Pemex niega boicot a Contralínea

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La paraestatal no aceptó la recomendación de la CNDH

El gobierno federal, a través de Pemex, rechazó la recomendación 57/2009 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el pasado 14 de septiembre y en la que se le solicitaba reparar el agravio cometido a los derechos de igualdad y libertad de expresión de periodistas de la revista Contralínea.

El exhorto responde a una queja interpuesta el 18 de septiembre de 2008 por Ana Lilia Pérez Mendoza, reportera de la revista Contralínea, y el director, Miguel Badillo, quienes expusieron que habían sido objeto de un veto publicitario por parte Pemex, luego publicar y documentar una serie de fraudes millonarios cometidos por directivos de la paraestatal.

Después de un año de investigación, la CNDH resolvió que el gobierno federal no cuenta con “procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de la publicidad oficial”.

Sin embargo, Pemex se lavó las manos.

“Las realidades de comunicación se atienden de conformidad con el programa autorizado y con un plan de medios, por lo que resultaría imposible contemplar la posibilidad de asignar publicidad para las más de 400 revistas registradas en el padrón nacional de medios impresos certificados emitido por la Secretaría de Gobernación. Es necesario entender que no todos los medios de comunicación pueden ser contratados”. Éste fue el argumento esgrimido por los directivos de Pemex a la CNDH. La respuesta fue hecha el pasado 5 de octubre.

Por su parte, el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, el otro sujeto implicado en la queja, sí aceptó la recomendación de la CNDH, por lo que emprenderá una revisión del expediente que se radicó en el juzgado décimo tercero de lo civil en Guadalajara, mismo que ordenó la detención de Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo. También aseguró que girará un oficio a los juzgados de primera instancia para evitar que “en el ejercicio de un derecho pueda generarse un medio indirecto -como puede ser el acoso judicial-, para atentar contra la libertad de expresión”.