Gilberto P. Miranda.*¿Qué pasa en la Secretaría de Gobernación? Evidentemente las cosas están lejos de guardar un estado mínimamente deseable. Ya hace algunos meses habíamos abordado el importante tema de esta instancia encargada de conducir la política interior; tarea sumamente compleja y entrampada en este país.
El titular de Bucareli tiene dos aristas principales en el desempeño de su rol: por un lado la de resolución de conflictos y por otro la construcción de alianzas y acuerdos. Ambas en aras de generar la palabra clave que en su mismo nombre la dependencia lleva: gobernabilidad.
Es de hacer notar que durante los sexenios panistas, la Secretaría de Gobernación ha resultado una dependencia inestable y poco eficaz a la hora de impulsar sus metas. Solamente en los 10 años de gobiernos azules han estado en el cargo 5 diferentes funcionarios, 3 de ellos en el gobierno de Calderón, que recientemente cumplió tres años de haber asumido el cargo. Aunque es cierto que también en el pasado reciente en las últimas presidencias del PRI también hubo un buen número de Secretarios de Gobernación, estos sabían hacer política –en el entendido autoritario tricolor- que fuera abriendo caminos al ocupante en turno de Los Pinos.
Pondremos nuestra atención primordialmente en la enorme significancia que tiene –o al menos debería de tener- la Segob para el actual gobierno federal. En primera instancia hay que recordar que Calderón tenía ya un enorme conflicto político mucho antes de asumir el cargo, es decir, el conflicto desatado por la crisis político-electoral del verano de 2006. Aunque lograría llegar a la presidencia por sumamente cuestionables avales legales y acuerdos con el tricolor para entrar por la trastienda de San Lázaro, resultaba a todas luces vital el elegir a un personaje que fuese capaz de comenzar a remendar las muchas y graves heridas gestadas en el proceso de 2006 y que debilitaron de origen a su gobierno. Para dicha tarea se designó a Francisco Ramírez Acuña, panista conservador, ex gobernador de Jalisco con reputación de “duro”. Pero poco fue lo que duró en el cargo, pues no logró realizar acciones de trascendencia para allanar el camino del calderonismo.
Tras de él vino el sorpresivo aunque explicable nombramiento de Juan Camilo Mouriño, mexico-español amigo de Calderón y uno de sus hombres de confianza; a quien se atribuía ser uno de los principales estrategas de la campaña del michoacano. Mouriño comenzó el sexenio como jefe de la oficina de la Presidencia. En enero de 2008 fue nombrado Secretario de Gobernación en sustitución de Ramírez Acuña. Apenas poco más de un mes después de haber asumido el cargo, Andres Manuel López Obrador asestó un certero dardo al joven funcionario y por extensión al gobierno calderonista al dar a conocer documentos que sugerían tráfico de influencias a favor de la empresa familiar de Mouriño (Grupo Energético del Sureste) al serle otorgados contratos de Pemex cuando este era Diputado Federal y después alto funcionario de la Secretaría de Energía. No está de más recordar que la familia Mouriño posee un importante emporio gasolinero en el sureste del país, basado en Campeche.
Mouriño y el resto de los federales fueron lentos y torpes al lidiar con las acusaciones; al tiempo que nueva documentación era presentada por López Obrador. Se creó una Comisión en la Cámara de Diputados para indagar la situación y se le exoneró en mayo de ese mismo año, sin embargo, el objetivo de la oposición estaba cumplido: se había debilitado al que debía ser el principal negociador de los federales, se le ponía en una desfavorable situación ante la opinión pública y sobre todo perdería o al menos vería sumamente minado el término que estos días parece estar de moda: ser un interlocutor válido. Ello no es retórica, significa que el Secretario de Gobernación sea reconocido por los principales actores políticos como un representante legítimo para negociar.
Porque el juego político en un sistema –supuestamente- democrático, pasa por procesos de negociación; la famosa metáfora de la “caja negra” que utilizara David Easton para definir las interacciones entre los distintos actores políticos que producen respuestas a demandas o problemáticas específicas. En noviembre de 2008 Mouriño fallecía en un extraño accidente de aviación, aunque los meses que estuvo en el cargo estuvieron marcados por la inoperancia y la irrelevancia política.
Este hecho daría pie al nombramiento del que hoy es –todavía- titular de la dependencia: Fernando Gómez Mont. El abogado Gómez Mont ha sido panista –o lo era hasta hace algunos días- de toda la vida, pues su padre, Felipe Gómez Mont fue de los primeros en lograr el reconocimiento de triunfos electorales legislativos para la oposición en la década de los cincuenta. Abogado de amplia experiencia y casos polémicos (Raúl Salinas, CNI Canal 40, Pemexgate; por dar algunos ejemplos) es considerado sumamente cercano a uno de los personajes más prominentes del panismo: Diego Fernández de Cevallos. En su momento interpretamos el nombramiento como una clara señal hacia el pragmatismo político capaz de construir acuerdos, principalmente con el PRI, pues es bien sabido que durante la época del salinismo en que Fernández de Cevallos estuvo a la cabeza del PAN en San Lázaro y tiempo después en su papel de senador, se entendía de maravilla con los tricolores.
