Pulso Ciudadano
Hoy, la conmemoración por el 74 aniversario de la expropiación petrolera coincide con los persistentes intentos y los consecuentes avances de las autoridades federales por lograr, así sea a trasmano y en los hechos, la supresión del estatuto nacional de la industria petrolera y la entrega de los filones más redituables de ésta a compañías privadas, sobre todo a las internacionales.
El reciente acuerdo bilateral sobre yacimientos transfronterizos, suscrito por los gobiernos e Obama y Calderón en febrero pasado, ha sido objeto de sospecha por cuanto pudiera fungir como la puerta de entrada para la operación de compañías trasnacionales al sector petrolero nacional. Significativamente, por estos días el diario La Jornada ha dado a conocer el contenido de sendos cables diplomáticos filtrados por Wikileaks en los que el ex embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, afirma que ésa es precisamente la intención del gobierno calderonista, según declaraciones hechas por la anterior secretaria de Energía, Georgina Kessel, al defenestrado diplomático estadunidense. Si se da crédito a lo escrito por Pascual en esos documentos, ha de concluirse que el gobierno federal mintió abiertamente a la población al afirmar, el 20 de febrero del año en curso, que el acuerdo bilateral sobre yacimientos en la frontera marítima común se había negociado “con respeto absoluto a nuestra soberanía”.
La pretensión de valerse del citado pacto bilateral para profundizar la dislocación del patrimonio nacional en materia petrolera sería, en caso de confirmarse, la expresión más reciente de los afanes entreguistas de la actual administración federal, pero no es la única. De hecho, el gobierno federal ha venido ensayando a lo largo de todo el sexenio intentonas privatizadoras, ya sea mediante el cuento del “tesoro en aguas profundas”, con la propuesta de reforma petrolera abiertamente privatizadora de 2008 o a través los llamados “contratos integrales de servicios”, que resulta indistinguibles, según diversos especialistas, de los inconstitucionales contratos de riesgo o incentivados.
Y si se toma como referencia el ciclo de presidencias neoliberales en el país, habrá que concluir que los afanes entreguistas del calderonismo –si bien han sido llevados a niveles particularmente inadmisibles— no son nuevos: recuérdese, por ejemplo, la reclasificación de los productos petroquímicos básicos en secundarios durante el gobierno de Miguel de la Madrid, lo que permitió que aquéllos pudieran ser fabricados por particulares; o la promulgación de la Ley Orgánica de Pemex y Organismos Subsidiarios, en el periodo de Carlos Salinas, con lo que se concretó la desintegración de la paraestatal en cuatro empresas subsidiarias de carácter descentralizado; o la creación, en tiempos de Ernesto Zedillo, de los Proyectos de Inversión con impacto Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), mediante los cuales Pemex ha adquirido una deuda excesiva con los capitales privados; o el esquema de contratos de servicios múltiples que impulsó Vicente Fox, diseñado para favorecer a las empresas privadas.
Durante los últimos cinco lustros, la conquista histórica obtenida por el régimen de Lázaro Cárdenas y el pueblo de México hace 74 años ha sufrido severos reveses. Pero no todo está perdido: el mandato constitucional en materia petrolera, que confiere a la nación potestades y propiedad exclusiva, sigue vigente, y corresponde a la sociedad actual defenderlo y exigir al gobierno actual y al entrante –con independencia de su signo político— que lo hagan valer, pues en juego están las posibilidades de desarrollo nacional la soberanía y la viabilidad del país y de sus futuras generaciones.
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