Retroceso autoritario - Ana Laura Magaloni Kerpel

REFORMA

Retroceso autoritario

Ana Laura Magaloni Kerpel

¿Cuál es el calibre y la profundidad del retroceso autoritario de este sexenio en materia de tortura y arbitrariedad policiaca? ¿Cómo revertir lo antes posible este deterioro?

Jorge Ferreira es un joven de 22 años que acaba de salir de la cárcel gracias al trabajo de Javier Cruz y los estudiantes de derecho que participan en la Clínica de Interés Público del CIDE. Se le acusaba de homicidio y extorsión. Las pruebas en su contra fueron dos confesiones extraídas bajo tortura, la de él y la de su coacusado. Tomó casi dos años que un tribunal federal estuviese dispuesto a considerar como prueba ilícita una confesión que indudablemente fue producto de la coacción y golpes de la policía. Jorge Ferreira tuvo la buena estrella de que sus padres lograron contactar a Javier Cruz, director de la Clínica del CIDE, y que éste pudo llevar el caso. Sin embargo, ¿cuántos miles de jóvenes, en las mismas circunstancias que Jorge, hoy compurgan sentencias de muchos años de prisión producto de confesiones extraídas por tortura? ¿Cuál es el calibre y la profundidad del retroceso autoritario de este sexenio en materia de tortura y arbitrariedad policiaca? ¿Cómo revertir lo antes posible este deterioro?

El testimonio de Jorge Ferreira es estremecedor. Lo detuvo la policía, quien ingresó a su casa sin orden de aprehensión. Con una pistola en la cabeza, lo levantaron de la cama, lo vistieron, lo esposaron y lo llevaron a un sitio que parecía una bodega. Las formas de coacción y tortura no fueron improvisadas. La intensidad de los golpes y maltratos se fue incrementando conforme pasó el tiempo. Jorge cuenta que lo acostaron boca arriba, le amarraron los pies y las manos y le echaron agua en la cara al mismo tiempo que le quemaban los pies para provocar que respirara rápidamente y generar asfixia. También cuenta que la policía cortaba cartucho y le ponía la pistola en la cabeza. No faltaron los shocks eléctricos en los testículos ni tampoco los golpes en el estómago hasta que perdió el conocimiento. Me llama la atención que Jorge recuerda que mientras lo torturaban había varios funcionarios vestidos con traje que tomaban notas. También señala que el médico legista, quien tenía que dar fe de las lesiones, era un cómplice más de este aparato autoritario. Después de varias horas de "interrogatorio", Jorge accedió a firmar su confesión. Dado el estado físico en el que se encontraba, sólo pudo estampar su huella digital en el papel.

Cuando Jorge llega al juzgado, solicita que el médico del reclusorio de fe de sus lesiones. El certificado médico es impresionante: Jorge tiene golpes en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. En su declaración preparatoria ante el juez, Jorge cuenta que su confesión en el MP fue extraída con tortura. Sin embargo, el juez, sin más, le dicta auto de formal prisión. La defensa apela esa decisión y la Sala Séptima de lo Penal de Tribunal Superior de Justicia del DF niega el recurso. La Clínica del CIDE promueve amparo y el juez Décimo Primero de Distrito en Materia Penal niega el amparo. La Clínica promueve la revisión y, finalmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito accede a dejar en libertad a Jorge con el argumento de que la detención fue ilegal y la confesión fue extraída por tortura. Para este momento, habían pasado casi dos años desde que Jorge fue detenido. Es mucho tiempo para hacer valer un derecho tan básico como el de no declarar bajo coacción.

El caso de Jorge Ferreira me permite ponerle rostro e historia a las crecientes denuncias de casos de tortura a las que hacen referencia los reportes de organismos internacionales de derechos humanos. Todo parece indicar que, con pretexto de la guerra contra el narcotráfico, las policías y procuradurías del país han reinstaurado la peor de sus prácticas autoritarias: la tortura como método de investigación criminal y la confesión ante el MP como prueba reina en el juicio penal. ¿Cómo detener esta espiral autoritaria en la que se encuentran nuestras instituciones de seguridad y justicia?

No es el Ejecutivo ni el Legislativo quienes pueden frenar este tipo de conductas. La eficacia de los derechos humanos y el control a la arbitrariedad policial son funciones del Poder Judicial. Los abusos existen porque los jueces los avalan. Necesitamos urgentemente un cambio de paradigma en la cultura judicial. En el caso de Jorge Ferreira, tres instancias judiciales consideraron prueba suficiente para someterlo a proceso las confesiones extraídas por tortura. ¿Cómo propiciar un cambio de mentalidad en los jueces? Sin duda, éste es el mayor desafío de cualquier reforma a la justicia. Se necesitan nuevos liderazgos al interior del Poder Judicial y, en particular, al interior de la Suprema Corte. La apuesta política debe ser la configuración de una maquinaria judicial capaz de articular de forma consistente y ordenada el lenguaje de los derechos humanos propio de las democracias constitucionales. Sin ello, nuestra democracia seguirá siendo delgadita y frágil y nuestras instituciones de seguridad arbitrarias y corruptas.

12 junio de 2012