Primeros acuerdos de la Reforma Política

Pentagrama

Luis M Cruz

March 28, 2010

El trabajo de Comisiones Unidas para la reforma política empieza a dar frutos. En sus reuniones, se perfila el dictamen de dos de las propuestas con mayor grado de consenso, en materia de reforzamiento de los derechos humanos.

En el Senado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos iniciaron los trabajos de dictaminación de las iniciativas de reforma política presentadas por las distintas fuerzas representadas y el Ejecutivo Federal desde los primeros del mes de marzo. En la reunión inicial, identificaron 34 propuestas, en 22 de las cuales existían coincidencias como para sostener la construcción de acuerdos, en tanto que las restantes –entre las que sobresalen la segunda vuelta electoral, el veto presidencial y la afirmativa ficta legislativa—diferían diametralmente de todas las demás, al grado que se ve prácticamente imposible que pudiesen prosperar.

El trabajo de Comisiones Unidas para la reforma política empieza a dar frutos. Antes de salir al asueto de Semana Santa, se perfiló el dictamen de dos de las propuestas con mayor grado de consenso en materia de reforzamiento de los derechos humanos. Se aprobó, en primer término, al traslado a la Comisión de Derechos Humanos, de la facultad de investigación que actualmente ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de violación grave de garantías, dotándola además de dientes para hacer valer las recomendaciones que emite, como la posibilidad de presentar denuncias a nombre de terceros cuando la autoridad rehúse cumplir una recomendación, o bien, solicitar al Senado la comparecencia de funcionarios en desacato, pudiendo llegar a instrumentarse la destitución, sea por procedimiento penal, sea por moción de censura si este instrumento también fuese aprobado.

No es poca cosa si tomamos en cuenta que, en 2009, la CNDH emitió 97 recomendaciones a diversas autoridades, de las cuales 22 fueron rehusadas por las propias autoridades, se aceptaron 75 y de éstas, únicamente se atendieron –que no necesariamente resolvieron—10 del total. Quiere decir que, con las prácticas vigentes, únicamente se atendió una recomendación de cada 10 emitidas, de ahí que muchos se preguntaran para qué sirve la Comisión en esas condiciones. Ahora, con las reformas cuyo dictamen ha sido aprobado, la CNDH dispondrá de nuevas facultades y “dientes” para hacer valer sus recomendaciones y los funcionarios involucrados, sobre todo de la PGR y de las fuerzas armadas, lo pensarán varias veces antes de violar las garantías de los ciudadanos en la persecución de delitos.

El segundo dictamen aprobado va relacionado también con la defensa de los derechos humanos, pues regula de manera estricta la posibilidad de declarar el estado de excepción en alguna parte del territorio nacional, la cual, conforme al dictamen aprobado por consenso, procederá a solicitud del titular del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en casos de seguridad interior, el cual lo otorgará de manera temporal siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello, estableciendo la supervisión obligada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo más relevante, además, es que en ningún caso podrán suspenderse ciertas garantías inalienables: a la vida, a los derechos de los niños, a la propiedad, a la identidad, a la prevención de la tortura o la desaparición forzada, entre otros derechos indispensables para que, aún en situación extrema, las fuerzas del orden estén acotadas en la posibilidad de cometer abusos irreparables.

Tal y como lo están solicitando las fuerzas armadas, lo que querían es que el Consejo Nacional de Seguridad Pública pudiera declarar el estado de excepción en los casos en que se imputaran amenazas a la seguridad interior, y que se suspendieran todas las garantías. Afortunadamente, lo que ha prosperado no es la visión guerrerista que tanto gusta a la actual administración, sino una visión garantista en el sentido de respetar las garantías indispensables aún en situación de excepción, poner un límite temporal para rendir resultados y establecer la supervisión del Congreso y del Poder Judicial a efecto de prevenir los abusos.

Otros temas susceptibles de acuerdo

Ello hace pensar que hay más razones para que la reforma política alcance resultados en el Senado en el sentido de las principales convergencias. Por ejemplo, todas las propuestas coinciden en que habrá buenas noticias para el empoderamiento ciudadano, con buenas perspectivas para que transiten las modificaciones relativas a la iniciativa popular; la candidatura ciudadana –la cual, conforme al texto constitucional actual, ya es posible y sólo se requiere reformar el COFIPE para establecer sus requisitos– la reelección legislativa y quizá hasta municipal; la revocación de mandato e instrumentos de consulta como el plebiscito y el referéndum.

