Secuestro de migrantes - Jorge A. Bustamante

REFORMA

DESDE LA FRONTERA NORTE

Jorge A. Bustamante

Acaba de salir una publicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) titulada: Informe especial sobre el secuestro de migrantes en México. Incluye una serie de datos y estadísticas a las cuales me referiré en seguida, que demuestran la escasez de voluntad política de la Secretaría de Gobernación y del presidente de la República por eliminar los secuestros de migrantes. Los datos que presenta esta publicación son una demostración fehaciente de esa falta de voluntad política, que contradice la retórica que sigue usando el presidente Calderón en alusión a los derechos humanos en México. El que se cita es solo el último de cuatro informes anteriores sobre secuestros de migrantes. Desde el primero de ellos, cualquier mexicano hubiera esperado una respuesta inmediata del gobierno, dado que se trata de violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos, de cuya protección es responsable el Estado mexicano ante la comunidad internacional. Los datos de la CNDH que aparecen en esta publicación muestran la impunidad con la que funcionarios y agentes del gobierno de México siguen cometiendo esas violaciones. Para mí fue particularmente vergonzoso, como mexicano y como relator especial de la ONU de los Derechos Humanos de los migrantes (que lo fui hasta el 30 de julio de 2011), tener que contestar que nada se había hecho para eliminar los secuestros de migrantes después de que la señora Navanethem Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, confirmó expresamente la participación de agentes del gobierno de México en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en México durante su última visita a la Ciudad de México. En la continuación de esas violaciones y de su impunidad, hay dos problemas. Uno es esa continuidad, el otro es que tanto el presidente Calderón como su secretario de Gobernación, Francisco Blake, siguen excluyendo la “Responsabilidad de Estado” que le corresponde al Estado mexicano por el hecho de que algunos de sus representantes continúen cometiendo violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos como lo es su participación en los secuestros de migrantes que se consignan nuevamente en este último informe de la CNDH, misma participación que sigue sin ser reconocida por el propio presidente de México, quien sigue echándole la culpa de esos secuestros solo al crimen organizado, ignorando que, si así fuera, no habría ninguna “Responsabilidad de Estado” de parte de México, pues los miembros del crimen organizado son particulares y como tales no representan al gobierno de México, en tanto que los funcionarios del INM (Instituto Nacional de Migración) y los agentes de diversas corporaciones de policías sí lo son.

La publicación de la CNDH arriba citada informa que, de enero a diciembre de 2010, su personal recogió 178 testimonios referentes a secuestros de migrantes. De ese total, el 15.7 por ciento correspondieron a narraciones de mujeres.

También se informa que, de un total de 2,705 visitas de trabajo (1,559 a estaciones migratorias. El resto a albergues de migrantes y casas de la Pastoral de la Movilidad Humana) del personal de la CNDH, encontraron 11,333 víctimas de secuestros. Entre ellos, el 44.3% de hondureños, 16.2% de salvadoreños, 11.2% de guatemaltecos, 5% de cubanos, 4.4% de nicaragüenses, 1.6% de colombianos, 0.5% de ecuatorianos y 10.6% de mexicanos.

De los 178 testimonios de secuestros recabados, 8.9% de ellos se refirieron a la colusión de alguna autoridad mexicana en la comisión del secuestro. Entre esas autoridades, las más frecuentemente aludidas fueron: agentes de policía municipal, personal del INM, agentes de la policía judicial estatal y agentes de la policía federal.

El mayor número de secuestros se encontró en el estado de Veracruz, seguido por Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

El informe citado concluye con las siguientes palabras: “En específico no se advierte un esfuerzo de coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, asino simplemente medidas aisladas con alcance limitado que no producen impacto para combatir las causas estructurales de este ilícito”. Ya es hora de que el Poder Legislativo despierte de su letargo al respecto y responda adecuadamente a la “Responsabilidad de Estado” del cual forma parte.