REFORMA
Carmen Aristegui
Baltasar Garzón, el más célebre juez que ha dado España en los tiempos modernos, ha sido inhabilitado como tal por 11 años. El fallo que le asestó el Tribunal Supremo de Justicia, que lleva los juicios en su contra por causas diversas, ha generado indignación y una ola de reacciones.
Esta primera sentencia supone la pérdida definitiva de su condición de juez. Los siete magistrados de la Sala penal lo condenaron por unanimidad, al hallarlo culpable por escuchar las comunicaciones de imputados y abogados en un escandaloso caso de corrupción relacionado con miembros del Partido Popular, conocido como "El caso Gürtell". La historia de una punta de corruptos que han sido exhibidos a partir, precisamente, de las grabaciones ordenadas por el juez.
Garzón rechazó el fallo y anunció que recurrirá la sentencia.
Escribió que con esto "...se elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye, gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España".
El juez estrella de la Audiencia española está también imputado por haber recibido, presuntamente, cobros indebidos por impartir conferencias en la Unión Americana.
La más grave, por sus múltiples y profundas implicaciones, es la causa vista para sentencia, en la que Garzón está imputado por intentar darle la vuelta a la obsoleta Ley de Amnistía de 1977 que ha impedido abrir causas judiciales e investigar los miles de crímenes cometidos durante la dictadura franquista.
Se le acusa por haberse excedido al admitir a trámite e investigar denuncias sobre crímenes de lesa humanidad relacionados con desapariciones forzadas que habrían sucedido entre 1936 y 1951.
Demandado por dos agrupaciones ultraderechistas, que piden su inhabilitación por haber tocado con el pétalo de un intento esa Ley que tapó, a piedra y lodo, crímenes atroces e impunidad.
A petición de víctimas y familiares, Garzón recopiló entre 2006 y 2008 documentación sobre más de 114 mil casos de republicanos que fueron desaparecidos durante la Guerra Civil y durante el periodo de la dictadura franquista. Sufrió una férrea oposición de la fiscalía y decidió cerrar la causa. Aún así, se le enjuicia ahora.
La autonomía en la interpretación de la ley es indispensable para el desempeño de un juez y, sin duda, para la protección de los derechos humanos.
Un fallo desfavorable a Garzón en éste que es el más oprobioso de los llamados "juicios de la vergüenza" tendrá repercusiones internacionales. Ya corre una ola de indignación por la inhabilitación anunciada ayer. Una sentencia similar, por los crímenes del franquismo, provocaría una sacudida brutal a la conciencia histórica de los españoles y al amplio espectro del exilio español en el mundo y, por supuesto, a todos los circuitos de la justicia internacional.
Quienes le acusan por levantar apenas la tapa de la inmundicia llevarán, tal vez, en la cartera una foto sonriente con la mueca de Franco. Son los que pretenden, por esta causa, inhabilitar a Garzón por 20 años.
"No van a hacerlo...no se van a atrever", decía, apenas el miércoles, el abogado querellante en Argentina de la causa judicial abierta contra los delitos del franquismo, Carlos Slepoy.
Por lo pronto, en el caso Gürtell se atrevieron. Por increíble y vergonzoso que parezca, se atrevieron.
En el caso de los crímenes de la dictadura, durante dos semanas un puñado de familiares de victimas -a su vez víctimas también- del franquismo presentaron ante el Tribunal los testimonios de cómo sus madres, padres, abuelos fueron encarcelados, asesinados, fusilados, echados a las fosas o desaparecidos.
Tal como lo dijo el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresada: " ...los cónyuges, vivos, los hijos, siguen sufriendo una tortura consistente en no saber qué pasó y dónde están los restos".
La inhabilitación daña a Garzón, porque le quita su razón de ser. Al mismo tiempo que, por el rechazo a la misma, lo consolida como la figura icónica que es de la justicia y los derechos humanos a nivel mundial. Si la ola y las reacciones crecen, como todo parece indicar, Garzón se constituiría en una suerte de leyenda viviente y el Tribunal Supremo, en una mueca hiriente de los vestigios del franquismo.