En los temas inherentes al régimen político, es posible atisbar avances en los temas de la reelección legislativa federal y estatal; la reducción del número de legisladores plurinominales en ambas Cámaras; la ratificación de integrantes del Gabinete Presidencial (todos o algunos); el otorgamiento de voz al Ejecutivo Federal en el Congreso para presentar iniciativas, entregar el informe presidencial por escrito y asistir a las sesiones que sean de su interés; el establecimiento de sesiones de control constitucional y la aprobación de la reconducción presupuestal, la iniciativa preferente (sin afirmativa ficta).

En lo que se refiere a las Cámaras legislativas, además de la reducción del número de plurinominales; la reelección legislativa; la iniciativa popular, revocación de mandato, reconducción presupuestal, control constitucional e instrumentos de interacción y diálogo con el Ejecutivo Federal, es absolutamente posible la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Congreso para funcionalizar las reformas anteriores, así como la cancelación del llamado “veto de bolsillo”, pudiendo la cámara de origen ordenar la publicación de las leyes cuando no hubiere observaciones del Ejecutivo Federal por solventar y éste demorara la publicación en el Diario Oficial; el establecimiento de normas para apoyar el trabajo en comisiones legislativas, así como para propiciar la asistencia de los legisladores tanto a Comisiones como a las sesiones del pleno o ser sancionados por incumplimiento.

La propuesta de tres diputados del PRI

Por otro lado, un grupo de tres diputados del PRI consideró pertinente presentar una iniciativa de reforma política que en alguna medida podría ser complementaria de la presentada por los senadores del mismo partido. La iniciativa busca encauzar el derecho de iniciativa que tienen los diputados con el mismo derecho que les asiste a los senadores. Lo interesante a observar será el turno que le dè la Mesa Directiva a una nueva iniciativa de reforma política, estando constituidas las comisiones dictaminadoras del tema en el Senado como cámara de origen, pues es muy probable que el turno se dé a comisiones de la Cámara Baja, lo que podría llevar a dictaminar inusualmente una iniciativa de los senadores del PRI, ya en proceso, y otra de los diputados del mismo partido, sobre el mismo tema pero en diferentes materias.

Esta situación podría interpretarse como un desencuentro o fisura parlamentaria en la representación de un mismo partido en ambas cámaras. Hay algo de cierto en ello, pues no escapa a los analistas que, en la actual legislatura, la relación entre los grupos parlamentarios del PRI en ambas Cámaras se enfrió, ha habido roces y diatribas y se tiende a personalizar las cuestiones. Sobre todo, tras el affaire “votos por impuestos” que afectara a la dirigencia del CEN y al gobernador del Estado de México, atropellando al coordinador formal de los diputados priístas, Francisco Rojas; todos ellos personajes con notoria influencia en el ánimo de su bancada.

En el reparto de culpas, estos primerísimos actores se sienten vulnerados por sus propios errores. Más o menos por octubre, cocinaron el acuerdo con el PAN y Bucareli para que el partido gobernante no realizara coaliciones electorales en Oaxca y el Estado de México, a cambio de respaldo en las necesidades financieras del gobierno federal, lo que se solventó incrementando los impuestos. Sólo el Estado de México firmó un documento alusivo a este pacto, en el que figuran las rúbricas del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; del dirigente nacional del PAN, César Nava; de la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, y del secretario de Gobierno del Edomex, Luis Miranda. El pacto de referencia se firmó el 30 de octubre, según obra en autos.

