De acuerdo con un sondeo de KPMG, los fraudes en el sector privado del país en 2010 involucraron mil 400 millones de dólares. En este recuento de los desfalcos en México resaltan también sus vínculos con la política.
- 2011-10-30 | Milenio semanal
A partir de la década de los noventa las crisis se asemejan a las olas: llegan una tras otra y nunca vienen solas. Sin importar el tamaño o la región, los mercados han sido presa de los efectos “tequila”, “vodka” y “tango”, de la debacle financiera de los créditos subprime en Estados Unidos (EU) y de la más reciente amenaza de recesión generada por la inestabilidad fiscal y la deuda soberana de algunos países en Europa. Las aguas tranquilas en la economía mundial hoy son las menos, y se han convertido en espacios propicios para el fraude corporativo, financiero o comercial.
No son pocos los casos de fraude relacionados con periodos de crisis económica: el efecto “tequila” en 1995 dejó profundas huellas por el daño económico causado y por la extensa vigencia de algunos litigios que llegaron a alcanzar hasta 16 años. La explicación, según la consultora internacional KPMG, es que en época de crisis las empresas establecen procesos de austeridad que afectan controles internos vitales, disminuyen su capacidad para prevenir y detectar irregularidades y dejan las puertas abiertas a potenciales fraudes.
Apenas concluido el periodo recesivo económico 2008-2009, en México sólo 30 por ciento de las empresas contaba con un programa de prevención de fraudes, pese a que la incidencia de estos delitos en el país fue una de las más altas en América Latina durante 2010. Las encuestas de KPMG detectaron que 75 por ciento de las empresas instaladas en Latinoamérica reportó haber sido víctima, al menos en una ocasión, de algún fraude en los últimos 12 meses.
Uno de los escándalos financieros más sonados en la historia reciente de México fue el de Jorge Lankenau Rocha, otrora poderoso banquero, dueño de diversos negocios y hasta del equipo de futbol Rayados de Monterrey, quien fue acusado de fraude, evasión fiscal y violación a la Ley de Instituciones de Crédito. Estas acusaciones llevaron al ex presidente del Grupo Financiero Ábaco-Confía a huir del país en 1994 para, tres años más tarde, ser aprehendido y llevado al penal del Topo Chico en Monterrey a purgar una pena de más de ocho años. Junto con sus ejecutivos Raúl Monter Ortega, ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León, y Eduardo Camarena Legaspi, director de la parte internacional del grupo, fueron acusados de fraude por realizar operaciones off shore en las Islas Caimán, valuadas en un monto superior a 170 millones de dólares en perjuicio de 230 inversionistas. En materia de fuero común Lankenau Rocha también fue acusado de delincuencia organizada, aunque este ilícito quedó sin efecto luego de alcanzar un acuerdo con la mayoría de los 116 inversionistas afectados. Para la madrugada del 25 de diciembre de 2005, tras depositar una fianza por más de 53 millones de pesos para garantizar la reparación del daño causado, el ex banquero logró recuperar su libertad.
Transcurrieron 14 años para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (el 24 de marzo de 2011) revocara la autorización a Ábaco Grupo Financiero para operar en el sector. Confía, institución de banca múltiple, dejó de pertenecer al grupo desde 1998, luego de que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) suscribió 99.99 por ciento del capital social ordinario pagado de esa institución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley para Regular las agrupaciones financieras. Con esta misma resolución se declaró la quiebra de Ábaco, Casa de Bolsa.
EL REY MIDAS DE LOS BANQUEROS
No menos relevante y célebre fue el caso de Carlos Cabal Peniche, quien tras 16 años de litigio y de enfrentar a seis diferentes titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), logró acreditar su inocencia y deshacerse de 17 acusaciones penales en su contra. El ex banquero fue acusado de fraude, evasión fiscal y desvío de recursos por más de 700 millones de dólares durante su gestión como presidente de Grupo Financiero Cremi-Unión, institución que antes de ser intervenida por el gobierno, el cuatro de septiembre de 1994, tenía registrados mil 400 accionistas; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estimó que al menos 700 fueron defraudados. Las autoridades señalaron a Ernesto Malda Maza, director corporativo de crédito de Banco Unión, como uno de los principales cómplices de Cabal, al autorizar créditos para diversas empresas propiedad del ex banquero yucateco, entre las que se contaban Oasis Nautic, Operadora Enlace, Cofinter Operación y Sistemas y Formadora de Equipos. La intervención de Malda Maza estuvo detectada en al menos cinco asignaciones de créditos, en las cuales el quebranto ascendió a 670 millones de pesos, según estimó la CNBV. En agosto de 1994 Cabal Peniche huyó de México para esconderse en Europa, Estados Unidos y Oceanía. Cuatro años más tarde, en noviembre de 1998, fue capturado en Melbourne, Australia, donde pasó dos años y nueve meses recluido en un penal, hasta que en agosto de 2001 el gobierno australiano autorizó su extradición a México. Desde la cárcel, Cabal Peniche reconoció haber aportado dinero a las campañas presidenciales de 1994: para la de Luis Donaldo Colosio fueron 15 millones de dólares y cinco millones para la de Ernesto Zedillo. Los recursos fueron tomados de un Fideicomiso abierto en Banco Unión, los cuales nunca se pagaron y terminaron siendo parte de la contabilidad del denominado Fobaproa.
