En el pasado periodo de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó el decreto mediante el cual el Ejecutivo federal debería integrar un fondo especial de 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por la sequía, las inundaciones y heladas ocurridas en diversos estados del país, en particular en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz.
Con esos recursos se pretendía enfrentar el daño que presenta cerca de un millón de hectáreas, 400 mil de las cuales no podrán sembrarse por escasez de agua; la muerte de miles de cabezas de ganado y de manera esencial la carencia de alimentos que enfrentan 28 millones de mexicanos, debido a la profunda dependencia alimentaria que lleva a importar más de 43% de los alimentos que requiere el abasto nacional.
Se estima que en los últimos 18 meses se han afectado cuatro de cada 10 hectáreas que integran el territorio nacional por la sequía. La Sagarpa ha señalado que se han perdido 963 mil hectáreas y cuantiosas cabezas de ganado y que ha sido afectado más del 40 por ciento del territorio nacional. Esto ha repercutido severamente en la producción nacional de alimentos, que alcanzará su nivel más crítico a la mitad del presente año, y en el incremento de precios en los productos de la canasta básica. Tan solo de enero de 2006 a diciembre de 2011, la tortilla, el arroz, el frijol, la carne, el café, el aceite y la sopa de pasta registraron aumentos superiores a 100%.
Pese a esta difícil situación, el Ejecutivo federal, a través del secretario de Hacienda, ha vetado este decreto aduciendo que es innecesario, ya que la estrategia gubernamental para la atención a los efectos provocados por desastres naturales dispone de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se canalizan a través de Fondo de Desastres Naturales, el trabajo coordinado con entidades federativas y “la administración de riesgos”, atendiendo principalmente el “agua para consumo humano, acciones de empleo temporal, importación de alimentos y reparto de despensas”, así como la contratación de “un seguro de exceso de pérdida para administrar, a través de los mercados financieros internacionales, los riesgos que enfrenta ante las amenazas de desastres naturales”.
Esto demuestra un vez más la ausencia de una política que entienda la seguridad alimentaria como un asunto estratégico para la seguridad nacional, así como la negligencia oficial ante un problema que pone en riesgo la vida de miles de mexicanos, en un empecinamiento que resulta absurdo, ya que de acuerdo con el informe sobre la situación de las finanzas y la deuda públicas correspondiente al tercer trimestre de 2011 se registraron subejercicios al mes de junio por 3 mil 700 millones de pesos, los cuales fueron reasignados a otros ramos y programas, subejercicios que se estima podrían sumar al cierre de 2011 cerca de 38 mil millones de pesos.
Mientras, en contraparte, la Estela de Luz se erige, impune, como un monumento a la frivolidad, al despilfarro y la corrupción, diversas organizaciones civiles han denunciado que la hambruna en la sierra Tarahumara ha llevado a la muerte por desnutrición a integrantes de esa comunidad indígena.
El veto a la resolución del Congreso denota la ausencia de una verdadera división de poderes y la unilateralidad con que se manejan las finanzas públicas del país, pero resulta más preocupante cuando se enfrenta una virtual emergencia nacional derivada del abandono del campo nacional. Se trata no solo de la pérdida de cosechas y de cientos de miles de cabezas de ganado, sino también de muertes de seres humanos, como se ha registrado en la Tarahumara, donde las comunidades indígenas, al igual que en otras regiones del país, enfrentan la peor crisis alimentaria de los últimos 80 años.
Diputado federal por el PRD
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