Gregorio Ortega Molina
April 30, 2010
Ensañados están con México y su gobierno quienes diseñan la geoestrategia política y de seguridad nacional en Estados Unidos, pero además parecen hacerle el juego quienes están atrás de la delincuencia organizada -esos verdaderos, auténticos capos de tutti capi-, algunos integrantes del Congreso y del Poder Judicial de la Federación, quizá también ciertos mandos medios del Ejército y la Armada, y no sé cuántos policías: es el resultado de la corrupción, pues.
No es una afirmación de quien esto escribe, sino del mismísimo presidente constitucional de este castigado país, Felipe Calderón Hinojosa, quien a su paso por Monterrey dijo a los empresarios que las estructuras judiciales del país deben revisarse, porque si han detectado corrupción en el ámbito político, en las diferentes corporaciones policíacas, no se puede descartar la -previsible y necesaria para los delincuentes- infiltración del crimen organizado en el ámbito judicial: “no todos ni la mayoría, pero sí en algunos jueces”. ¿Será adivino, brujo, o tiene en su poder información que es necesario poner en manos de la procuración de justicia?
El caso es que apenas hace unos días el Consejo de la Judicatura Federal publicó un acuerdo en el que determina que los más de mil magistrados de Circuito y jueces de Distrito deben ser considerados altos funcionarios de la Federación, por lo que se confiere a los juzgadores idéntico privilegio al que estaba reservado para secretarios de Estado; parece que anticiparon esa opinión presidencial que cae como chorro de agua fría sobre el lesionado prestigio del Poder Judicial de la Federación, causado por sus resoluciones en casos como el de Mario Marín, San Salvador Atenco, anatocismo, y lo que sume la resolución que recaiga sobre el asunto de la guardería ABC.
Refieren los reporteros: “sé que en lo judicial falta mucho por hacer, eso la verdad no lo asumo porque no tengo incidencia en lo judicial, pero empujemos todos a que limpien a los jueces”, dijo el mandatario al referirse a la corrupción, y añadió: “yo sé que ha habido muchos políticos y gobernantes que se han enriquecido inexplicablemente”, al pedir a la sociedad denunciar dichos casos.
Durante la misma jornada, rectores de universidades públicas y privadas de la zona norte de México, demandaron al presidente Calderón un cambio en la estrategia de combate a la delincuencia organizada, pidieron una estrategia integral y no sólo el combate policial y militar al fenómeno. La ANUIES ofreció a Calderón cursos de capacitación en instituciones de educación superior a las fuerzas policiales; para dar contexto a la información, los reporteros de El Universal buscaron en el Distrito Federal al rector José Narro Robles, quien les dijo que la política integral contra el narcotráfico debe atender problemas sociales como la pobreza y la falta de educación.
El martes, sin anticipar la reacción de la Cámara de Diputados, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que veta la participación del Ejército en conflictos de origen social, laboral y electoral, y establece los pasos legales a seguir para autorizar el despliegue de tropas en el territorio nacional; se pronunció por reformar también el Código de Justicia Militar para modificar el fuero de las Fuerzas Armadas.
Los senadores, que parecen no estar en sus cabales, aprueban en su reforma que, en todos los casos, los militares deberán respetar los derechos humanos y garantías individuales, que no podrán suspenderse bajo ningún escenario; para regularizar la operación de los retenes establecieron un plazo de un año para emitir la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza. Con los cambios aprobados se abre la puerta a que los elementos castrenses sean juzgados por tribunales civiles cuando cometan delitos contra civiles, todo lo cual es un exceso, pues dicha Ley de Seguridad Nacional se hace necesaria porque el Estado mexicano está en guerra contra una delincuencia organizada que supera en número y armamento a los efectivos de las Fuerzas Armadas.
Surgen dudas, inquietudes y, naturalmente, las preguntas insidiosas: ¿Cómo van a operar los retenes si sólo hasta dentro de un año se emitirá la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza? ¿Los sicarios contra los cuales se enfrentan en una cruenta lucha de vida o muerte los integrantes de las Fuerzas Armadas, son civiles, lo que los convierte prácticamente en intocables, o se les va a declarar paramilitares, o insurrectos, o bandidos, o qué?
Qué bueno que la cordura llegó a la Cámara de Diputados.
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