Redacción EjeCentral.com.mx
El asesinato de 72 migrantes que fueron ubicados este miércoles en una fosa en Tamaulipas fue sólo la punta del iceberg que hay detrás de los miles de abusos que se cometen a diario en contra de aquellos latinoamericanos que intentan pasar hacia México vía Estados Unidos.
En su último informe especial del tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que tan sólo entre septiembre del 2008 y febrero del 2009 hubo aproximadamente 9 mil 758 secuestros perpetrados contra migrantes.
El informe especial de la CNDH fue el primer reconocimiento oficial, por parte de las autoridades mexicanas, de la escala del problema y de la obligación de las autoridades federales y estatales de abordar estos delitos de manera más activa.
Las autoridades mexicanas informaron ayer que los migrantes muertos encontrados en la fosa son ecuatorianos, brasileños, salvadoreños y hondureños. Esos grupos representan el grueso de migrantes latinoamericanos que usan vías mexicanas para intentar llegar hacia Estados Unidos.
La CNDH entrevistó a 238 víctimas y testigos para su informe, publicado en junio del año pasado.
De los migrantes entrevistados, 91 manifestaron que su secuestro había sido responsabilidad directa de funcionarios públicos, y otros 99 observaron que la policía actuaba en connivencia con los secuestradores durante su cautiverio.
De acuerdo con Amnistía Internacional, de las 157 mujeres cuyo secuestro se había confirmado, al menos dos fueron asesinadas, y otras fueron violadas. Al menos una se vio obligada a quedarse con el cabecilla de la banda como “trofeo”.
La CNDH calculaba que “nueve de cada 10 víctimas (8 mil 478) padecieron amenazas de muerte, en perjuicio de ellos o de sus familiares o de ambos, y fueron amagados con armas de fuego o armas blancas, si no pagaban el rescate.
Por otra parte, la investigación permite calcular que al menos mil.456 migrantes fueron golpeados con puños, pies, armas, garrotes, palos y otros objetos.
Algunos migrantes que habían sido secuestrados y sobrevivieron dijeron a Amnistía Internacional que estaban tan traumatizados por la experiencia que se habían entregado voluntariamente al INM para que los devolviera a su país antes de arriesgarse a caer de nuevo en las manos de las bandas delictivas. Otros optaron por volver a la frontera sur, pues temían que los agentes del INM los entregaran a las bandas.
El informe “Víctimas Invisibles. Migrantes en Movimiento en México”, de Amnistía Internacional, detalla que el 12 de octubre de 2008, unos 60 migrantes irregulares de El Salvador, Honduras y Nicaragua escaparon de la casa en la que permanecían cautivos y salieron a las calles de la localidad de Rafael Lara Grajales, en el estado de Puebla.
La CNDH recogió posteriormente el testimonio de un migrante guatemalteco que describía cómo el 9 de octubre de 2008 estaba con otros 5 migrantes cuando dos individuos armados y vestidos de civil les ordenaron bajarse del tren en el que viajaban hacia el norte.
Posteriormente llegó al lugar un auto patrulla, de color blanco, y los agentes detuvieron a los migrantes. Los policías los trasladaron a una casa cercana y los entregaron a otros seis agentes, quienes a su vez los llevaron a otra casa donde quedaron retenidos en manos de miembros de la banda criminal “Los Zetas”.
Éstos les ordenaron quitarse la ropa y proporcionar los números telefónicos de familiares, y para ello los golpearon y torturaron quemándolos con encendedores.19 Varios migrantes escaparon y huyeron por las calles, desnudos y sangrando. Los residentes les prestaron primeros auxilios y les dieron ropa y alimentos, pero no informaron a la policía local, ya que, según los migrantes, en su detención y entrega a la banda de secuestradores habían estado implicados policías municipales.
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