20 de octubre de 2009
Noticias | Nacional
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
foto: Felix Reyes
MÉXICO, D.F., 14 de octubre (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encontró responsable al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto con la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), entre 2006 y 2007.
Por mayoría de ocho votos contra tres, los ministros determinaron que el gobernador fue omiso en garantizar la seguridad pública, propiciando el desorden generalizado por parte de particulares y que afectó los derechos fundamentales de la comunidad.
Sin embargo, también por una mayoría de ocho votos, decidieron excluir a las autoridades federales del gobierno del expresidente Vicente Fox.
De esa manera, exculparon al entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), Ardelio Vargas Fosado, actual diputado del PRI por Puebla y presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
También fue liberado de responsabilidad el entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP (hoy Policía Federal), Héctor Sánchez Gutiérrez, quien recién fue designado secretario de Seguridad Pública de Campeche.
La decisión de la Corte será notificada al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, puesto que éste solicitó que la Corte ejerciera su facultad de investigación.
La resolución carece de efectos vinculantes, por lo que dependerá de la Cámara de Diputados si se solicita el juicio político contra Ruiz; mientras que la investigación de los delitos violatorios de los derechos humanos dependerá de las autoridades de procuración de justicia.
Desde la reforma judicial de 1995, es la segunda ocasión en que la Corte determina la responsabilidad de un gobernador. El primero fue Rubén Figueroa, de Guerrero, por la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, en 1996.
En la sesión extraordinaria del pleno de la Corte realizada este miércoles, los únicos ministros que pretendieron exculpar del todo al gobernador oaxaqueño fueron Sergio Aguirre Anguiano y Sergio Valls Hernández.
Para el primero, ni siquiera hubo violaciones graves a los derechos humanos en los hechos que, de acuerdo con la Corte, dejaron 12 muertos y cerca de 200 detenidos.
Valls dijo que sí hubo violaciones graves, pero no se podían atribuir al gobernante, pues "no tenía la obligación de cuidar a la fuerza pública" que cometió los abusos.
El ministro Mariano Azuela, quien estuvo a cargo del proyecto de resolución, proponía que la responsabilidad del gobernador era "atenuada", pues carecía de recursos para tener una policía eficaz y profesional.
Al momento de votar si la participación del gobernador tenía tal carácter, la ministra Margarita Luna Ramos decidió sumarse al ponente, con lo que fueron cuatro los ministros que salieron en defensa del gobernador. El resto de los siete ministros decidió que se trataba de una responsabilidad "lisa y llana".
Ante la posibilidad de que se inicie un juicio político contra el gobernador, Marco Tulio Ruiz, abogado del gobernante, declaró al final de la sesión: "Estamos listos para cualquier escenario".
La mayoría de ministros resolvió también que como parte de la violación grave a los derechos humanos durante el conflicto, estuvo el del derecho de acceso a la información.
El ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, precisó en qué consistía la responsabilidad del gobernador y por qué había que excluir al gobierno de Fox:
"El deber de actuar fundamental se centra en el gobernador. La Federación no tenía la obligación de intervenir de inmediato... No se cuidó el orden público en la ciudad y esta omisión es a cargo del gobernador... (lo que) dio como resultado el desorden generalizado, por parte de los particulares, y la afectación de derechos fundamentales."
Al excluir al anterior gobierno, los ministros resolvieron que el de Felipe Calderón tampoco tiene responsabilidad, a pesar de los hechos ocurridos en julio de 2007, durante la Guelaguetza, en el cerro de El Fortín.
Limitados al gobierno oaxaqueño, los ministros se quedaron con los nombres de los funcionarios mencionados en el proyecto: el director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas; y el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.
La investigación -que duró un año y medio- también identificó a diez mandos, entre ellos, Juan Benigno Villalobos, Felipe Gómez Julián, Ednorberto Juan Zacarías, Pedro Cruz Francisco, Manuel Rodríguez Sotero, Gonzalo Ríos López y Armando Cruz Sánchez.
Excluidos los mandos operativos de la PFP, los agentes oaxaqueños serán los únicos que carguen con la acusación de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los operativos del 14 de junio de 2006 para desalojar a la Sección XXII del SNTE, y el efectuado el 28 de octubre de ese mismo año para acabar con el movimiento de la APPO, así como del enfrentamiento que de julio de 2007.
