Desde hace muchos años conozco a la CNPA (Coordinadora Nacional Plan de Ayala). Desde que surgieron en la región Marqués de Comillas en el Chiapas, el 6 de julio de 1991 y, según sus palabras, “ante el abuso de los distintos niveles de gobierno y como una respuesta organizada para luchar contra las injusticias de que es objeto la población, así como también para impulsar el desarrollo de las comunidades, la respuesta organizada para luchar contra las injusticias de que es objeto la población así como también para impulsar el desarrollo de las comunidades, la defensa de sus recursos naturales, la tierra, entre otros”.
La lucha que desde entonces emprendieron y la defensa solidaria de las comunidades, los han enfrentado “con los poderes locales (caciques) de distintas regiones del estado, enquistados en distintos partidos y, sobre todo, nos han enfrentado con la clase política que ha mal gobernado Chiapas por décadas”.
Quiero expresar a mis lectores que en muchas ocasiones (porque mis convicciones y compromisos con los humillados y ofendidos me lo ordenan) cedo el espacio que requieran sus reclamos y denuncias de injusticia, porque me parece inaudito que no tengan dónde expresarse.
En esta ocasión quiero dar cabida a un asunto grave. Quienes me escriben y han acudido a mi oficina de la defensoría de derechos humanos del Senado, dicen que el 7 de abril de 2009, el gobierno desató la violencia contra los familiares que estaban instalados en un plantón pacíficamente frente al Palacio de Gobierno y se detuvo a cuatro personas; asaltaron y saquearon la oficina ubicada en la colonia Pontinaspak de Tuxtla Gutiérrez y se detuvo de forma ilegal a Eric Bautista Gómez, actualmente preso en Tapachula. Y, por si fuera poco, también en el penal de El Amate fue disuelta violentamente la huelga de hambre que sus compañeros presos sostenían como una forma de protesta por su encarcelamiento injusto.
El mismo 7 de abril, desalojaron el plantón que mantenían familiares de los presos políticos a las de puertas del Palacio de Gobierno, detuvieron a cinco hijos de los presos y desalojaron dentro del penal de El Amate a los presos que permanecían en huelga de hambre.
Ante los malos tratos en los diversos penales de Chiapas, cuatro de los presos iniciaron una huelga de hambre el 29 de marzo del 2010 (entre ellos Eric Bautista Gómez). Por todo esto, sus compañeros realizaron una marcha que arribó al DF el 10 de abril del 2010. Antes de la llegada de la marcha, Gobernación se había comprometido a tener una reunión el 7 de abril del 2010 con Francisco Jiménez Pablo, dirigente nacional de CNPA MN, quien se entrevistaría con el coordinador de asesores del subsecretario de Gobernación. A la cita, en vez de llegar el citado funcionario, llegó un operativo de la Policía Federal que detuvo a Francisco, a quien mantuvieron incomunicado hasta que fue trasladado al penal de máxima seguridad ubicado en El Rincón, Tepic, Nayarit. Actualmente se encuentra en precarias condiciones de salud y no se le permite atención médica adecuada, además permanece incomunicado.
Lo que se exige al gobierno de Chiapas es: cese a la persecución, hostigamiento y encarcelamiento de simpatizantes, militantes y dirigentes de la Organización Libertad, a Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez. Solución a las familias desplazadas de la colonia Emiliano Zapata en Tuxtla Gutiérrez. Solución a las familias afectadas por el taponamiento del río Grijalba. Solución a las demandas sociales y productivas de las comunidades.
Al gobierno federal, intervenir ante el gobierno de Chiapas a fin de que se generen mecanismos de diálogo que permitan solucionar las demandas planteadas.
Dirigente del Comité Eureka
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