La legislación mexicana, de ser una legislación muy laxa hasta los años 80, se ha ido restringiendo en sus tratamientos blandos; sin embargo, a pesar de esto, el indicador fiscal no se ha movido sustancialmente pues desde los años 80 y hasta la fecha, seguimos recaudando alrededor de 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Así, nuestro sistema fiscal sigue siendo auténticamente un queso gruyer pues solamente el presupuesto de gastos fiscales (presupuesto de lo que las leyes fiscales permiten no pagar) supera cada año los 400,000 mdp, sin contabilizar en éste el monto de la economía informal que podría representar otros 800,000 mdp.
La consolidación fiscal ofrece a los contribuyentes (corporativos) varios beneficios, sin embargo el mayor de ellos es el hecho de que las subsidiarias de los corporativos pueden consolidar (sumar algebraicamente) sus utilidades con las pérdidas de las demás empresas del grupo. Esto significa que si pensáramos en un grupo empresarial con dos empresas, donde una ganara digamos 1,000 pesos y la otra perdiera la misma cantidad, la base fiscal a nivel del grupo sería igual a cero y no habría impuesto; si otro grupo tuviera las mismas dos empresas, y una ganara y la otra perdiera pero no estuviera consolidando fiscalmente, la que ganó pagaría 28% de la utilidad, o sea unos 280 pesos y la que perdió se quedaría con su pérdida. Esto resulta sencillo de entender, lo que resulta complicado de explicar es el porqué estos grandes grupos que tienen una capacidad contributiva enorme sencillamente no aportan su parte que les corresponde para hacer frente al gasto público.
La explicación podría estar en el hecho de que posiblemente el gobierno busca incentivar el desarrollo de estos grandes grupos utilizando herramientas de política económica. La política económica tiene dos grandes herramientas: la política monetaria y la política fiscal. La primera tiene que ver con el cómo el gobierno incentiva la economía a base de reducir o aumentar la tasa de interés, la base monetaria, el tipo de cambio y demás cuestiones. La política fiscal tiene que ver con el cómo el gobierno puede incentivar la economía a base de bajar los impuestos o de subirlos, si esa es la situación.
El régimen de la consolidación de bases fiscales es en sí una herramienta de política fiscal, esto es, el incentivar a los grandes grupos para que tengan estas ventajas en nuestra legislación debería explicarse por algún tipo de utilidad pública, o sea si el gobierno ha decidido exentar del pago a estos grandes grupos por casi cien años debe tener una explicación en términos de beneficio social. Cualquiera podría decir que una cadena de supermercados extranjera puede no pagar impuestos en México a cambio de darnos precios bajos siempre, o que un banco de Hong Kong puede operar en México sin pagar impuestos gracias a que nos otorgue cajeros automáticos o que una cadena de tiendas amarillas que vende planchas y licuadoras puede beneficiarse del no pago de impuestos, siempre que nos venda en abonos pequeños para que no nos cueste.
Todo esto suena ridículo, no hay justificación para que no paguen en tiempo y forma los impuestos al igual que lo hacemos cualquiera de nosotros.
¿El lector encuentra alguna explicación para sostener este tipo de regímenes fiscales? No existe alguno y menos cuando se nos ha dicho que la base de exportación del petróleo se ha reducido prácticamente a la mitad. Hoy ya no tiene justificación ni este régimen, ni la tasa cero en medicamentos, ni la exención de los sindicatos, ni las facilidades administrativas que favorecen groseramente a los transportistas y a los emporios que operan el campo, ni nada de esto.
La solución es muy sencilla: hagamos una sola ley que nos grave a todos por igual y sin distinción alguna, sin excepción alguna. O todos coludos o todos rabones.
Presidente de la Academia Mexicana de Investigación Fiscal
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