El pacto social - Porfirio Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo

Uno de los ejercicios más sustantivos de la precampaña electoral de López Obrador es la presentación que hacen, en reuniones de expertos, quienes han sido nombrados como posibles miembros de su gabinete del área de gobierno. He sido convocado a dos de ellas: la de Gobernación con Marcelo Ebrard y la de Trabajo y Previsión Social con José Agustín Ortiz Pinchetti.

Durante la primera de ellas se abordaron, en un alto nivel de análisis, asuntos cruciales como las causas y manifestaciones de la terrible inseguridad que padecemos y el diseño de una nueva política de Estado para combatirla, así como las corrientes migratorias que cruzan nuestro país. La cuestión más polémica fue si debe mantenerse un sistema presidencial atenuado por una jefatura de gabinete o deberíamos transitar a un régimen semipresidencial.

El encuentro sobre asuntos del trabajo resultó la cara opuesta de la reforma laboral cacareada por la derecha. Probó con sobra de cifras y argumentos que la tragedia fundamental del país es la ruptura de un pacto social sobre el cual comenzaba a construirse el desarrollo, a pesar de los vicios del corporativismo y el autoritarismo imperantes. El hecho histórico es que la implantación del modelo neoliberal trajo hace ya más de 30 años un desequilibrio alarmante en las relaciones de producción, una reducción constante de las remuneraciones al trabajo, un estrechamiento deliberado del mercado interno y un incremento correlativo de la economía informal.

Alguien observó que lo ocurrido en México sería equivalente a la prolongación de la actual crisis del Mediterráneo europeo durante más de tres décadas, esto es, la reducción de los salarios y el deterioro de las instituciones de bienestar con la consecuente lesión del tejido social y el incremento de las migraciones. Desde la perspectiva política significaría la consolidación de un golpe de Estado tecnocrático durante más de una generación y la desaparición de opciones democráticas verdaderas por la imposición de decisiones fundamentales desde el exterior.

La pérdida continua del valor adquisitivo de la remuneración al trabajo es la más nefasta de las distorsiones ocurridas en la economía mexicana. El Observatorio del Salario Justo considera que los mínimos son 80% inferiores a los de 1976, por lo que comparativamente debieran ser de 6 mil 984 pesos y no de mil 746. Pero si se toma en cuenta su definición constitucional y los incrementos nominales que debieran haber tenido desde entonces, habrían de fijarse en 8 mil 412.47.

El establecimiento de topes salariales es resultado de una política anticonstitucional dictada por las autoridades financieras que han determinado una aberrante concentración del ingreso y nos han convertido en el país más desigual del planeta. Tal depreciación del trabajo humano no guarda relación con la productividad, ya que ésta se ha incrementado sensiblemente a lo largo de los años; tampoco es un fenómeno atribuible al mercado, ya que si dejaran a una negociación libre y genuina entre los factores de la producción, los salarios serían mucho más elevados.

Se trata de una decisión de Estado y es el pivote de una estrategia económica general. Es también parte de una concepción dogmática y probadamente errónea de la inserción de México en la globalización. La pérdida brutal en el ingreso de las clases laborantes ha sido, por cierto, la causa más eficiente de la migración, que no la falta de empleo, según lo demuestran estudios concluyentes. La relación salarial entre México y Estados Unidos que hace 30 años era de cinco a uno, actualmente es de 14 a uno, generando el éxodo masivo.

Dos son en este campo las asignaturas pendientes de la transición mexicana: la libertad y autonomía sindical y la restauración del diálogo social. Una economía distributiva debería fundarse en el diálogo verdadero con el conjunto del empresariado y en la democratización de las organizaciones de trabajadores, factores determinantes en la construcción de una nueva república.

Diputado federal por el PT