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El dinero en efectivo tiene una mala reputación. En la realidad y en el cine, las pacas de billetes remiten al botín de una banda de secuestradores o a los ahorros de una rama de la mafia. Hace unas semanas, un par de funcionarios del gobierno de Veracruz fueron descubiertos con dos maletas que contenían 25 millones de pesos. Una de las últimas veces en que el dinero en efectivo fue noticia de primera plana ocurrió en el decomiso monumental a Zhenli Ye Gon. El vínculo entre el cash y el negocio criminal es tan cercano, que las iniciativas para frenar el lavado de dinero son en esencia diques al uso de efectivo.
El gobierno de Veracruz justificó que el traslado de esos montos en efectivo era para hacer más sencillo el pago de servicios por la organización de fiestas y carnavales. Esto equivale a decir que es más fácil y eficiente enviar una carta por correo postal que por vía electrónica. El pretexto jarocho es un crimen contra la lógica. El problema es que en el código penal no hay sanción para los atentados al sentido común y los insultos contra la inteligencia del prójimo. Sin embargo, en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Veracruz-Llave, sí hay ciertos criterios que, muy probablemente, fueron violados en el caso de las famosas petacas.
Esta legislación regula "la contratación de arrendamientos y servicios relacionados... del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de sus dependencias y demás entidades de la administración pública" (artículo 1). Por lo tanto, la compra de los servicios a la empresa Industria 3 para las festividades regionales sí está sujeta a dicha norma.
La Ley de Adquisiciones sostiene que para venderle al gobierno de Veracruz es obligatorio inscribirse en un padrón de proveedores. Los requisitos para el registro son sencillos y se refieren únicamente a la identidad de las personas físicas o morales y a información sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (artículos 22 y 23). El pasado 8 de febrero, el IMCO realizó una revisión del padrón de proveedores del estado de Veracruz y verificó que la empresa Industria 3 no aparece registrada.
La Ley de Adquisiciones obliga a la publicación de las convocatorias de licitación pública en la Gaceta Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación estatal (artículo 36). El problema es que no hay registros de la convocatoria para la contratación para las fiestas veracruzanas. Probablemente es porque la adquisición no se hizo a través de una licitación pública, sino mediante invitación restringida o adjudicación directa. Sin embargo, la ley establece que la licitación pública es el método principal para adjudicar contratos. La misma norma señala que si el monto de un contrato es superior a 181 mil 612 salarios mínimos, 10.9 millones de pesos, se tendrá que realizar una licitación pública nacional (artículo 27, fracción I). Tampoco hay registro de que el contrato asignado a Industria 3 se haya realizado por licitación pública nacional.
En el caso de las maletas de cash se podrían tipificar varias conductas delictivas, pero la investigación recaerá en los órganos de auditoría interna del propio gobierno de Veracruz. Los empleados directos de Javier Duarte serán los encargados de "resolver" el escándalo de las petacas. El sistema es perfecto para garantizar impunidad: el subalterno fiscaliza al jefe.
Eso sí, estimado lector, que no se te olvide hacer tu declaración mensual de impuestos porque te pueden meter a la cárcel hasta por tres años. Los funcionarios veracruzanos que buscaron borrar la huella bancaria de 25 millones de pesos difícilmente tendrán castigo, pero el contribuyente despistado que olvide presentar su declaración de enero al SAT recibirá todo el peso de la ley.
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