorgó un presupuesto adicional por 600 millones de pesos destinados a la salud de las mujeres y otros programas. De estos recursos se extrajeron 30 millones de pesos que eran de la partida para el combate y prevención del VIH/Sida y que se otorgaron a Provida.

A partir de ese momento las organizaciones: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Grupo de Información en Reproducción Elegida; Salud Integral para la Mujer, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; y Letra S, iniciaron una investigación al respecto.

Encontraron que de los 30 millones asignados a Provida, alrededor de 60 se utilizaron para contratar a tres empresas: una de publicidad, Mercatel, otra inmobiliaria y de equipo médico, Imporvar y un salón de fiestas, El Castillo de Branstock. Además se detectaron numerosas facturas fiscales irregulares, unas que estaban vencidas, otras con fecha de impresión posterior a la fecha de facturación o sin concepto ni desglose.

10/AGM/LR/LGL