Aunque sin duda Gómez Mont ha mostrado un poco más de oficio y presencia que sus dos antecesores, su actuar no ha venido a revolucionar la política de los federales ni ha logrado hacer sentir mayor gobernabilidad en el país. En fechas recientes, cuando lleva poco más de un año en el cargo, se ha dado una inesperada ruptura al partido que pertenece prácticamente desde su nacimiento; cisma que no ha quedado del todo claro en sus motivaciones; pero sí en desnudar las fricciones y grietas existentes hacia adentro del PAN y del mismo gobierno federal con el partido.
Nuevamente vuelve el tema electoral como el gran ave de las tempestades coyunturales, pues la manzana de la discordia en este caso han sido las polémicas alianzas que la actual dirigencia panista encabezada por César Nava se encuentra estableciendo con el PRD con el objetivo de combatir el dominio priísta en diversos estados. Lo explica así el Maestro Granados Chapa:
“En su afán de lograr gobernabilidad y reformas, nada de lo cual es posible sin el PRI, Calderón y Gómez Mont ofrecieron a ese partido impedir que el PAN se aliara con el PRD en algunos procesos locales de este año. Manlio Fabio Beltrones ha difundido la versión de que la oferta fue hecha por el propio Presidente de la República a Ulises Ruiz, el Gobernador de Oaxaca, a cambio del apoyo priista en la aprobación del paquete económico para este año (Alejandro Almazán, "Cómo se armaron las insólitas alianzas entre PAN y PRD", emeequis, 1 de febrero).
Si ése fue el origen del compromiso y Gómez Mont únicamente fue encargado de formalizarlo, o si fue iniciativa del entonces panista, el hecho es que se cometió un abuso al ofrecer acciones u omisiones que dependían de la voluntad de terceros. Fue ilegítimo poner en la mesa de negociaciones entre Gobernación y el PRI a un PAN que de ese modo quedaba indefenso, pero que a la postre no se avino a ser pieza de un arreglo ajeno, aunque lo confeccionaran tan eminentes miembros del propio partido y en aras de un presunto fin superior.” (Grupo Reforma, febrero 2010).
Lo anterior puede conducir dos reflexiones interrelacionadas entre sí:
1. El gobierno federal, por su debilidad de origen ante la falta de legitimidad, ha dependido del PRI desde el primer minuto de este sexenio. Saben que la llave para lograr al menos parte de sus objetivos está en negociar con los tricolores, quienes gobiernan a la mayoría de los mexicanos y poseen la fuerza legislativa necesaria para inclinar la balanza. Sin embargo, el PRI mueve su tradicional péndulo a conveniencia y como puede apoyar en un día y una causa al gobierno federal, al día siguiente le da la espalda como su peor enemigo. Ante la complejidad que involucran los delicados cálculos políticos, el gobierno federal en su conjunto pero sobre todo sus secretarios de gobernación, han fallado en su intentona por generar acuerdos y consensos que se traduzcan en éxitos en lo político y lo programático (entendido como acciones concretas, ya sean legislativas o de política pública).
2. Como lo ha reflexionado el Dr. Agustín Basave en un diálogo con CEINPOL, el actual sistema político mexicano muestra cada vez mayor signos de su caducidad, siendo precisamente uno de los principales su complejidad para la construcción de mayorías y cuando estas llegan a obtenerse, es a un costo demasiado alto que muchas veces acaba por minar la gobernabilidad que pretendía generar. El panismo se encuentra distanciado del gobierno federal y actúa no solo contra la voluntad de este, sino en su detrimento, pues no solo se ha perdido la carta de negociación con la que pretendía sumarse el apoyo del PRI, sino que ha quedado al desnudo el cada vez menor peso específico que Calderón y su gobierno ostentan políticamente.
No estamos insinuando que exista como en antaño una imposición presidencial al resto de los actores políticos –lo cual a todas luces es anti-democrático, autoritario e indeseable- sino lo mucho que revela el hecho de que ni siquiera existía un acuerdo previo entre el Presidente del PAN y el gobierno de Calderón en el tema de las alianzas, pues cada uno de ellos, con metas muy distintas en mente, está jalando para su lado. Por lo pronto hay voces que señalan la renuncia de Gómez Mont al PAN como un preámbulo a su salida de la Segob, cosa que no es en lo absoluto descabellada. Sea como fuere, el hecho es que en este país la gobernabilidad sigue siendo cosa que se queda en la lejanía de la teoría.