Para ese momento, los diputados y los senadores habían votado ya la impuestiza con la que el gobierno federal obsequió a los ciudadanos la mala gestión que le ha caracterizado, mintiendo, además, respecto de la existencia de un “boquete” fiscal de 380 mil millones de pesos. Cayeron los diputados priístas en la trampa y el gobierno federal y el PAN incumplieron su compromiso, procediendo a pactar las alianzas oportunistas con las que ahora buscan competir en Oaxaca, Durango, Sinaloa, Puebla, Hidalgo y Quintana Roo. Tras ello, estalló la bomba, pues el gobernador de Oaxaca reclamó el incumplimiento y amagó con dar a conocer el documento firmado; el gobernador del Estado de México, olfateando una trampa, se adelantó y reveló la existencia del documento, primero en columna de Loret de Mola, después, en entrevista con Adela Micha. Tras ello, la debacle que exhibió sobre todo la versatilidad de la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, quien, primero fue vulnerada por la revelación del titular del Estado de México y luego fue rescatada por él mismo, ordenando a los diputados mexiquenses se aplicaran en el debate camaral entre César Nava y Beatriz Paredes, donde lo único claro es que todos mintieron y pactaron secretamente la mejor manera de perjudicar a los ciudadanos, intercambiando votos por más impuestos.

De este malestar surge una propuesta atípica de reforma política que, en esencia, busca quitar los “topes” de pluralidad y restablecer la cláusula de gobernabilidad para generar mayorías electorales; desean devolverle al presidente de la República el “día del Presidente” en el informe presidencial del 1º de septiembre; buscan darle a las comisiones legislativas la cualidad de aprobar leyes por delegación del pleno (con lo que, existiendo mayoría electoral, le dan la vuelta prácticamente a todo el Congreso)… todo un traje a la medida, quizá pensando que, dada la delantera que le otorgan las encuestas de opinión al gobernador del Estado de México en la carrera por la sucesión presidencial, hay quienes asumen que el retorno del PRI a Los Pinos podría darse por el Paseo Tollocan.

Clintonics

La reunión del Grupo de Alto Nivel Estados Unidos-México se dio en un contexto no planeado, sino más bien insólito: tras el asesinato de tres personas, dos ciudadanos norteamericanos y uno mexicano, pero los tres vinculados a las labores del Consulado norteamericano en Ciudad Juárez, Chihuahua. Todo ello, en medio de un brutal baño de sangre en los principales escenarios de la guerra del narco: Guerrero, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

En Washington, desde hace tiempo prevalece la idea de que las instituciones de procuración e impartición de justicia en México no funcionan bien; abiertamente, en diversos círculos, se habla de un “estado fallido” en el sentido de que no se logra hacer valer el imperio de la ley. No obstante ello, para el gobierno del presidente Obama ha sido más cómodo jugar al “Elliot Ness” mexicano y confiar en que un grupo de “intocables” podría hacer frente a los narcos y contener lo que en aquél país se percibe como una amenaza tan grande como la de Al Qaeda a la seguridad nacional norteamericana: la actividad creciente de los cárteles de las drogas, tan fuertes como para operar una red de distribución en más de 200 ciudades allá, y desafiar al Estado mexicano en una guerra abierta que, a todas luces, va perdiendo el gobierno.

Ello ha abierto la puerta a un mayor involucramiento de las fuerzas de seguridad norteamericanas en la guerra del narco. Ya se tiene la percepción de que será un conflicto de largo plazo, pues el Comando Norte al que compete la seguridad de las fronteras norteamericanas, calcula en diez años el plazo de lucha para que haya resultados observables.

Entretanto, cunde en los círculos de inteligencia británicos y en analistas mexicanos la hipótesis de que se ha perfilado una solución intermedia: pactar con uno de los cárteles y propiciar la “limpia” de los cárteles incómodos. En este sentido, se dice, la actividad punitiva del gobierno federal se ha orientado a atacar a los cárteles adversarios del de Sinaloa, en donde figura visiblemente el fugado del penal de Puente Grande, Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo”.

Es en este contexto que se da la visita del equipo de seguridad nacional de Estados Unidos, encabezado por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, cuyo objetivo central fue reunirse con los titulares de Defensa y de Marina, por un lado, y con el Secretario de Seguridad Pública por el otro, además de las visitas obligadas en la cortesía diplomática, con la participación de la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana y un fugaz encuentro con el Presidente de la República, Felipe Calderón, a quien quizá ya no consideren más un émulo de Elliot Ness.

De lo tratado, trasciende sólo la parte protocolaria: exhortos a la corresponsabilidad, reconocimiento de que también en los Estados Unidos se tiene que librar la guerra, porque allá concierne el consumo y por ende, la demanda de drogas; allá se venden las armas; de allá vienen la inmensa marea de dólares que inunda y corrompe las corporaciones policiacas y a las fuerzas armadas y también las aduanas norteamericanas han resultado ser demasiado porosas para el trasiego de enervantes.

