jueves, 3 de mayo de 2012

La salud: ¿derecho o mercancía? - Ciro Murayama


Arrecia en Europa la tormenta contra el Estado de bienestar. Las acciones instrumentadas en España por el gobierno de Mariano Rajoy, con el fin declarado de reordenar la economía, trastocan uno de los pilares básicos de la cohesión social: el acceso universal a la salud. De esta forma, se comienza a introducir el “copago” por consultas y medicamentos, tal como ocurre también en Italia desde el año anterior, se restringe el acceso a los servicios médicos para los inmigrantes en situación irregular y se anuncia el cierre de hospitales, como en Baleares.

Comprometer la salud de la población —uno de los aspectos clave del bienestar individual y colectivo de toda sociedad— en pos de recuperar la esquiva confianza de los mercados, vía la reducción del déficit, revela las prioridades y capacidades de quien gobierna, pero también es reflejo del sentido común dominante de la época, donde los derechos básicos empiezan a ser supeditados a intereses económicos particulares. Entre otras cosas, medidas como el copago afectarán más a los ancianos y a los enfermos crónicos —quienes más acuden al doctor— y estimulan la demanda privada de salud como lo muestra el repunte de los seguros médicos privados.
Los decretos que acotan la prestación de servicios de salud en España se han llegado a cuestionar como inconstitucionales, pues una decisión del Ejecutivo no puede anular la vigencia de derechos establecidos en la Constitución.
En Estados Unidos la ampliación de los servicios de salud ha significado la manzana de la discordia en materia social entre el presidente Barack Obama y la oposición conservadora, que ve a la prestación universal como una imposición autoritaria contra la libertad individual.

En México, donde jamás se construyó un Estado de bienestar digno de tal nombre y a pesar de la fragilidad e insuficiencia fiscal que nos caracteriza, uno de los pocos consensos rescatables entre las tres principales fuerzas políticas se da en la propuesta de contar con un sistema de salud universal, que sustituya a la fragmentación existente en la oferta pública de salud —IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Pemex, Fuerzas Armadas, institutos de seguridad social de las entidades federativas, etcétera—, que incremente y haga menos desigual la cobertura de los paquetes de servicios e iguale, hacia arriba, la atención de los servicios.
El consenso en la propuesta, de la que no sólo participan fuerzas políticas sino que ha sido propuesta desde la academia, como es el caso del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, o desde el sector privado como por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, también abarca el reconocimiento de que la salud debe financiarse con cargo en impuestos generales, aunque las discrepancias afloran cuando se discute qué tipo de impuestos: desde el grupo auspiciado por la UNAM, por ejemplo, el énfasis está en impuestos progresivos, que graven más a quien más ingresos tiene, lo que no se expresa con claridad suficiente en las propuestas de los candidatos presidenciales. 
@ciromurayama
Investigador de la Facultad de Economía de la UNAM