El titular de Bucareli tiene dos aristas principales en el desempeño de su rol: por un lado la de resolución de conflictos y por otro la construcción de alianzas y acuerdos. Ambas en aras de generar la palabra clave que en su mismo nombre la dependencia lleva: gobernabilidad.
Es de hacer notar que durante los sexenios panistas, la Secretaría de Gobernación ha resultado una dependencia inestable y poco eficaz a la hora de impulsar sus metas. Solamente en los 10 años de gobiernos azules han estado en el cargo 5 diferentes funcionarios, 3 de ellos en el gobierno de Calderón, que recientemente cumplió tres años de haber asumido el cargo. Aunque es cierto que también en el pasado reciente en las últimas presidencias del PRI también hubo un buen número de Secretarios de Gobernación, estos sabían hacer política –en el entendido autoritario tricolor- que fuera abriendo caminos al ocupante en turno de Los Pinos.
Pondremos nuestra atención primordialmente en la enorme significancia que tiene –o al menos debería de tener- la Segob para el actual gobierno federal. En primera instancia hay que recordar que Calderón tenía ya un enorme conflicto político mucho antes de asumir el cargo, es decir, el conflicto desatado por la crisis político-electoral del verano de 2006. Aunque lograría llegar a la presidencia por sumamente cuestionables avales legales y acuerdos con el tricolor para entrar por la trastienda de San Lázaro, resultaba a todas luces vital el elegir a un personaje que fuese capaz de comenzar a remendar las muchas y graves heridas gestadas en el proceso de 2006 y que debilitaron de origen a su gobierno. Para dicha tarea se designó a Francisco Ramírez Acuña, panista conservador, ex gobernador de Jalisco con reputación de “duro”. Pero poco fue lo que duró en el cargo, pues no logró realizar acciones de trascendencia para allanar el camino del calderonismo.
Tras de él vino el sorpresivo aunque explicable nombramiento de Juan Camilo Mouriño, mexico-español amigo de Calderón y uno de sus hombres de confianza; a quien se atribuía ser uno de los principales estrategas de la campaña del michoacano. Mouriño comenzó el sexenio como jefe de la oficina de la Presidencia. En enero de 2008 fue nombrado Secretario de Gobernación en sustitución de Ramírez Acuña. Apenas poco más de un mes después de haber asumido el cargo, Andres Manuel López Obrador asestó un certero dardo al joven funcionario y por extensión al gobierno calderonista al dar a conocer documentos que sugerían tráfico de influencias a favor de la empresa familiar de Mouriño (Grupo Energético del Sureste) al serle otorgados contratos de Pemex cuando este era Diputado Federal y después alto funcionario de la Secretaría de Energía. No está de más recordar que la familia Mouriño posee un importante emporio gasolinero en el sureste del país, basado en Campeche.
Mouriño y el resto de los federales fueron lentos y torpes al lidiar con las acusaciones; al tiempo que nueva documentación era presentada por López Obrador. Se creó una Comisión en la Cámara de Diputados para indagar la situación y se le exoneró en mayo de ese mismo año, sin embargo, el objetivo de la oposición estaba cumplido: se había debilitado al que debía ser el principal negociador de los federales, se le ponía en una desfavorable situación ante la opinión pública y sobre todo perdería o al menos vería sumamente minado el término que estos días parece estar de moda: ser un interlocutor válido. Ello no es retórica, significa que el Secretario de Gobernación sea reconocido por los principales actores políticos como un representante legítimo para negociar.
Porque el juego político en un sistema –supuestamente- democrático, pasa por procesos de negociación; la famosa metáfora de la “caja negra” que utilizara David Easton para definir las interacciones entre los distintos actores políticos que producen respuestas a demandas o problemáticas específicas. En noviembre de 2008 Mouriño fallecía en un extraño accidente de aviación, aunque los meses que estuvo en el cargo estuvieron marcados por la inoperancia y la irrelevancia política.
Este hecho daría pie al nombramiento del que hoy es –todavía- titular de la dependencia: Fernando Gómez Mont. El abogado Gómez Mont ha sido panista –o lo era hasta hace algunos días- de toda la vida, pues su padre, Felipe Gómez Mont fue de los primeros en lograr el reconocimiento de triunfos electorales legislativos para la oposición en la década de los cincuenta. Abogado de amplia experiencia y casos polémicos (Raúl Salinas, CNI Canal 40, Pemexgate; por dar algunos ejemplos) es considerado sumamente cercano a uno de los personajes más prominentes del panismo: Diego Fernández de Cevallos. En su momento interpretamos el nombramiento como una clara señal hacia el pragmatismo político capaz de construir acuerdos, principalmente con el PRI, pues es bien sabido que durante la época del salinismo en que Fernández de Cevallos estuvo a la cabeza del PAN en San Lázaro y tiempo después en su papel de senador, se entendía de maravilla con los tricolores.