Al regresar a México en septiembre de 2001 en calidad de extraditado, Cabal Peniche no pisó la cárcel, sino que litigó en libertad los cargos que se le imputaban —un quebranto a Banca Unión por 242 millones de dólares y defraudación fiscal por 171 millones de pesos, entre otros—, hasta que en enero de 2010 fue absuelto en definitiva del último caso vigente en su contra: una evasión fiscal de sólo 340 mil 625 pesos.
Al igual que con Lankenau Rocha, su defensa la encabezaron despachos de abogados reconocidos como Zinser y Esponda, del que hasta noviembre de 2008 formó parte Fernando Gómez Mont, quien fuera luego secretario de Gobernación. Gómez Mont se sumó al equipo de litigantes después de haber sido diputado por el PAN.
FRAUDE CON TINTES POLÍTICOS
En 1994 otro reconocido empresario, el director general de Aeroméxico, Gerardo de Prevoisin Legorreta, fue acusado de malversar fondos por 72 millones de dólares, así como de una contribución ilegal de ocho millones de dólares en apoyo a las campañas electorales. En la recta final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (cinco de octubre de 1994), Aerovías de México responsabilizó ante la PGR a Gerardo de Prevoisin por abusos en su administración como presidente del Consejo de Administración de la aerolínea, pues con ánimo de lucro hizo aparecer operaciones inexistentes para obtener fondos por 4.3 millones de dólares con los que habría pagado intereses de créditos personales, y transacciones relacionadas con las entidades financieras Inverworld y Dynaworld. En su defensa el empresario aseguró que las inversiones en esas instituciones de crédito nunca existieron, que sólo fueron operaciones de ingeniería financiera, pues los recursos fueron entregados de manera inmediata a Aerovías de México y que jamás recibió fondos provenientes de los supuestos créditos personales.
En lo referente a la contribución de ocho millones de dólares donados a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, reconoció que la cantidad real fue de 26.3 millones de pesos, pero con el conocimiento y anuencia del Consejo de Administración de Aerovías de México, que nunca los consideró recuperables. “Aeroméxico era una empresa concesionada y no podía abstraerse de la obligación que, históricamente, tuvieron los empresarios de este país de apoyar al partido de Estado. Quien diga lo contrario está mintiendo”, destacó en un cuestionario que elaboró durante su internamiento en el Reclusorio Sur.
La aportación debía entregarse en efectivo a Óscar Espinosa Villarreal, encargado de las finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que instruyó de manera precisa la forma de concretar esta donación, así como el requerimiento de mil 400 boletos de avión y una aeronave de apoyo al candidato presidencial.
De Prevoisin buscó refugiarse en Francia (octubre de 1994) a sólo un mes de renunciar a la dirección de Aeroméxico. En 1999 fue detenido en Suiza, donde fue recluido durante un año para luego ser extraditado a México y llevarlo al Reclusorio Sur, donde permaneció hasta agosto de 2001, cuando consiguió su libertad bajo fianza. El juicio a De Prevoisin originalmente inició en un juzgado federal, luego pasó a uno del fuero común y finalmente regresó al ámbito federal, aunque en el transcurso de ese litigio el Juez Octavo de Distrito del Reclusorio Sur, Antonio González García, le condenó a cinco años tres meses de cárcel.
De Preivosin argumentó siempre que su persecusión obedeció a una revancha política; no obstante, se negó a dar los nombres de los responsables.
