Estrictamente Personal
Raymundo Riva PalacioLa profecía se auto cumplió. La guerra sucia derivada de la guerra contra las drogas, ya produjo las primeras desapariciones forzosas totalmente documentadas. Se trata de los jóvenes José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, sacados por un comando militar de su domicilio en Ciudad Juárez la mañana del 14 de noviembre de 2008 y trasladados, en calidad de detenidos, al 20o. Regimiento de Caballería Motorizada. Desde entonces, hace más de un año, nadie sabe de su paradero.
La reconstrucción de ese episodio está hecha a partir exclusivamente de documentos oficiales -partes de novedades, oficios y documentos anexos- emitidos por la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, donde afloran las contradicciones y se establecen claramente las responsabilidades.
El Ejército negó toda participación en los hechos de aquella mañana hace poco más de un año. Las tres autoridades civiles la desmienten, con lo cual se establece el primer caso documentado oficialmente sobre quién detuvo a los hermanos Guzmán Zúñiga, a dónde los llevaron y la inexistencia de informes militares sobre los jóvenes. Pero sobre todo, se identifica en manos de quién estaban cuando fueron vistos por última vez.
Los hechos del incidente fueron armados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a partir los expedientes oficiales del caso y de testigos que describen que ese 14 de noviembre, aproximadamente 40 soldados y miembros de la Policía Federal Preventiva llegaron al domicilio de los padres de los jóvenes. Según los testimonios, únicamente entraron soldados, quienes salieron de la casa con José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, que traían los rostros cubiertos por una tela negra y los subieron a vehículos militares.
La CNDH recibió una queja de los padres de ellos, Javier Antonio Guzmán y Gloria Zúñiga cinco días después de la desaparición de sus hijos. Tras una investigación en campo, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional respuesta a una petición de información. En el oficio DH-E-9107 del 16 de diciembre de 2008, el director general de Derechos Humanos de la dependencia, afirmó que ningún personal militar participó en la detención y desaparición de los jóvenes. Entonces, el organismo volteó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuyos elementos también fueron vistos en el operativo.
El 6 de enero de 2009, la directora para la Defensa de los Derechos Humanos de la SSPF entregó un oficio, que incluyó una serie de documentos, como el parte de novedades del 14 de noviembre, emitido por el 16o. Agrupamiento de Reacción y Alerta Inmediata en Ciudad Juárez (PF/CFFA/2BRAI/CDJUAREZ/68/2008), donde confirmó la participación de policías federales, pero únicamente para brindar “seguridad periférica” (se quedaron fuera de la casa), mientras los soldados entraban y detenían a los jóvenes.
Para sustentar ese informe, la SSPF incluyó la copia de otro parte de novedades (PF/CFFA)2BRAI/16ARAI/CDJUAREZ/68/2008), que fue rendido a las 9 de la noche del 14 de noviembre en que se realizó el operativo. En él se decía que a las 8 de la mañana de ese día, policías federales salieron de la corporación a bordo de dos vehículos oficiales a fin de realizar las actividades de la Operación Conjunta Chihuahua, en coordinación con 15 elementos de tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional, al mando de un teniente de Infantería del Ejército. Aproximadamente a las 11 de la mañana, agrega el parte:
“… se apoyó en una intervención a una casa habitación ubicada en la calle profesor Bustamante y Dina Rico, colonia Independencia, donde se aseguraron 02 individuos de nombres José Luis Guzmán Zúñiga de 29 años de edad, presunto extorsionador de yonkeros; y Carlos Guzmán Zúñiga de 28 años de edad, en posesión de una bolsa conteniendo una sustancia con características similares a la cocaína, los cuales fueron trasladados a las instalaciones del 20/0. Reg. de Cab. Mot. reincorporándose sin novedad”.
Sobre la base de la documentación aportada por la SSPF, quedó evidenciado que sí participaron en el operativo militares al mando de un teniente de Infantería, que no se ha identificado, que contradice totalmente la afirmación del director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa, que negó participación alguna. La PGR y la Procuraduría de Chihuahua notificaron a la CNDH que los militares nunca pusieron a su disposición a José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga. Para la CNDH, los militares que participaron en el operativo del 14 de noviembre del año pasado, realizaron una “desaparición forzada” de ellos.
Desaparición forzada, de acuerdo con la Convención Interamericana en la materia, es “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se mide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Este episodio, no aclarado aún por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuestionada hoy en día por abusos en el combate al narcotráfico, remonta a la sociedad mexicana a los años 70, los más crudos de la Guerra Sucia, que abrieron una herida que hasta la actualidad, no ha podido cerrar. El gobierno federal tiene que dar una respuesta y castigar a los responsables de esas desapariciones a fin de evitar que la negligencia ayude a conformar un patrón que muchos no queremos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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