David Aponte
March 29, 2010
Un policía municipal apenas curso la secundaria y no gana más de cuatro mil pesos al mes. Un policía municipal no tiene capacitación ni el armamento adecuado para combatir a la delincuencia organizada. Un policía municipal está a merced de la corrupción, las amenazas y los ataques armados de los grupos criminales.
La incorporación de las corporaciones municipales a la estructura de los cárteles de la droga está ampliamente documentada en muchos estados del país, donde los capos han dispuesto de los servicios de seguridad de los jefes policíacos locales para moverse impunemente por distintas zonas del país. Esta realidad es la que sustenta la propuesta de unificar los cuerpos locales con las policías estatales, que ha sido asumida por la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago.
Desde luego, alcaldes se han opuesto a la iniciativa con el argumento de que los gobiernos municipales deben tener autoridad y disponer de los recursos para el equipamiento. Pero el diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad Pública ofrece datos que permiten sustentar la propuesta para la incorporación de las policías locales a las corporaciones estatales, para una mayor profesionalización y coordinación de los instituciones encargadas de la prevención y combate de los delitos.
De acuerdo con los reportes oficiales, las policías municipales agrupan a 159 mil 734 elementos a nivel nacional, cifra que representa el 39% de los elementos activos en el país (las policías estatales cuentan en sus filas con 187 mil elementos, que equivale al 45.63% de la fuerza nacional). Del total de los municipales, 70% por ciento tiene menos de 10 años de instrucción escolar, la mitad es mayor de 35 años y 60.9% tiene ingresos máximos de cuatro mil pesos al mes.
En la actualidad, más de la mitad de las 2 mil 022 corporaciones de policía municipales cuenta con un máximo de 20 elementos y sólo 25 corporaciones en 16 estados de México concentran 26% del total de elementos municipales activos y 417 municipios del país no tienen corporaciones policiales. En el terreno de sus actividades, las corporaciones municipales tienen entre sus prioridades un esquema de atención a las faltas cívicas, la aplicación de los reglamentos de tránsito y los bandos de buen gobierno locales. Son una suerte de saca borrachos. En realidad, carecen de los elementos y el adiestramiento para el combate del delito en etapas tempranas, el narcomenudeo y la evolución criminal.
El esquema de la delincuencia organizada en sus operaciones locales tiene muchas ventajas frente a la escasa profesionalización y recursos de las policías en los municipios. La falta de una estrategia ha permitido una evolución criminal que genera cuadros delictivos cada vez más violentos según el diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los registros oficiales muestran que, en la última década, los delitos del fuero común han oscilado entre 92 y 95%. De ahí que el combate a los ilícitos del fuero común y los del federal tiene que ser complementario, porque los ilícitos aparentemente menores son el soporte para los mayores.
La iniciativa para la fusión de las dos mil 22 corporaciones municipales en 31 policías estatales (la del Distrito Federal cuenta con mando único) busca hacer más eficientes los recursos para frenar la evolución del delito desde sus primeras etapas. Las policías estatales actuarían como una sola corporación con criterios unificados en el combate el crimen y la concentración de los recursos materiales, financieros y humanos.
Unificadas, las policías estatales seguirán a cargo de atender los delitos del fuero común en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, las 31 corporaciones y la del DF mantendrán la coordinación y la colaboración con la Policía Federal en la lucha contra las organizaciones criminales. La fusión permitirá además que corporaciones de policía estatales incorporen a su práctica de trabajo con sistemas y métodos homologados, con procedimientos de operación a nivel nacional, entre ellos el desarrollo de inteligencia para la prevención del crimen.
Con la propuesta de integración, los alcaldes tendrán la garantía de disponer de la fuerza pública estatal para la gestión del gobierno municipal. La iniciativa tiene sentido y los presidentes municipales no tienen argumentos sólidos para rechazarla. Si acaso, ya no podrán disponer de los recursos federales para la seguridad pública local.
Twitter @ddaaponte
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