Esta es la recreación de un juicio de los ciudadanos, es la escena de lo que puede ocurrir cuando la procuración de justicia en México corre por las pestilentes aguas negras y termina en el caño. En este proceso, los responsables de la muerte de 49 niños y las heridas de decenas de menores de edad son encontrados culpables y son sentenciados por sus actos, sus omisiones. Una juez dicta la sentencia en una plaza popular. Los ciudadanos regresan a sus casas con algo de dignidad. Los padres de las víctimas pierden un poco el mal sabor de boca, después de nueve meses de reclamar, de exigir la actuación del gobierno federal y del Poder Judicial.
La sentencia de los ciudadanos es el que más pesa sobre los propietarios y los funcionarios y ex servidores públicos federales, estatales y municipales, que son responsables directa e indirectamente de la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo.
Para los mexicanos no será fácil olvidar las imágenes que se despliegan esta tarde de viernes en la Plaza Emiliana de Zebeldía: un juez y moderador del juicio ciudadano, un fiscal, un defensor de oficio, un secretario de la mesa del proceso y 10 testigos de calidad, que participan en una suerte de jurado, que escuchan los argumentos de las partes, que toman nota y deliberan de cara a los asistentes.
En el banquillo de los acusados de la muerte de 49 niños están las fotografías de los dueños de la estancia infantil: Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, Antonio Salido Suárez, Alfonso Escalante Hoeffer, Sandra Téllez Nieves y Gildardo Urquidez Serrano. La verdadera justicia, la de las indagatorias de la Procuraduría General de la República, la de los tribunales del Poder Judicial, no los ha podido sentar en un juzgado. (En la cruda realidad, los propietarios de la Guardería ABC están a buen resguardo con sus amparos de mil 500 pesos y bajo el cobijo de sus relaciones políticas con el nuevo gobierno panista de Sonora, a cargo de Guillermo Padrés Elías). Hoy se ven preocupados. No hay sonrisas en sus rostros y miran de reojo al juez y a la multitud.
La sala del juicio ciudadano ha sido colocada por el Movimiento 5 de Junio, integrado por familias que perdieron a sus hijos en la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. El instructor del proceso tiene la encomienda de dar lectura al fallo del jurado: culpables o no culpables.
¿Hace falta alguien más en este juicio popular, en este proceso abierto contra aquellos que no dieron seguridad a decenas de menores de edad? Sí, faltan los 16 funcionarios y ex servidores públicos que aparecen en el informe preliminar de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elaborado por los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla. El fiscal coloca las fotografías de Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y los otros 14 hombres y mujeres que no cumplieron con sus obligaciones.
El reloj de la sala de juicios ciudadanos marca las 18:00 horas en la capital sonorense. El juez pega con su martillo, pide orden a los asistentes y argumenta las razones del proceso: “No se trata de un linchamiento a las personas mencionadas, sino de que la sociedad en general conozca los hechos claramente y tenga los argumentos necesarios para emitir un juicio propio basado en la verdad, derribando especulaciones; es concientizarnos, como ciudadanos, para mejorar la calidad de nuestra democracia. El juicio ciudadano no tiene validez jurídica, sino ética y moral. Todos somos jurado, todos tenemos voz y voto”.
El juez explica a los asistentes que deben mantener las normas de convivencia social, para que el proceso se lleve a cabo con calidad argumentativa y con respeto a los asistentes, incluidas las personas que son objeto de este juicio popular.
Toca el turno al fiscal para explicar que lo más importante en este proceso ciudadano es que los mexicanos conozcan y valoren las peticiones de los padres y madres de las víctimas: “la profundización en la búsqueda de justicia a través del conocimiento de la verdad de los hechos”. Posteriormente, la defensa de los inculpados habla del buen desempeño de los funcionarios y ex servidores públicos, de su interés por el bienestar de los niños mexicanos. El abogado de Molinar Horcasitas insiste en que el IMSS sí tiene facultades para subrogar las guarderías, pero no comenta nada del desorden y la falta de seguridad con las que operan las estancias infantiles en todo el territorio nacional. Los abogados de los dueños de la ABC presentan los amparos de sus clientes, como una prueba de su inocencia.
Después de horas de deliberación, el jurado encuentra culpables a los cinco propietarios de la Guardería ABC y a los 16 funcionarios y ex servidores públicos. Los responsables de la tragedia asumen sus culpas. Sus abogados deciden no apelar la sentencia del jurado. Los asistentes a la plaza de la ciudad de Hermosillo se retiran lentamente de la sala de procesos ciudadanos. Por fin, hay justicia en México.
Lo olvidaba, esto es una recreación…
Twitter @ddaaponte
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