Juan Ciudadano
Mientras ocultar información pública no sea motivo de cárcel, difícilmente lograremos en México ese salto que necesitamos en materia de transparencia.
Todavía tenemos una combinación de: a) alta inercia cultural del servidor público a la opacidad, b) poca demanda de información pública, y entre quienes sí la solicitan muy pocos que estén dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por conseguir un documento oficial y c) falta de castigos ejemplares para quienes, desde el poder, deliberadamente esconden lo que tendría que estar abierto al público.
Las batallas simbólicas de alta cobertura mediática por obtener un elemento de información particular son muy útiles, sobre todo cuando se ganan, porque le resaltan al ciudadano lo que sí se puede obtener.
Pero hay otro tipo de batallas que nos hacen falta: aquellas enfiladas a que se castigue, hasta con cárcel, al burócrata que esconda lo que tendría que estar disponible. Ocultar, para un servidor "público", es algo grave, es el mensaje que todavía está lejos de penetrar en nuestro País.
Hace unos días The New York Times contó el caso ("Complaint Seeks Punishment for Classification of Documents") de un servidor público retirado, William Leonard, que está demandando a servidores públicos en activo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés) y del Departamento de Justicia por clasificar documentos injustificadamente.
Leonard era, hasta hace un año, el director de la agencia encargada del resguardo de información de seguridad, la Information Security Oversight Office (ISOO). Pareciera una contradicción la postura del ex zar del resguardo de información de seguridad, pero no hay tal.
Estamos frente a un caso de alguien que entiende las necesidades de equilibrio entre el resguardo de lo poquísimo (incluso en material de seguridad) que tiene que ser reservado, y la inmensa mayoría de información que tiene que permanecer disponible a todos.
El ex zar del secreto reconoce que en sus 34 años de trabajo le tocó ver, de manera rutinaria sobreclasificación de documentos, rara vez cuestionada y nunca castigada. Pero ahora que el Departamento de Justicia está buscando encarcelar funcionarios públicos por filtrar documentos clasificados a los medios de comunicación, Leonard ve como especialmente importante que sólo aquello que genuinamente es un secreto esté protegido por ley.
El documento en cuestión, a partir del cual William Leonard formula la demanda contra un funcionario en activo, es un correo electrónico de la NSA titulado "What a Success" a partir del cual Thomas A. Drake, otro ex funcionario público, fue acusado de facilitar ilegalmente información al periódico The Baltimore Sun. Antes del juicio fueron retirados los cargos contra Drake.
La historia es que inicialmente Leonard, en su calidad de experto en clasificación de documentos, fue invitado como testigo de la defensa. Al leer el documento supuestamente clasificable decide tomar el caso para ir más allá y hacerlo parte de su causa para combatir la sobreclasificación de documentos.
"Nunca me había tocado ver un ejemplo tan deliberado y caprichoso de funcionarios clasificando información de manera impropia", dijo Leonard. Una razón por la que decide hacerlo su causa es porque los funcionarios responsables tuvieron el mal juicio de, no sólo clasificarlo, sino además la desfachatez de demandar a alguien por la filtración del mismo.
Según la ISOO en Estados Unidos 77 millones de documentos fueron clasificados en 2010, lo que representó un 40 por ciento de incremento en un año.
Las amenazas a la seguridad son distintas en Estados Unidos y México, pero es una realidad que en ambos lados de la frontera el miedo de la ciudadanía a actos terroristas o al crimen organizado son coartada para funcionarios públicos que quieren ocultar información oficial.
Como allá, en México estamos urgidos de activismo ciudadano contra el secreto injustificado de información pública, pero la simple solicitud de documentos oficiales no es suficiente, necesitamos castigos para quien esconde a capricho.
Estamos frente una vertiente de trabajo fundamental de la lucha por la transparencia en México.
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