Carmen Aristegui
Baltasar Garzón, el más célebre juez que ha dado España en los tiempos modernos, ha sido inhabilitado como tal por 11 años. El fallo que le asestó el Tribunal Supremo de Justicia, que lleva los juicios en su contra por causas diversas, ha generado indignación y una ola de reacciones.
Esta primera sentencia supone la pérdida definitiva de su condición de juez. Los siete magistrados de la Sala penal lo condenaron por unanimidad, al hallarlo culpable por escuchar las comunicaciones de imputados y abogados en un escandaloso caso de corrupción relacionado con miembros del Partido Popular, conocido como "El caso Gürtell". La historia de una punta de corruptos que han sido exhibidos a partir, precisamente, de las grabaciones ordenadas por el juez.
Garzón rechazó el fallo y anunció que recurrirá la sentencia.
Escribió que con esto "...se elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye, gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España".
El juez estrella de la Audiencia española está también imputado por haber recibido, presuntamente, cobros indebidos por impartir conferencias en la Unión Americana.
La más grave, por sus múltiples y profundas implicaciones, es la causa vista para sentencia, en la que Garzón está imputado por intentar darle la vuelta a la obsoleta Ley de Amnistía de 1977 que ha impedido abrir causas judiciales e investigar los miles de crímenes cometidos durante la dictadura franquista.
Se le acusa por haberse excedido al admitir a trámite e investigar denuncias sobre crímenes de lesa humanidad relacionados con desapariciones forzadas que habrían sucedido entre 1936 y 1951.
Demandado por dos agrupaciones ultraderechistas, que piden su inhabilitación por haber tocado con el pétalo de un intento esa Ley que tapó, a piedra y lodo, crímenes atroces e impunidad.
A petición de víctimas y familiares, Garzón recopiló entre 2006 y 2008 documentación sobre más de 114 mil casos de republicanos que fueron desaparecidos durante la Guerra Civil y durante el periodo de la dictadura franquista. Sufrió una férrea oposición de la fiscalía y decidió cerrar la causa. Aún así, se le enjuicia ahora.
La autonomía en la interpretación de la ley es indispensable para el desempeño de un juez y, sin duda, para la protección de los derechos humanos.
Un fallo desfavorable a Garzón en éste que es el más oprobioso de los llamados "juicios de la vergüenza" tendrá repercusiones internacionales. Ya corre una ola de indignación por la inhabilitación anunciada ayer. Una sentencia similar, por los crímenes del franquismo, provocaría una sacudida brutal a la conciencia histórica de los españoles y al amplio espectro del exilio español en el mundo y, por supuesto, a todos los circuitos de la justicia internacional.
Quienes le acusan por levantar apenas la tapa de la inmundicia llevarán, tal vez, en la cartera una foto sonriente con la mueca de Franco. Son los que pretenden, por esta causa, inhabilitar a Garzón por 20 años.
"No van a hacerlo...no se van a atrever", decía, apenas el miércoles, el abogado querellante en Argentina de la causa judicial abierta contra los delitos del franquismo, Carlos Slepoy.
Por lo pronto, en el caso Gürtell se atrevieron. Por increíble y vergonzoso que parezca, se atrevieron.
En el caso de los crímenes de la dictadura, durante dos semanas un puñado de familiares de victimas -a su vez víctimas también- del franquismo presentaron ante el Tribunal los testimonios de cómo sus madres, padres, abuelos fueron encarcelados, asesinados, fusilados, echados a las fosas o desaparecidos.
Tal como lo dijo el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresada: " ...los cónyuges, vivos, los hijos, siguen sufriendo una tortura consistente en no saber qué pasó y dónde están los restos".
La inhabilitación daña a Garzón, porque le quita su razón de ser. Al mismo tiempo que, por el rechazo a la misma, lo consolida como la figura icónica que es de la justicia y los derechos humanos a nivel mundial. Si la ola y las reacciones crecen, como todo parece indicar, Garzón se constituiría en una suerte de leyenda viviente y el Tribunal Supremo, en una mueca hiriente de los vestigios del franquismo.
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