La fotografía es cotidiana en la urbe fronteriza: ataques criminales de sicarios, muertos y heridos, presencia de paramédicos, fuerzas federales, militares y familiares de las víctimas. Nadie se preocupa por preservar la escena del ataque y muchas pruebas esenciales para las indagatorias se pierden. Al final, todos se vuelven cómplices de los sicarios, porque sencillamente se borran las evidencias por omisión o en forma deliberada. Todos quieren meter la nariz y al final el lugar de los hechos queda totalmente sucio, contaminado. Es el caso de la masacre ocurrida la última semana de enero de 2010 en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez. Los peritos no pueden hacer su trabajo de manera correcta y los policías no dan con los asesinos.
El diagnóstico presentado por las organizaciones de la sociedad civil en la mesa de Seguridad Pública “Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad” es la radiografía, el desglose puntual, de las fallas de un operativo policíaco-militar que nunca atendió la descomposición social que se enquistó en la franja fronteriza y que dio origen al establecimiento de una cultura de la impunidad, al imperio de los cárteles de la droga y de la extorsión. Los grupos sociales elaboraron una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, con datos que deben servir para el análisis y la toma de decisiones sobre la nueva estrategia:
Desde el dolor de la ciudad, las heridas de las victimas y los juarenses que han tenido que abandonar su hogar, las organizaciones sociales expusieron que hay siete mil huérfanos en Juárez, que las estadísticas de los homicidios dolosos se dispararon de 200 y 300 anuales a más de mil 600 en 2008 y a más de dos mil 650 en 2009, que la mayoría de los comerciantes son objeto de extorsión y que hay corrupción en las policías municipal, estatal, federal y elementos del Ejército (sí también incluyeron a los militares).
“No planteamos la salida de las Fuerzas Armadas, pero sí la necesidad de un pacto político entre los diferentes niveles de gobierno y fuerzas políticas, que permita una acción efectiva, sin importar los intereses que se afecten. El Estado en conjunto, necesita mandar el mensaje de respeto a la legalidad, repudiando la muerte y la destrucción. Señor Presidente, en la corrupción participan grandes empresarios, políticos y funcionarios de gobierno. En cualquier esquema, necesitamos policía de investigación. Cada muerte de un policía de investigación es un golpe al corazón del Estado de Derecho. Exigimos la presencia de Ministerio Público Federal, en cantidad suficiente (al menos 200 agentes), profesionales, capacitados y cuidados con la protección del Estado. A esos sí que los cuiden los militares. Lo mismo pedimos al nivel estatal, cuya Procuraduría se encuentra actualmente colapsada”, expusieron en la carta.
¿Qué hacer para que los ciudadanos tengan una respuesta oportuna a sus llamados de auxilio? ¿Cómo avanzar en las investigaciones, sin que haya contaminación de la escena de los ataques? Los grupos civiles consideraron que la presencia de la policía investigadora no debe tardar más allá de siete minutos y el acordonamiento efectivo de la zona para el respeto a la escena del crimen. Es indispensable, entonces, la recolección efectiva de los elementos probatorios y que únicamente un perito oficial tome las fotografías y las evidencias.
La preservación del sitio es sustancial, pero las organizaciones civiles van más allá de la parte técnica de las investigaciones. Buscan que haya presentación clara de los resultados, de las líneas de investigación y el compromiso de un plazo perentorio para la autoridad. Todo de cara a la sociedad, para evitar que ocurra lo de Villas de Salvárcar: no hay presuntos responsables detenidos, acusados de ser los que dispararon y mataron a 15 personas, la mayoría jóvenes estudiantes.
En el diagnóstico, las organizaciones de la sociedad civil pidieron a Calderón un mando civil único que agrupe a los cuerpos policíacos y un enlace con la comunidad. Por supuesto, respeto a los derechos humanos de los habitantes de Juárez y una política de Estado en materia social, de reactivación económica y de generación de empleos. La propuesta considera además una mesa de seguimiento permanente de las acciones de seguridad, un Consejo Ciudadano con la presencia de representantes de los tres niveles de gobierno. Los grupos ciudadanos creen que sus propuestas deben ser tomadas en cuenta, para acabar con el fracaso del operativo policíaco, para cerrar algunas de las heridas en Juárez. ¿El Presidente los tomará en cuenta?
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