Para mal, el resto debe suponerse. Por ejemplo, en los Estados Unidos se está legalizando aceleradamente el consumo de drogas blandas. 16 estados de la Unión Americana legalizaron ya la marihuana con fines terapéuticos, que en lenguaje llano quiere decir para todo fin; si ello sucede allá, ¿por qué acá se tienen que poner los muertos? La solución de fondo es, entonces, la legalización del consumo de enervantes, no la guerra a muerte en el marco de la prohibición, como sucedía en la ley seca norteamericana de los años veinte.

Tampoco se sabe a cambio de qué habría de darse el mayor involucramiento norteamericana, aún cuando ha sido más que evidente la presencia de un mayor número de personal especializado de aquél país en el nuestro. En algunos aeropuertos, es perceptible la presencia de personal del FBI o “marshals” armados para, dicen, realizar labores de inteligencia, esto es, colecta de información. La estación de la CIA en nuestro país, como ellos le llaman, también ha incrementado su personal, dicen, por lo menos al triple. El personal infiltrado de la DEA también se sabe que circula libremente por nuestro país. Es dable suponer que parte de lo platicado en el marco de la corresponsabilidad, es la presencia de un mayor número de agentes en nuestro país colaborando con las autoridades mexicanas, quizá de manera más selectiva, con personal seleccionado y entrenado por ellos para realizar los operativos. Es lo mismo que hacen en Irak y Afganistán: reclutan, seleccionan y entrenan a personal local, que luego es operado y supervisado por ellos… o por empresas militares privadas como “Blackwater”.

El futuro inmediato de la Economía

Tras la reunión del BID en Cancún, son evidentes dos visiones sobre el futuro inmediato de la economía mexicana. Del lado gubernamental, como es de esperarse, las campanas están echadas al vuelo. El gobierno federal canta el fin de la recesión, la Secretaría de Hacienda refuerza sus previsiones de crecimiento hacia el umbral del 5%, no obstante que el Banco de México, aún con la lógica hacendaria de su titular, el gobernador Agustín Carstens, se ha visto obligado a llamar a la cautela ante las cuentas alegres: podría crecerse hasta un 5% … si todo sale bien.

Enfrente, se encuentran cálculos más realistas, provistos por las calificadoras de riesgos. Tanto Ficht como Standard and Poors creen que la economía se va a recuperar inercialmente, sin dejar de insistir en la dificultad de lograr reformas estructurales para crear nuevos espacios de inversión al sector privado y a los fondos extranjeros, como son la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma de las telecomunicaciones y alguna ampliación de la reforma energética. Pero, más allá de ello, lo que subrayan es lo innegable: la economía mexicana habrá de recobrarse en un plazo de dos años, suponiendo que en éste logre un 5% y el próximo, un 3%, con lo que apenas estaría al nivel de lo reportado en el año 2007.

Ello quiere decir, en línea con las previsiones de analistas internacionales, que la economía mexicana será la economía de la región latinoamericana que más cayó durante la crisis financiera global de 2009 y será la que más tarde en salir del agujero, pues el resto de los países afectados se habrá recuperado en 2010. Nosotros, si acaso, lo haremos en 2011. ¿Qué más da, otro par de años de malos indicadores?

La otra parte que preocupa a las calificadoras, son las repercusiones sociales de la crisis, que apenas este año estarán siendo evidentes. La crisis provocó la pérdida de, en cifras conservadoras, 600 mil empleos; con números más agresivos, hasta de un millón de empleos. Arrojó, también, a ocho millones de mexicanos al umbral de la pobreza extrema y ha generado un ambiente de pesimismo social y en el consumidor, en donde 8 de cada 10 entrevistados cree que este año estará peor que el anterior y poco habrá de mejorar en el próximo.

La confianza es un ingrediente principalísimo de la economía, pues pone a prueba a las instituciones. Es en el bolsillo donde se siente la crisis con mayor severidad y en tanto no se recuperen el empleo y el salario, no podría hablarse de una recuperación real de la economía. Por ende, en 2010, a pesar del triunfalismo oficial y de la propaganda que dice que las cosas están bien cuando están mal en la mesa de las familias mexicanas, estaremos inevitablemente hablando de una década perdida para el desarrollo.