Daños Colaterales
Absuelto Garzón, ¿qué pasará con la causa de las víctimas del franquismo?
El Consejo General del Poder Judicial enmendó a última hora la tremenda pifia que podría haber cometido al fijar en un inicio el 23 de febrero como fecha para expulsar de la carrera judicial al juez andaluz Baltasar Garzón, condenado el 9 de febrero por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación en el juicio que se le abrió por haber ordenado grabar las pláticas de miembros de una red de corrupción, entre ellos ex altos cargos del conservador Partido Popular con sus abogados. La inhabilitación concluye en 2023, cuando Garzón, hoy de 56 años, tenga 67, la edad del retiro en España.
De haber sido así, el juez Garzón –al menos para Daños colaterales él siempre seguirá siendo juez– habría pasado a la historia como otro “golpista antidemocrático”, ante la coincidencia con la fallida asonada del 23 de febrero de 1981 por algunos mandos militares que asaltaron el Congreso. Los jueces tuvieron al menos el pudor de adelantar tres días el deshonroso acto.
Una semana después, Garzón fue absuelto por votación de 6-1 en la causa abierta por dos grupos de ultraderecha que lo acusaron de prevaricación (“dictar a sabiendas una declaración injusta”) al declararse competente, en 2088, como juez de la Audiencia Nacional para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil (1936-39) y la larga dictadura de Francisco Franco (1939-75) y autorizó la apertura de 19 fosas comunes en toda España.
Garzón culpó a 35 altos miembros del franquismo, incluido Franco, pero al poco la Audiencia Nacional declaró su falta de competencia ya que, dijo, debían ser los juzgados territoriales los que decidieran abrir o no las fosas.
Lo importante del fallo de este lunes es que los jueces aceptan como legítimas las demandas de las víctimas, al afirmar que si bien leyes como la de Memoria Histórica han reparado “en gran medida” los efectos de los crímenes, “no han concluido las actuaciones en orden a la localización y recuperación de los cadáveres para su homenaje y procurar la efectiva reconciliación. (…) Dicha tarea corresponde al Estado (...) y a los historiadores.
Ayer María Barreiro de Gamarra, nieta y sobrina de fusilados, se preguntó en el sitio web de una radio española (www.utopia.es) qué ocurrirá con la demanda del juzgado no. 5. “¿La borran del mapa o debería seguir su curso con el nuevo juez del mismo juzgado? ¿Seguirán ciertas formaciones políticas manejando la impunidad en el Estado español o al contgrario víctimas y familiares ocuparemos el lugar que nos corresponde?”.
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