José Carreño Figueras La posibilidad de que el Departamento de Justicia designe un “fiscal independiente” para investigar la fracasada operación “Rápido y Furioso”, que permitió la compra irregular de armas para ser llevadas de contrabando a México, es exigido ya por sectores de la derecha estadounidense.
El planteamiento parece simple, pero incluye complicaciones no sólo para un gobierno de Barack Obama que se vería bajo sospecha judicial en tiempo electoral sino incluso para un gobierno mexicano que de presionar mucho podría enemistarse con un sector del gobierno estadounidense -que tradicionalmente ha sido su aliado- o podría quedar como comparsa en una maniobra política doméstica en otro país.
Al menos desde un punto de vista político la derecha estadounidense tiene una razón: “después de meses de pretender que “Fast and Furious” (Rápido y Furioso”) fue una mal hecha operación de vigilancia del tráfico ilegal de armas encabezadas por las Oficinas de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF) y del Fiscal Federal en Phoenix, resulta que era el gobierno mismo el que hacía las ventas a los ‘malos’”.
De acuerdo con el diario “The New York Post”, el agente John Dodson recibió órdenes de comprar cuatro pistolas “Draco” en efectivo y recibió incluso una carta de su supervisor, David Voth, para autorizar a que un comerciante legal en armas se las vendiera sin realizar el papeleo necesario.
Dodson adquirió las armas y luego las vendió a “criminales conocidos” que en algún momento las transportaron ilegalmente a México, con lo que el diario -y muchos a la derecha estadounidense- considera como la deliberada ignorancia de las autoridades estadounidenses correspondientes.
En otras palabras y a reserva de una indagación sólida, un grupo de funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama sabía mas que lo que la administración quisiera reconocer hasta ahora. De hecho, ya una pesquisa legislativa puso al descubierto que funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad y del Departamento de Justicia tenían al menos una idea de que había un operativo “Rápido y Furioso”.
En ese marco, la idea de que “Rápido y Furioso” fue una operación absurda que salió mal ya no es un buen pretexto, dijo el diario derechista al demandar el nombramiento de un fiscal especial, independiente, para investigar “Rápido y Furioso”.
El nombramiento de un fiscal especial daría a la investigación un tinte de escándalo político que el gobierno Obama ha logrado evitar hasta ahora, pese a las presiones de un sector republicano.
Al margen de cualquier cosa, incluso que las investigaciones en curso, justifiquen designar el caso como un escándalo, la posibilidad de que el gobierno Obama llegue a las elecciones de 2012 con un fiscal especial resulta particularmente atractivo para los republicanos: combina lo que consideran un ataque a la libertad de posesión de armas, la muerte de al menos un agente de policía federal, violación deliberada de las propias leyes, intentos de ocultar información a la justicia…
Si eso no es negativo y posiblemente delictivo, al menos lo parece. Y eso es todo lo que necesita un buen escándalo político, que difícilmente podría ocurrir en peor momento para Obama.
Paralelamente, México está en condiciones de demandar información oficial sobre el caso. Al margen de que la reciba, como debe ocurrir, el gobierno mexicano debe proceder con cautela, al menos para evitar que su interés sea considerado como una alianza con enemigos del gobierno en funciones o con elementos con los que está en contraposición en muchos otros temas, incluso la misma cuestión de las armas.
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