Martha Anaya
March 29, 2010
Nuestros diputados no son gente seria,. En el mejor de los casos deberíamos calificarlos de informales, de imprudentes; ¡cómo es posible que hayan ampliado el plazo para el registro de los celulares!
Sí, menos mal que en el Senado los perredistas y los panistas se hicieron guajes y van a discutir el tema hasta el regreso de Semana Santa, pero no soy muy optimista al respecto. No sería la primera vez que los senadores se hagan del rogar –para que los “cabilderos” negocien con ellos y también les deban el favor— y luego nos salgan con que siempre no, o con algún cambio menor.
Originalmente –y hasta el momento, dada la falta de consenso en Xicoténcatl–, la fecha de inscripción al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvi (Renaut) es el 10 de abril. Los diputados decidieron, a petición de las compañías telefónicas, que se prorrogue un año más, ¡un año!, para mandar un mensajito por el celular que toma menos de 30 segundos.
La verdad, semejante prórroga es un insulto para los 44 millones 973 mil usuarios de teléfonos celulares registrados hasta el pasado jueves 25 de marzo. ¿Que aún faltan por registrar su celular 40 millones de usuarios, el 46% ? Sí, pero ese es su problema. Además –y ya que queremos ser tan democráticos–, la mayoría ya lo hicimos: sumamos el 54 por ciento.
Mantener la fecha de registro como originalmente se planteó ni siquiera debiera estar a discusión. Cambiarla significaría enviar un mensaje equivocado a los ciudadanos porque la próxima vez que nos pidan cumplir una ley equis en determinado plazo, simplemente no vamos a hacer caso.
¡Huelga de brazos caídos a cuanta ley emita el Congreso!
¿Eso es lo que quieren nuestros legisladores? ¿Van a propiciar la rebelión ciudadana?
Si de eso se trata, ¡encantada! Propongo comenzar por no pagar los impuestos y mucho menos los aumentos que decretaron el año pasado.
Sin embargo sabemos que no son éstas las razones que movieron –a propuesta del PRI– a los 180 diputados que votaron a favor de prorrogar por un año el registro de los celulares, sino las presiones de Iusacell, Unefon, Telefónica, Telcel y Nextel.
Y es que el cumplimiento de la ley –dar de baja las líneas no registradas– les costaría entre 200 y hasta 500 millones de pesos diarios.
Lo dijo el diputado del Partido del Trabajo, Oscar Yáñez en la tribuna de la Cámara: “Lo que hay detrás de este dictamen son las pérdidas económicas y financieras por la cancelación de millones de líneas telefónicas, y que a algunas empresas le podrían significar un golpe financiero de hasta 500 millones de pesos diarios”.
¿A quién protegen entonces? A las empresas.
Amnesia total frente a las razones que llevaron a crear la ley: proteger a los ciudadanos ante el uso que estaban haciendo los criminales de los celulares, pues los usan principalmente para el secuestro. Se trataba de elevar el nivel de seguridad. Pero eso, por lo visto, puede esperar un año más.
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