Activistas responsabilizan a Calderón de cualquier represalia en su contra. #JuicioaCalderón

Un grupo firmó un desplegado diciendo que el presidente pone en riesgo a los defensores de derechos humanos tras la demanda en La Haya

Por Tania L. Montalvo
Viernes, 16 de diciembre de 2011 a las 11:21

Intelectuales y académicos dijeron estar preocupados por las acciones legales que el presidente podría emprender contra activistas (Cuartoscuro Archivo).

(CNNMéxico) — Los firmantes y personas solidarias de una denuncia en contra del presidente mexicano, Felipe Calderón, ante la Corte Penal Internacional (CPI), responsabilizaron este viernes al mandatario de "cualquier represalia llevada a cabo por persona o servidor público por acción u omisión".

Los firmantes, que incluyen a personas que se sumaron a la demanda y defensores de los derechos humanos, acusan a Calderón de intolerante y de poner en riesgo la integridad física de los defensores de derechos humanos. "Se ha lanzado usted, aprovechando la ventaja estratégica que le da su posición como jefe de Estado, a una campaña para desprestigiar a quienes (…) criticamos su estrategia de combate al narcotráfico", cita el desplegado.

El 25 de noviembre pasado, ciudadanos entregaron en la oficina del fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, una denuncia contra Calderón y los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de la Marina, Francisco Saynez, así como el líder del cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán.

El documento entregado al fiscal considera a éstos como los responsables de "una crisis humanitaria" en el país, en donde se cometen "crímenes de guerra y de lesa humanidad".

"Si usted cree que nadie en su gobierno ha cometido los crímenes de guerra y de lesa humanidad que hemos señalado, no debiera preocuparse por nuestra solicitud de investigación", se lee en el desplegado.

Tras darse a conocer la demanda, la Presidencia informó en un comunicado que se exploran las alternativas para proceder legalmente contra quienes interpusieron la querella.

"Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes (…) constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no solo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México", cita el comunicado del gobierno federal publicado el 27 de noviembre pasado.

El documento entregado ante la CPI fue firmado por 23,000 ciudadanos, según los denunciantes que aclaran que a la querella ya se han sumado otras 7,000 personas.

Los denunciantes recibieron este viernes el apoyo de otros periodistas, intelectuales, académicos y figuras públicas que en un "pronunciamiento de solidaridad" expresaron su preocupación de que el presidente pueda "intimidar a los ciudadanos" diciendo que emprenderá acciones legales en su contra por ejercer su derecho a acudir a instancias internacionales.

El defensor de derechos humanos y obispo de Saltillo, capital de Coahuila, Raúl Vera, dijo que la estrategia de combate al crimen organizado anunciada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, fue un "despropósito" del Ejecutivo, quien ha clasificado a sus críticos como "personas fuera de la ley".

"Resulta que en este país nadie tiene que tener ojos, ni nadie tiene que tener oídos y nadie tiene que tener boca para hablar. ¿Qué clase de régimen quieren plantearnos el señor presidente de la república en este país?", cuestionó, "que se dé cuenta que aceptó ser presidente de un país democrático, no de una dictadura", dijo el obispo a CNNMéxico.

"(En México) los ciudadanos tenemos ojos para ver, oídos para escuchar y boca para expresarnos. Y esta libertad es para expresar nuestro descontento con una guerra irracional, con una estrategia llena de corrupción", agregó.

El religioso señaló que los firmantes responsabilizan a Calderón por crímenes de guerra y lesa humanidad porque basaron sus argumentos en el derecho internacional y en tratados de protección a los derechos humanos ratificados por México.

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Académicas, Alejandro Madrazo Lajous, uno de los firmantes, dijo a CNNMéxico que "una cosa es la demanda y otra cosa es la manifestación de una preocupación seria de la reacción que el presidente tuvo ante esa demanda".

“A mí me circularon, Patricia Galeana me mandó el correo con el texto que tiene que ver con las declaraciones del Presidente y como las declaraciones del Presidente efectivamente me parecen reprobables me pareció que era importante manifestarse en contra de esas declaraciones", dijo.

El abogado dijo que en caso de que se les conceda o no razón a los demandantes el tribunal lo que ellos están ejerciendo están ejerciendo su derecho de acceso a la justicia y que es delicado que llamen calumnia a una petición presentada ante un tribunal que, por definición, no puede ser calumnia porque lo que están haciendo es preguntándole a un tribunal.

"Si cada acción legal que no prosperara la consideráramos difamación o calumnia, entonces el Presidente y le Procurador serían responsables por difamación y calumnia de por lo menos de todos los involucrados en el 'Michoacanazo', de Jorge Hank Rhon y de todos los casos que se les han caído (...) Es inaceptable que el presidente haya reaccionado como reaccionó, en mi opinión", dijo el abogado que encabeza varias controversias de inconstitucionalidad contra reformas antiaborto.

Entre los firmantes de ese pronunciamiento solidario están Sergio Aguayo, Luis Astorga, Lydia Cacho, Jaime Cárdenas, Miguel Concha, José Fernández Santillán, Eduardo Galeana, Genaro Góngora Pimentel, Mauricio Merino, Lorenzo Meyer, el obispo de Saltillo Raúl Vera, Luis González Plascencia (presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal) y el director de la organización defensora de la libertad de expresión, Article XIX, Darío Ramírez; entre otros.

Hanako Taniguchi y Javier Estrada contribuyeron a este reporte.