MÉXICO, D.F.(Agencia Reforma)La organización criminal de Joaquín “El Chapo” Guzmán sabía todo de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) de la Policía Federal, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.
También conocía a detalle las investigaciones que realizaban la Marina y la Siedo sobre las presuntas vinculaciones de su banda con las capitanías de Puerto y sobre los buques pesqueros que usaba para importar cocaína desde Sudamérica.
En mayo de 2009, el Ejército halló en Culiacán documentos propiedad de esta banda, que no sólo exhiben su “narconómina” y los “pitazos” que recibían, sino revelan que contaban con información que sólo circulaba entre unos cuantos mandos del Gobierno.
La contrainteligencia del cártel de Sinaloa era tal que, al menos hasta el año pasado, cada paso que daba el Gobierno federal contra sus intereses era conocido con anticipación por los delincuentes.
Por ejemplo, todo el despliegue en el País de las Fuerzas Federales de Apoyo, con la cantidad exacta de efectivos por localidad, así como la cantidad de vuelos y autobuses para movilizarlos, llegó a estar en manos del cártel de Sinaloa en papeles membretados de la SSP federal.
Los ‘narcos’ poseían documentos oficiales con la descripción de grados y cargos, claves distintivas, correos electrónicos, números de celulares y números de identificación de los radios Nextel de los principales mandos operativos de las FFA.
Tenían todos los nombres, números y correos de los inspectores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de la base de Calzada de las Bombas, del Centro de Mando, y de la sede donde despacha el titular de la SSP federal, Genaro García.
Accede a directorio policiaco
La organización de Joaquín “El Chapo” Guzmán contaba con tanta información operativa de la SSP federal, que algunos documentos a los que tenía acceso eran el “Directorio General de Comunicaciones Actualizado” y la “Propuesta de Reubicación de los Agrupamientos Desplegados” de las Fuerzas Federales de Apoyo.
Ambos eran confidenciales. El segundo documento al final lleva el nombre del entonces comisario de la Policía Federal, José Antonio Guzmán Coeto.
Su nivel de detalle es tal que plantea la reubicación a Ciudad Juárez, Chihuahua, y Cananea, Sonora, de 116 efectivos de la Primera Brigada destacamentazos en Chilpancingo, 74 de Zihuatanejo, 59 de Acapulco y 57 de Ciudad Altamirano.
Indica que serían necesarios 5 autobuses y un vuelo para trasladar a los 306 elementos.
También conocía a detalle las investigaciones que realizaban la Marina y la Siedo sobre las presuntas vinculaciones de su banda con las capitanías de Puerto y sobre los buques pesqueros que usaba para importar cocaína desde Sudamérica.
En mayo de 2009, el Ejército halló en Culiacán documentos propiedad de esta banda, que no sólo exhiben su “narconómina” y los “pitazos” que recibían, sino revelan que contaban con información que sólo circulaba entre unos cuantos mandos del Gobierno.
La contrainteligencia del cártel de Sinaloa era tal que, al menos hasta el año pasado, cada paso que daba el Gobierno federal contra sus intereses era conocido con anticipación por los delincuentes.
Por ejemplo, todo el despliegue en el País de las Fuerzas Federales de Apoyo, con la cantidad exacta de efectivos por localidad, así como la cantidad de vuelos y autobuses para movilizarlos, llegó a estar en manos del cártel de Sinaloa en papeles membretados de la SSP federal.
Los ‘narcos’ poseían documentos oficiales con la descripción de grados y cargos, claves distintivas, correos electrónicos, números de celulares y números de identificación de los radios Nextel de los principales mandos operativos de las FFA.
Tenían todos los nombres, números y correos de los inspectores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de la base de Calzada de las Bombas, del Centro de Mando, y de la sede donde despacha el titular de la SSP federal, Genaro García.
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La organización de Joaquín “El Chapo” Guzmán contaba con tanta información operativa de la SSP federal, que algunos documentos a los que tenía acceso eran el “Directorio General de Comunicaciones Actualizado” y la “Propuesta de Reubicación de los Agrupamientos Desplegados” de las Fuerzas Federales de Apoyo.
Ambos eran confidenciales. El segundo documento al final lleva el nombre del entonces comisario de la Policía Federal, José Antonio Guzmán Coeto.
Su nivel de detalle es tal que plantea la reubicación a Ciudad Juárez, Chihuahua, y Cananea, Sonora, de 116 efectivos de la Primera Brigada destacamentazos en Chilpancingo, 74 de Zihuatanejo, 59 de Acapulco y 57 de Ciudad Altamirano.
Indica que serían necesarios 5 autobuses y un vuelo para trasladar a los 306 elementos.
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