Arrecia
en Europa la tormenta contra el Estado de bienestar. Las acciones
instrumentadas en España por el gobierno de Mariano Rajoy, con el fin
declarado de reordenar la economía, trastocan uno de los pilares básicos
de la cohesión social: el acceso universal a la salud. De esta forma,
se comienza a introducir el “copago” por consultas y medicamentos, tal
como ocurre también en Italia desde el año anterior, se restringe el
acceso a los servicios médicos para los inmigrantes en situación
irregular y se anuncia el cierre de hospitales, como en Baleares.
Comprometer
la salud de la población —uno de los aspectos clave del bienestar
individual y colectivo de toda sociedad— en pos de recuperar la esquiva
confianza de los mercados, vía la reducción del déficit, revela las
prioridades y capacidades de quien gobierna, pero también es reflejo del
sentido común dominante de la época, donde los derechos básicos
empiezan a ser supeditados a intereses económicos particulares. Entre
otras cosas, medidas como el copago afectarán más a los ancianos y a los
enfermos crónicos —quienes más acuden al doctor— y estimulan la demanda
privada de salud como lo muestra el repunte de los seguros médicos
privados.
Los
decretos que acotan la prestación de servicios de salud en España se
han llegado a cuestionar como inconstitucionales, pues una decisión del
Ejecutivo no puede anular la vigencia de derechos establecidos en la
Constitución.
En
Estados Unidos la ampliación de los servicios de salud ha significado
la manzana de la discordia en materia social entre el presidente Barack
Obama y la oposición conservadora, que ve a la prestación universal como
una imposición autoritaria contra la libertad individual.
En
México, donde jamás se construyó un Estado de bienestar digno de tal
nombre y a pesar de la fragilidad e insuficiencia fiscal que nos
caracteriza, uno de los pocos consensos rescatables entre las tres
principales fuerzas políticas se da en la propuesta de contar con un
sistema de salud universal, que sustituya a la fragmentación existente
en la oferta pública de salud —IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Pemex,
Fuerzas Armadas, institutos de seguridad social de las entidades
federativas, etcétera—, que incremente y haga menos desigual la
cobertura de los paquetes de servicios e iguale, hacia arriba, la
atención de los servicios.
El
consenso en la propuesta, de la que no sólo participan fuerzas
políticas sino que ha sido propuesta desde la academia, como es el caso
del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, o desde el sector
privado como por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, también abarca
el reconocimiento de que la salud debe financiarse con cargo en
impuestos generales, aunque las discrepancias afloran cuando se discute
qué tipo de impuestos: desde el grupo auspiciado por la UNAM, por
ejemplo, el énfasis está en impuestos progresivos, que graven más a
quien más ingresos tiene, lo que no se expresa con claridad suficiente
en las propuestas de los candidatos presidenciales.
@ciromurayama
Investigador de la Facultad de Economía de la UNAM
Investigador de la Facultad de Economía de la UNAM
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