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El Diario
A raíz de la detención de 10 agentes de la Policía Federal (PF) acusados de extorsionar a comerciantes, la Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido nuevas quejas en contra de los mismos elementos, quienes ya fueron consignados ante un juez de Distrito.
Ayer, cuatro denuncias más por abuso de autoridad, robo, amenazas y extorsión, fueron presentadas por ciudadanos afectados por los elementos de la PF arrestados el pasado martes.
Las quejas fueron recibidas por la Quinta Agencia del Ministerio Público, cuyo titular integró la indagatoria que los mantiene recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social para Adultos (Cefereso) número 9 Norte, antes Cereso estatal.
Estas denuncias se suman a mil 92 expedientes que se han abierto desde marzo de 2009 contra elementos de la PF y militares ante la Oficina de Recepción de Quejas y Denuncias contra la Operación Coordinada Chihuahua.
También a 180 quejas documentadas desde 2010 por la oficina local de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el caso de los agentes detenidos esta semana, después de que se dieron a conocer los nombres y números de las unidades que utilizaban, se han acercado otros afectados ante el Ministerio Público, que mantiene abierta la averiguación previa.
Una fuente de la PGR aseguró que personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene datos suficientes para iniciar varias averiguaciones en las que están involucrados incluso otros policías federales.
Afirmó que la consignación de los elementos ha ocasionado fricción entre los titulares de ambas dependencias en esta ciudad, y que desde la Ciudad de México se ha tenido una fuerte presión por parte de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, quienes tratan de evitar que se acumulen más cargos contra los agentes consignados.
Los federales detenidos por la denuncia que presentó un yonkero son Isaac Moreno Hernández, Nicasio García, Santiago Reyes Flores (“El Mohicano”), José Juan Fuentes Rodríguez, Ángel Miguel Cruz, Marcelo Xolo Ramírez, Raúl Carrillo Pérez, Agustín Tapia Félix, Alejandro Morales López y Olegario Hernández Ramos.
Todos ellos formaban parte de la octava unidad de la Policía Federal y tenían poco más de un año en esta ciudad delinquiendo contra comerciantes y ciudadanos, se informó.
La fuente consultada dijo que los nombres de los nuevos afectados que decidieron interponer su queja formal fueron reservados, pero en el caso del primer denunciante, quien dio pie para la detención de los oficiales, ya cuenta con protección que le brindó la SIEDO junto con su familia.
Muchos delitos no se denuncian
Jesús López, actual titular de la Oficina de Recepción de Quejas y Denuncias contra la Operación Coordinada Chihuahua, dijo que los delitos de federales y militares más denunciados son las detenciones ilegales, el abuso de autoridad, las lesiones, los daños y los robos.
Lo peor, agregó, es que se estima que esos mil 092 casos abiertos sean sólo un 10 por ciento del total de afectaciones que han sufrido los residentes de esta frontera a manos de las fuerzas federales enviadas para enfrentar la ola de violencia atribuida al crimen organizado.
“El otro 90 por ciento tiene miedo de denunciar”, dijo López. “Porque cuando los detienen, los federales les toman los datos de sus identificaciones”, agregó.
Estas quejas son adicionales a otras 180 documentadas por la oficina local de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2010, mismas que, dijo el coordinador de la dependencia en esta frontera, Rubén Salgado, son principalmente por detenciones y cateos ilegales.
Salgado explicó que un caso representativo de las quejas interpuestas ante la CNDH es la lesión por disparo de arma de fuego sufrida en octubre de 2010 por el estudiante universitario Darío Álvarez Orrantia, entonces de 19 de años, durante una manifestación contra la violencia que culminó en el Instituto de Ciencias Biomédicas.
El caso de Álvarez Orrantia motivó la recomendación 48/2011, en la cual la CNDH exhortó a la Policía Federal a reparar los daños económicos, médicos, sicológicos y de rehabilitación requeridos por el afectado.
El resto de los casos, dijo Salgado, se investiga con el fin de que los agentes que cometieron las violaciones sean sancionados por parte de los órganos de control interno de cada dependencia.
“Nosotros no sancionamos: pedimos que se castigue”, dijo Salgado, quien, sin embargo, no tuvo disponibles los datos de seguimiento a las denuncias.
Algunos casos
Una noche del pasado mes de julio, nueve unidades de la Policía Federal llegaron hasta un domicilio en la colonia Jardines del Aeropuerto, ingresaron en él sin orden de cateo e interrogaron al padre de familia, a quien, pese a que no le encontraron ilícito alguno, detuvieron durante un día sin que sus seres queridos conocieran su paradero.
En agosto siguiente, elementos de la misma corporación que patrullaban en la colonia Oasis Revolución se detuvieron para revisar a un grupo de adolescentes reunidos en el exterior de un domicilio, de donde “levantaron” a uno de 14 años, se lo llevaron a un parque, lo golpearon y lo abandonaron a su suerte en el bulevar Zaragoza.
En los dos casos, las familias de los afectados acudieron a exponer sus quejas ante la Oficina de Recepción de Quejas y Denuncias contra la Operación Coordinada Chihuahua.
Sin embargo, en el universo de casos no denunciados están situaciones como la sufrida por “Alejandro”, un empleado de 35 años y quien, el 20 de agosto pasado, fue detenido por elementos de la Policía Federal que, alrededor de la una de la tarde, llegaron a su casa y trataron de arrestar a su esposa.
El motivo del intento de arresto, explicó Alejandro —cuyo nombre fue modificado a petición del entrevistado— fue que los agentes presuntamente encontraron alrededor de tres gramos de mariguana en el interior de una camioneta Ford Edge modelo 2010, propiedad del matrimonio denunciante y sobre la cual los uniformados aseguraban que contaba con reporte de robo.
“Ella abrió la camioneta para sacar de la guantera los papeles, se los enseñó y les preguntó que cuál denuncia de robo, pero no le enseñaron nada, y luego le pidieron una identificación. Entonces mi esposa entró a la casa, y agarró el pasaporte. Cuando bajó le dijeron que le habían encontrada mariguana en una hoja doblada”, dijo el entrevistado.
“Mi esposa les dijo, ¿y dónde la encontraron? Atrás en el asiento había un portavasos, y le dijeron que ahí, pero mi esposa les dijo que no era posible porque un día antes ella había ido a El Paso y me había traído de comer, y ahí había puesto los vasos de la soda de mi comida, por lo que les aseguró que no era cierto”, agregó.
Cuando la mujer logró ponerse en contacto con Alejandro, éste llegó a la vivienda y fue detenido por los federales, los cuales lo remitieron a la PGR acusado de posesión de estupefacientes.
El arrestado logró salir después de pagar más de cuatro mil dólares a un abogado, pero la experiencia le causó tanto temor a la pareja que la mujer, ciudadana norteamericana, se fue a vivir de inmediato a El Paso, donde Alejandro piensa alcanzarla para, juntos, mudarse a California o lo más lejos posible de Ciudad Juárez.
“Sentimos mucho miedo; todavía no sé cómo llegaron a mi casa, no sé si nos estaban vigilando”, contó el afectado.
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