Erubiel Tirado
La comparecencia del titular de Seguridad Pública Federal ante los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso (21 de enero), tuvo la singularidad de confirmar una política de convencimiento social y político en el sentido de relativizar la gravedad de la situación del país en la materia. Los legisladores estuvieron expuestos a la argumentación que el gobierno actual está asentando en la opinión pública desde el último tercio del año pasado ayudado de un sector intelectual y académico que trata de imponer una visión que descalifica los problemas de violencia en el país: se mata menos en el país que hace unos lustros y que, bueno, aquellos lugares donde se dispara violencia y los homicidios relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico inseguridad (Ciudad Juárez, Tijuana, por ejemplo) son los que en forma metafórica también disparan la percepción de gravedad de la situación. Se trata, pues, de un asunto de exageración de medios y de meras percepciones.
La alocución del secretario fue ilustrativa en muchos sentidos al exponer, por un lado el tamaño de la fuerza policial del país: 91.3% de elementos estatales y municipales contra el 8.7% de los federales que más o menos, siguiendo un análisis lineal de parámetro de atribuciones en cuanto a los delitos que tienen que perseguir, hay cierta correspondencia: 93% de delitos de fuero común contra 7% de tipo federal en cuanto a la incidencia delictiva en el país. Pero el asunto se distorsiona en cuanto se miran ciertos aspectos que el Secretario omitió ante los legisladores, como es el de la aplicación de los recursos y el modo que se distribuyen entre las agencias federales y las estatales así como las asimetrías que tienen un impacto diferencial en los desarrollos y capacidades policiales en tales niveles. En suma, no se trata solo de la dispersión de la fuerza policial (menos de 100 elementos por municipio) ni de la política salarial que también observa asimetrías que someten a los cuerpos policiales locales a la corrupción y a la intimidación del narco y que se agudiza ante la falta de profesionalización y de condiciones decorosas para prestar sus servicios.
Otras ausencias en las consideraciones del funcionario fueron datos de lo que representa para nuestro país el negocio del narco y el crimen organizado. Si bien quedó establecido que en cuanto al trasiego y comercio de drogas en los Estados Unidos, se trata de un negocio de más de 74 mil millones de dólares, al secretario se le hace un dato “mucho menor” (sin mencionar cifra alguna, claro) que para México se trate de una rentabilidad de entre 25 y 40 mil millones de dólares (The New York Times, 22 de enero). La otra omisión al exponer otro de los temas críticos de su responsabilidad como lo es el sistema penitenciario, es la inexistencia de una política real que depure el trato diferenciado y estructural a procesados y sentenciados, los primo-delincuentes así como los acusados de delitos federales y los del fuero común. La política penitenciaria actual en todo el país no hace distinciones y pervierte la división y capacidad instalada de los centros de detención y las cárceles locales y federales, entremezclando a todos y haciendo un cóctel explosivo del que solo nos damos cuenta (cada vez con más frecuencia) cuando estalla la violencia incontenible en tales sitios, como la semana pasada en Durango donde murieron 24 personas (18 de enero). De esta situación no hubo reflexión alguna como tampoco la hubo respecto de la política que atañe solo a los centros federales cuya seguridad en el sexenio pasado fue objeto de un proceso de militarización que fracasó al no inhibir la actividad de los capos y subjefes del narco, de ahí que en este sexenio se decidiera por el recurso de la extradición a los Estados Unidos.
Quizá el escenario descrito y el futuro un poco optimista del secretario no sean del todo concluyentes a la luz de los 17 mil muertos que van en el sexenio, y con “apenas” unos 385 en lo que va de este naciente año (Excélsior, 25 de enero), la mayoría de ellos en Chihuahua y Baja California. Sin embargo, los cambios tácticos en la estrategia policial y militar traigan un nuevo esquema de negociación con una realidad que se muestra un tanto necia. Cosas de la percepción en un año donde se acumulan fuerzas y recursos para un país que, pese a lo que digan, está en crisis en más de un sentido.
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