Los 50,400 próximos sicarios

México bajo fuego

Salvador Mejía

August 16, 2010

En Agosto de 2010 un dato oficial surge tímido desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional: en el transcurso del sexenio del Presidente Felipe Calderón la cifra reconocida de fallecimientos relacionada con el crimen organizado es de 28,000 muertos.
De este total, se dice que el 90% corresponde a integrantes de la delincuencia organizada, el 6% a miembros de las fuerzas armadas y tan solo el 1% a civiles.
No bien surgieron estos datos comenzó la polémica ya que no solo la Procuraduría General de la República solo reconocía en Junio de 2010 un total de 24,000 muertos, sino que investigadores, periodistas y sociedad civil señalaban que el verdadero número de fallecimientos superaba la citada cifra de 28,000 ya que se sabía de numerosas desapariciones forzadas, secuestros, levantones o como se les quiera llamar, entre bandas rivales que no eran denunciados por los familiares de los afectados y cuyos cuerpos fueron inhumados en fosas clandestinas o simplemente destruidos.
Independientemente de esta polémica y de que las “cifras científicas” simplemente no pueden ni deben apostarles a la dinámica del “redondeo”, para efectos del fondo de este artículo vamos a quedarnos con la cifra oficial de muertos.
Es normal escuchar y leer opiniones que aceptan, justifican o inclusive avalan 25,200 de esos fallecimientos (es decir el 90% del total oficial) por considerar que “es correcto que se maten entre ellos”, siempre y cuando “no maten víctimas inocentes”; sería imposible no coincidir con esta postura si estuviéramos hablando de un conflicto armado entre países donde los respectivos servicios de seguridad social se harían cargo de las familias de las víctimas a todos los niveles ¿Cómo criticar estas voces cuando regiones enteras han sido tomadas por la delincuencia organizada y en las cuales el Estado Mexicano ha perdido, de facto, el control?
Lamentablemente resulta ser que la cifra de 25,200 fallecimientos no viene sola: las “bajas” en los grupos criminales no cuentan solo por uno, llegan a contar por dos, por tres o por cuatro: aunado a esas ejecuciones viene el escalofriante número de víctimas colaterales de esta guerra no declarada, las cuales quedan prácticamente olvidadas por el Estado Mexicano; haciendo un cálculo conservador podríamos pensar que cada fallecimiento impacta en su núcleo familiar dejando un huérfano y una viuda quienes quedan a la deriva del sistema, no hay seguridad social para ellos, no hay terapia, no hay recursos y no hay reflectores, simplemente quedan expuestos a la inercia de la violencia que les arrebató a sus padres, madres, hermanos o hermanas.
Dicho cálculo nos podría llevar hacia una cifra cercana de 50,400 huérfanos, quienes por el perfil del narcotraficante promedio (15 a 39 años), resultan estar en un rango de edad de entre los 0 a los 12 años. Estos niños, los nuevos huérfanos de la guerra contra la delincuencia, de un día a otro no solo se encuentran ante la muerte de sus padres, sino que además deben sufrir el shock emocional de las madres o la ausencia total de estas al verse obligadas a buscar un trabajo de un día para otro o inclusive para ellos mismos; son niños que son forzados a seguir adelante sin tener un duelo, sin oportunidades, sin benevolencia alguna por parte de la sociedad al ser parte de ese 90%
Las opiniones que señalan que la lucha contra la delincuencia no se vencerá con el mero uso de las armas son numerosas, se habla de incluir programas para tratar adicciones, de mejorar la educación y de generar empleos bien pagados entre otras, si estamos tan ciertos en que el tejido social se encuentra fracturado y que es necesario su recomposición ¿Por qué no empezar por proteger a estos niños? Es evidente que fuese cual fuese el costo por atender este problema la ganancia sería mayúscula, rescataríamos a 50,400 niños de una situación de riesgo.
Los nuevos huérfanos de la guerra comienzan a acumular odio y resentimiento en contra de la sociedad y de aquellos “hombres malos” que mataron a sus padres; según opiniones de los pocos voluntarios que apoyan con terapia psicológica a estos niños (como lo es el caso de Casa Amiga), los niños ansían tener un arma para hacerse justicia; no es difícil prever bajo qué circunstancias se desarrollaran estos niños; si el Estado sigue siendo omiso ellos pueden llegar a convertirse en los próximos 50,400 sicarios.