Aunque sin duda Gómez Mont ha mostrado un poco más de oficio y presencia que sus dos antecesores, su actuar no ha venido a revolucionar la política de los federales ni ha logrado hacer sentir mayor gobernabilidad en el país. En fechas recientes, cuando lleva poco más de un año en el cargo, se ha dado una inesperada ruptura al partido que pertenece prácticamente desde su nacimiento; cisma que no ha quedado del todo claro en sus motivaciones; pero sí en desnudar las fricciones y grietas existentes hacia adentro del PAN y del mismo gobierno federal con el partido.
Nuevamente vuelve el tema electoral como el gran ave de las tempestades coyunturales, pues la manzana de la discordia en este caso han sido las polémicas alianzas que la actual dirigencia panista encabezada por César Nava se encuentra estableciendo con el PRD con el objetivo de combatir el dominio priísta en diversos estados. Lo explica así el Maestro Granados Chapa:
“En su afán de lograr gobernabilidad y reformas, nada de lo cual es posible sin el PRI, Calderón y Gómez Mont ofrecieron a ese partido impedir que el PAN se aliara con el PRD en algunos procesos locales de este año. Manlio Fabio Beltrones ha difundido la versión de que la oferta fue hecha por el propio Presidente de la República a Ulises Ruiz, el Gobernador de Oaxaca, a cambio del apoyo priista en la aprobación del paquete económico para este año (Alejandro Almazán, "Cómo se armaron las insólitas alianzas entre PAN y PRD", emeequis, 1 de febrero).
Si ése fue el origen del compromiso y Gómez Mont únicamente fue encargado de formalizarlo, o si fue iniciativa del entonces panista, el hecho es que se cometió un abuso al ofrecer acciones u omisiones que dependían de la voluntad de terceros. Fue ilegítimo poner en la mesa de negociaciones entre Gobernación y el PRI a un PAN que de ese modo quedaba indefenso, pero que a la postre no se avino a ser pieza de un arreglo ajeno, aunque lo confeccionaran tan eminentes miembros del propio partido y en aras de un presunto fin superior.” (Grupo Reforma, febrero 2010).
Lo anterior puede conducir dos reflexiones interrelacionadas entre sí:
1. El gobierno federal, por su debilidad de origen ante la falta de legitimidad, ha dependido del PRI desde el primer minuto de este sexenio. Saben que la llave para lograr al menos parte de sus objetivos está en negociar con los tricolores, quienes gobiernan a la mayoría de los mexicanos y poseen la fuerza legislativa necesaria para inclinar la balanza. Sin embargo, el PRI mueve su tradicional péndulo a conveniencia y como puede apoyar en un día y una causa al gobierno federal, al día siguiente le da la espalda como su peor enemigo. Ante la complejidad que involucran los delicados cálculos políticos, el gobierno federal en su conjunto pero sobre todo sus secretarios de gobernación, han fallado en su intentona por generar acuerdos y consensos que se traduzcan en éxitos en lo político y lo programático (entendido como acciones concretas, ya sean legislativas o de política pública).
2. Como lo ha reflexionado el Dr. Agustín Basave en un diálogo con CEINPOL, el actual sistema político mexicano muestra cada vez mayor signos de su caducidad, siendo precisamente uno de los principales su complejidad para la construcción de mayorías y cuando estas llegan a obtenerse, es a un costo demasiado alto que muchas veces acaba por minar la gobernabilidad que pretendía generar. El panismo se encuentra distanciado del gobierno federal y actúa no solo contra la voluntad de este, sino en su detrimento, pues no solo se ha perdido la carta de negociación con la que pretendía sumarse el apoyo del PRI, sino que ha quedado al desnudo el cada vez menor peso específico que Calderón y su gobierno ostentan políticamente.
No estamos insinuando que exista como en antaño una imposición presidencial al resto de los actores políticos –lo cual a todas luces es anti-democrático, autoritario e indeseable- sino lo mucho que revela el hecho de que ni siquiera existía un acuerdo previo entre el Presidente del PAN y el gobierno de Calderón en el tema de las alianzas, pues cada uno de ellos, con metas muy distintas en mente, está jalando para su lado. Por lo pronto hay voces que señalan la renuncia de Gómez Mont al PAN como un preámbulo a su salida de la Segob, cosa que no es en lo absoluto descabellada. Sea como fuere, el hecho es que en este país la gobernabilidad sigue siendo cosa que se queda en la lejanía de la teoría.
*Politólogo y analista. Presidente del Consejo Editorial de CEINPOL.
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