APPO exige la renuncia de Ulises Ruiz
Luego del dictamend e la Corte, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
Por mayoría de ocho votos contra tres, los ministros determinaron que el gobernador fue omiso en garantizar la seguridad pública, propiciando el desorden generalizado por parte de particulares y que afectó los derechos fundamentales de la comunidad.
Sin embargo, también por una mayoría de ocho votos, decidieron excluir a las autoridades federales del gobierno del expresidente Vicente Fox.
De esa manera, exculparon al entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), Ardelio Vargas Fosado, actual diputado del PRI por Puebla y presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
También fue liberado de responsabilidad el entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP (hoy Policía Federal), Héctor Sánchez Gutiérrez, quien recién fue designado secretario de Seguridad Pública de Campeche.
La decisión de la Corte será notificada al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, puesto que éste solicitó que la Corte ejerciera su facultad de investigación.
La resolución carece de efectos vinculantes, por lo que dependerá de la Cámara de Diputados si se solicita el juicio político contra Ruiz; mientras que la investigación de los delitos violatorios de los derechos humanos dependerá de las autoridades de procuración de justicia.
Desde la reforma judicial de 1995, es la segunda ocasión en que la Corte determina la responsabilidad de un gobernador. El primero fue Rubén Figueroa, de Guerrero, por la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, en 1996.
En la sesión extraordinaria del pleno de la Corte realizada este miércoles, los únicos ministros que pretendieron exculpar del todo al gobernador oaxaqueño fueron Sergio Aguirre Anguiano y Sergio Valls Hernández.
Para el primero, ni siquiera hubo violaciones graves a los derechos humanos en los hechos que, de acuerdo con la Corte, dejaron 12 muertos y cerca de 200 detenidos.
Valls dijo que sí hubo violaciones graves, pero no se podían atribuir al gobernante, pues "no tenía la obligación de cuidar a la fuerza pública" que cometió los abusos.
El ministro Mariano Azuela, quien estuvo a cargo del proyecto de resolución, proponía que la responsabilidad del gobernador era "atenuada", pues carecía de recursos para tener una policía eficaz y profesional.
Al momento de votar si la participación del gobernador tenía tal carácter, la ministra Margarita Luna Ramos decidió sumarse al ponente, con lo que fueron cuatro los ministros que salieron en defensa del gobernador. El resto de los siete ministros decidió que se trataba de una responsabilidad "lisa y llana".
Ante la posibilidad de que se inicie un juicio político contra el gobernador, Marco Tulio Ruiz, abogado del gobernante, declaró al final de la sesión: "Estamos listos para cualquier escenario".
La mayoría de ministros resolvió también que como parte de la violación grave a los derechos humanos durante el conflicto, estuvo el del derecho de acceso a la información.
El ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, precisó en qué consistía la responsabilidad del gobernador y por qué había que excluir al gobierno de Fox:
"El deber de actuar fundamental se centra en el gobernador. La Federación no tenía la obligación de intervenir de inmediato... No se cuidó el orden público en la ciudad y esta omisión es a cargo del gobernador... (lo que) dio como resultado el desorden generalizado, por parte de los particulares, y la afectación de derechos fundamentales."
Al excluir al anterior gobierno, los ministros resolvieron que el de Felipe Calderón tampoco tiene responsabilidad, a pesar de los hechos ocurridos en julio de 2007, durante la Guelaguetza, en el cerro de El Fortín.
Limitados al gobierno oaxaqueño, los ministros se quedaron con los nombres de los funcionarios mencionados en el proyecto: el director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas; y el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.
La investigación -que duró un año y medio- también identificó a diez mandos, entre ellos, Juan Benigno Villalobos, Felipe Gómez Julián, Ednorberto Juan Zacarías, Pedro Cruz Francisco, Manuel Rodríguez Sotero, Gonzalo Ríos López y Armando Cruz Sánchez.
Excluidos los mandos operativos de la PFP, los agentes oaxaqueños serán los únicos que carguen con la acusación de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los operativos del 14 de junio de 2006 para desalojar a la Sección XXII del SNTE, y el efectuado el 28 de octubre de ese mismo año para acabar con el movimiento de la APPO, así como del enfrentamiento que de julio de 2007.
APPO exige la renuncia de Ulises Ruiz
Luego del dictamend e la Corte, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
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