DINERO FÁCIL
La creatividad y el ingenio también han estado de la mano de los ejecutores de fraudes, como el caso de José Luis González González, propietario y director general de la empresa Publi XIII, a quien se le impuso una de las penas más largas de la historia jurídica del país, mil 995 años, así como una multa que superó los 37 millones de pesos. El empresario defraudó a 782 personas a quienes prometió entregar autos nuevos a cambio de un enganche de entre 20 y 30 mil pesos, y el compromiso de portar servicios de publicidad en el vehículo entregado.
González González fue detenido en noviembre de 2008 en Jalisco, luego de casi cinco años. En asociación con Allan Nelson Lozada Garay, representante legal de Publi XIII, operó el esquema de supuesto crédito automotriz desde el 2000, hasta que un cambio en las leyes de publicidad en la capital les impidió continuar entregando los autos prometidos y se declararon en quiebra.
Otros casos relacionados con la ambición de obtener altos rendimientos a cambio de una inversión relativamente baja está vinculada con los crecientes fraudes y quebrantos en las denominadas cajas de ahorro y entidades de crédito popular. Se estima que de 2001 a la fecha, se han aportado más de cuatro mil millones de pesos de recursos presupuestales estatales y del denominado Fideicomiso de Pago (Fipago) para rescatar ahorradores involucrados en este tipo de ilícitos. Cifras oficiales señalan que más de 160 mil ahorradores se han visto involucrados con entidades de ahorro y crédito popular que reportan malos manejos y fraudes. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sólo 99 de 850 entidades de ahorro y crédito popular en el país son supervisadas por las autoridades, y el resto se encuentra en proceso o carece de registro.
Hay 751 entidades no autorizadas de las cuales se estima 200 operan fuera de la ley y captan recursos de forma irregular en entidades donde las condiciones de pobreza son más severas, como Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas, lugares vulnerables, pues es allí donde los usuarios de estos servicios carecen de información y de educación financiera.
El fraude en este sector está relacionado con la captación no autorizada del ahorro de los usuarios, vinculado, en muchos casos, con la llegada de remesas, con la promesa de pagar réditos elevados de hasta 10 por ciento, lo cual llega a suceder en dos o tres ocasiones, hasta que en forma súbita desaparece la empresa de la entidad con los recursos de los ahorradores.
Varios acusados, pocos culpables
• Jorge Lankenau Rocha
Fraude bancario (Banca Confía)
• Raúl Salinas de Gortari
Fraude al erario
• Carlos Cabal Peniche
Fraude bancario (Banca Cremi)
• Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino
Fraude fiscal
• Gerardo de Prevoisin
Fraude (Aeroméxico)
• Carlos Romero Deschamps
Megafraude en Pemex
• Rogelio Montemayor
Fraude (Pemex)
• Antonio Moreno Valle
Dentro de la polémica Canal 40 vs TV Azteca
• Napoleón Gómez Urrutia
Fraude minero
Fraudes en aumento
En 2010 el fraude interno (cometido por empleados de las empresas) se incrementó significativamente al pasar de 60 a 77 por ciento respecto a lo detectado en el sondeo de KPMG realizado en 2008.
En una compañía nadie está exento de cometer delitos de esta índole, pues lo mismo pueden participar miembros de alta dirección (15 por ciento) que empleados a nivel gerencial (31 por ciento) o personal operativo (54 por ciento). Sin embargo, los fraudes cometidos por personal de alta dirección generan un daño económico mucho más elevado (51 por ciento del total afectado), mientras que en los casos relacionados con gerentes y empleados operativos el monto del daño suele representar 37 y 12 por ciento respectivamente: el defraudador que más daño causa a las empresas suele ser un individuo ubicado en un puesto de la alta dirección, de entre 35 a 50 años, con una antigüedad promedio de 10 a 15 años y una afectación promedio de 3.3 millones de pesos. El defraudador más frecuente suele ser un individuo con un puesto operativo, de entre 20 y 30 años, con una antigüedad promedio de tres años en la empresa y con casi la misma probabilidad de ser varón o mujer. El valor promedio que llegan a reportar estos ilícitos es de alrededor de 200 mil pesos.
Mientras en 2008 el daño económico anual estimado de fraudes para el sector privado en México fue de 900 millones de dólares, en 2010 la cifra aumentó a mil 400 millones.
La encuesta realizada fue aplicada entre 286 directivos de empresas de distintos giros productivos que operan en México, con ingresos anuales en un rango que osciló entre 250 millones de pesos hasta más de siete mil millones.
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