Gregorio Ortega Molina
Escala en intensidad, violencia y selección de víctimas la lucha contra el crimen organizado; al golpeteo incesante y mortal en contra de los barones de la droga, así como a la extradición, se responde con las ejecuciones de José Mario Guajardo -candidato del PAN a una alcaldía en Tamaulipas- y su hijo; de Rodolfo Torre -candidato priista a la gubernatura de esa entidad- y parte de su equipo, y de Edelmiro Cavazos, alcalde de Santiago, Nuevo León. Ninguna tan sentida como la última.
Antes, El 20 de agosto de 2009 fue ejecutado el diputado local guerrerense Armando Chavarría; desde entonces fueron asesinados además, dos presidentes municipales, uno en Chihuahua y otro en Guerrero, a lo que los considerados expertos suman el secuestro de Diego Fernández de Cevallos. Otros servidores públicos cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año son Francisco Serrano, administrador de la aduana de Veracruz, así como empleados municipales en Durango y Michoacán.
Ensimismados en el azoro y partícipes del dolor de familiares, correligionarios y amigos, periodistas e investigadores policíacos olvidaron ofrecer a la sociedad una información crucial para comprender lo que hoy sucede, pues ese tipo de muerte o desaparición no ocurren por equivocación, y están lejos de situarse en el lindero del aviso o amenaza en contra de todos los niveles de gobierno, pues hace mucho que esa frontera se cruzó, quizá desde los primeros degüellos, o antes, cuando los delincuentes decidieron contratar mercenarios, pues eso son los kaibiles y los mara salvatrucha que operan como sicarios de los diversos cárteles.
¿Qué determinó esas ejecuciones? ¿Fueron asesinados por negarse a ser cómplices del crimen organizado, al menos obsecuentes y tolerantes, o porque en algún momento de su ascenso político el dinero negro contaminó el financiamiento de sus campañas? Son preguntas que deben encontrar respuesta, porque tenerla permitirá conocer o reconocer los alcances y consecuencias de la guerra contra el crimen organizado, pues la manera en que ejecutaron a los dos primeros, y torturaron y asesinaron al tercero, deben propiciar una seria reflexión sobre la crueldad que se cierne sobre la sociedad, en específico sobre aquellos decididos a aceptar el plomo en lugar de la plata.
Si entran a la casa de gente honrada, honesta y honorable para desaparecerla o ejecutarla, ¿qué puede esperarse de las consecuencias de esas acciones en el estado de ánimo de la sociedad, y en las aspiraciones políticas de quienes estén interesados en incursionar en la función pública para que el país se enderece y tenga otra oportunidad? ¿Quién querrá ocupar un cargo público o un puesto de elección popular que puede estar acompañado de una sentencia de muerte a corto o mediano plazo? ¿Cómo frenar a los victimarios, sin que las consecuencias para la sociedad en su conjunto, sean tan desastrosas como hasta hoy?
Lo historia del país es cruenta, señala caminos. ¿Desean recorrerlos de nuevo? La sociedad está ansiosa. Me encuentro ya entre los interlocutores, personas que dicen comprender las “verdaderas, auténticas” razones de Victoriano Huerta, para proceder como procedió y dar un golpe de Estado. ¿Es eso lo que se espera?
Para fortuna de México el Ejército permanece incólume. Asimila sin chistar los errores políticos de quienes han sido sus jefes desde que se institucionalizó la Revolución. La disciplina pareciera convertirlos en seres humanos inconmovibles, pero ¿permanecerán impasibles ante el dolor del pueblo, la pobreza, la tragedia y tanta muerte?
María Zambrano, discípula preferida de José Ortega y Gasset, apunta para nuestra comprensión de lo que hoy ocurre: “Pues, de serle natural enteramente al hombre la sociedad, no hubiese habido sino una, o varias, según los climas y los lugares más inmutables, como lo es para cada especie animal el medio ambiente en que vive. El cambio es incesante en las sociedades y el hecho de que hayan existido tantas diferentes, y la existencia misma de la historia, es prueba suficiente de que ninguna sociedad ha sido el medio adecuado, perfectamente <
Esta deshumanización padecida por los mexicanos, no es sino consecuencia del agotamiento del modelo político, y tanta muerte sólo cesara cuando el presidente en funciones -sea Felipe Calderón Hinojosa o su sucesor- decida hacer el sepuku a la institución presidencial para cambiar el presidencialismo surgido de la Revolución por otro sistema de gobierno que permita poner orden y hacer frente al crimen organizado, hasta limpiar, ahora sí, la casa.
Ninguna propuesta seria se produjo en los Diálogos por la Seguridad, porque no hubo voluntad política para escucharlas. Esta es la mía: el éxito en la guerra al crimen organizado pasa por la transición, el cambio ineludible del sistema político. El presidencialismo está agotado, no funciona. Asuman su responsabilidad, y hagan lo que han de hacer.
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