La imagen del cardenal Norberto Rivera Carrera con jerarcas de otras denominaciones religiosas pesó toneladas, fue como una losa que comenzó a cargar el gobierno del presidente Felipe Calderón y el sector panista más conservador. La fotografía tomada el 10 de enero en la catedral metropolitana mostraba al arzobispo primado de México, acompañado de ministros de culto de las iglesias ortodoxa y evangélica. Todos unidos, en comunión, contra las modificaciones al Código Civil del Distrito Federal que permiten el matrimonio del mismo sexo y la adopción. “A la Iglesia le quieren prohibir en nombre de Jesús predicar su doctrina, cumplir con su mandato, pero no nos vamos a callar”, desafió la Arquidiócesis.
El arzobispo se movió entre los representantes de otras denominaciones religiosas para mostrar un fuerte músculo, para fortalecer su rechazo a las decisiones de la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Algunos medios presentaron la noticia del 10 de enero como la creación de un frente contra unión legal de personas del mismo sexo y, lo peor, la posibilidad de adopción.
Rivera Carrera se movió en dos terrenos: el legal y el religioso. Con la ayuda del Colegio de Abogados Católicos, recurrió a la Procuraduría General de la República para solicitar al procurador Arturo Chávez Chávez que interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra los matrimonios del mismo sexo y la adopción. El representante legal Armando Martínez Gómez lo presentó como una exigencia de corte partidista: “Creemos que en un partido como Acción Nacional que está preservando valores e identidad familiar recae la responsabilidad de hacer este pronunciamiento: El gobierno federal debe defender de una manera seria y responsable los valores de las familias mexicanas”. Desde el templo, el cardenal también empujó contra las reformas legales y el Partido de la Revolución Democrática.
La mezcla político-religiosa surtió efecto en el gobierno federal. La losa fue demasiado pesada: la PGR anunció la noche del miércoles 27 de enero que presentaba una acción de inconstitucionalidad, bajo el argumento de que la reforma se aparta de la finalidad constitucional de protección de la familia. El vocero de procuraduría, Ricardo Nájera, hizo una interpretación de la Carta Magna sobre la integración de los matrimonios: necesariamente heterosexuales.
“La reforma parte de la tesis de que no existía protección legal del ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo y que desean fundar una familia. Ello no es exacto, pues en el Distrito Federal existe, desde 2006, la institución jurídica de la sociedad de convivencia, que tutela prácticamente los mismos derechos que el matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia. Por otro lado, la PGR considera que la reforma se aleja del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución Federal y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos”, argumentó la PGR.
Desde la noche del miércoles, constitucionalistas anticiparon el fracaso de la acción de inconstitucionalidad presentada por Chávez Chávez, por fundamentar la petición en la falacia del matrimonio heterosexual, como única forma de unión reconocida en la Constitución mexicana. Esa misma noche, la consejera jurídica del DF, Leticia Bonifaz, consideró que el gobierno de Calderón respondió a los grupos más conservadores del país. “Es el brazo del PAN, sin duda, cuando la PGR debe representar los intereses de todos los ciudadanos. Es obvio que esperaron hasta el último momento, al no tener las firmas posibles en la Asamblea, pues va el plan B”, dijo.
La víspera de la decisión de la PGR, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, dijo que la iglesia católica no pretende imponer el catolicismo en todo el país; sólo quiere hacer escuchar su voz. “Nos quieren silenciar a los obispos, y tener libertad sólo ellos para ofendernos y desacreditarnos”. No fue así y el presidente Calderón fue el primero en escuchar y atender a la jerarquía católica en el litigio contra los matrimonios del mismo sexo y la adopción.
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