lunes, 30 de agosto de 2010

México expulsa al 10% de la Policía Federal por corrupción

El despido de 3.200 agentes y las sanciones a 1.020 se enmarcan en un proceso de "revisión y depuración"

AGENCIAS - México D.F. - 30/08/2010


La Policía Federal mexicana ha anunciado hoy la expulsión de 3.200 de sus agentes (aproximadamente un 10% del cuerpo), sospechosos de distintos delitos o de violación del reglamento. Dentro del mismo proceso de "revisión y depuración" se han abierto expedientes disciplinarios a otros 1.020 efectivos "por incumplimiento de los requisitos de permanencia, específicamente por no haber cumplido los exámenes de control de confianza", según ha explicado Facundo Rosas, su responsable.

Entre los expulsados hay algunos mandos acusados por sus subordinados, el pasado el 7 de agosto en Ciudad Juárez, de estar ligados con el crimen organizado. Otros 465 tienen además procesos legales abiertos "para ser dados de baja" por presuntos delitos.

La medida, que forma parte de las nuevas acciones anticorrupción previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la reciente Ley de la Policía Federal, viene acompañada de la "prohibición de reingreso" en cualquier fuerza del orden, local, estatal o federal. Los agentes expulsados serán además vigilados para evitar que adopten "conductas ilegales".

Rosas ha apuntado que esta decisión pretende hacer realidad "los principios de legalidad, honradez, eficacia, profesionalidad y respeto a los derechos humanos" recogidos en la Constitución mexicana. El cuerpo de Policía Federal, formado por 34.500 agentes, es junto al Ejército el primer responsable de la lucha contra el crimen organizado. Esta delincuencia ha causado 28.000 muertos desde 2.006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia del país.

La Secretaría de Seguridad Pública lleva años tratando de erradicar la corrupción en la policía. La reciente matanza de 72 inmigrantes cerca de la frontera con EE UU ha devuelto a esta institución al punto de mira de organizaciones de defensa de los derechos humanos, por considerar que han protegido lo suficiente a los emigrantes clandestinos.


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