Seguridad al estilo Peña Nieto

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

El poeta y psicoterapeuta Efraín Bartolomé y su esposa, la arqueóloga Guadalupe Belmontes, tuvieron el honor de recibir en su domicilio, en el breve plazo de cinco días, tres veces al procurador Alfredo Castillo. A decir verdad, a la primera no acudió él mismo, sino sus representantes personales, que con brutalidad asaltaron la casa de la pareja el jueves en la madrugada. Horas después, el propio funcionario presentó sus excusas al matrimonio, y dejó su reloj Mont Blanc en prenda de la devolución de objetos robados por los agentes ministeriales que andaban en busca de Oswaldo García Montoya, jefe de La Mano con Ojos y no lo encontraron por la sencilla razón de que los ciudadanos atracados no tienen nada que ver con el presunto delincuente. El lunes, Castillo viajó de nuevo de Toluca a Tlalpan. El propósito de su visita fue devolver el reloj Omega Speedmaster que alguno de los intrusos de la madrugada del jueves se llevó consigo.

Quizá vuelva una vez más Castillo a visitar a los afectados. Falta por devolver una cámara digital, la memoria de una computadora y un abrecartas de plata también sustraídos sin derecho. Pero, lo más importante, también falta que se haga saber cuál de los integrantes del piquete policial robó esos objetos. A estas horas, el procurador debe saber quiénes fueron los ladrones. Investigarlo es extremadamente fácil: el universo de los sospechosos es minúsculo, compuesto apenas por un puñado de agentes que confundieron su vocación o la ejercen simultáneamente. El hecho mismo de que una de las piezas robadas haya sido localizada indica que alguien la devolvió, acaso el mismo que sin derecho la llevó consigo. Si a casi una semana del asalto la Procuraduría no puede identificar al ratero que cobra en su nómina, es una oficina a cuya cabeza está un incapaz. Y si lo sabe y no lo dice, es un encubridor.

Tal vez ocurre que, como a Facundo Cabral, al procurador Castillo le "encanta ser amigo de los ladrones", y de los delincuentes en general. Para suponerlo hay que ver la animada charla que sostuvo con García Montoya, el detenido cuya captura costó el asalto no sólo a la casa de los Bartolomé Belmontes, sino también al de la maestra bióloga Patricia Magaña y la de sus padres. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por queja de algunos afectados más, o de oficio, está investigando la violación del domicilio de un número mayor de habitantes de la colonia Torres de Padierna.

Ufano de la captura, el procurador Castillo hizo comparecer no todavía ante un juez a García Montoya, sino ante las cámaras. El Compayito es todo un comediante. En vez de haber sido marino, y desertor, y agente judicial y de policía, y luego sicario que con sus propias manos mató a 300 personas y ordenó la muerte de otras tantas, y jefe de banda del narcotráfico, hubiera debido explotar sus dotes histriónicas. Con gran fluidez, y hasta divertido, narró sus hazañas en un video hecho conocer a los medios por Castillo, que a veces aparece como sólo su patiño. García Montoya le avisa, si bien a posteriori, que estuvo a punto de matarlo. Es que lo creyó un traidor: le envió con un propio 400 mil dólares para que lo dejara trabajar. Y al notar que el servicio pedido no se cumplía, pretendió hacer pagar a Castillo su incumplimiento. Pero luego supo, porque "al andar en la maña todo se sabe", que el mensajero incumplió el encargo y se quedó con el dinero. Al no haberlo recibido el procurador, no había faltado al compromiso que se le propuso. ¿Y el intermediario? Lo maté, dice con cachaza el jefe de La Mano con Ojos.

En un intercambio de elogios, propio de una plática entre amigos que se aprecian, una voz en el video, que puede ser la de Castillo mismo, reconoce ante El Compayito que sus habilidades para delinquir y no ser aprehendido "nos hicieron ser mejores". A lo cual García Montoya contesta interesado si no tendrá por ello una compensación, respuesta que mereció la risa de los presentes en el animado diálogo.

García Montoya informó también, con la soltura de lengua a la que tendrá que reprimir ahora que es huésped del Altiplano, el penal de alta seguridad situado no lejos de Toluca, que dejó órdenes en previsión de ser detenido, un riesgo que, dijo, era inminente. Instruyó a sus subalternos que mataran a media docena de personas. Una de ellas, se apresuró a conjeturar la avispada Procuraduría mexiquense, fue ejecutada el lunes temprano. Su cuerpo, al que se le cercenó la cabeza, apareció colgado bajo un puente en Huixquilucan. Para fortuna de los asesinos, o al menos de quienes colgaron el cadáver decapitado, no funcionó la cámara que la eficiencia municipal ha colocado en la vía pública de ese enclave urbano.

La procuración de justicia mexiquense, durante el sexenio que está por terminar, se ha caracterizado por la omisión y el abuso. La multiplicación de feminicidios es muestra de lo primero. La represión en Atenco en mayo de 2006, ejemplo de lo segundo, sigue agravada por la impunidad de los agentes que violaron a mujeres detenidas sin causa y violentaron los derechos humanos de otras personas.

Detener a un prominente jefe del narcotráfico, al costo que sea, desnuda a la procuración de justicia de Enrique Peña Nieto. Profesa, agravado, el credo de su tío y padrino Arturo Montiel, para quien los derechos humanos eran para las personas, no para las ratas. Y aunque no sean ratas, tales derechos no valen cuando estorban a la feroz acción ministerial de Peña Nieto.



CAJÓN DE SASTRE

Con gran demora, el presidente Calderón firmó el decreto de promulgación de la reforma constitucional que elimina el veto de bolsillo, el truco gracias al cual esta enmienda aparecerá más de ocho meses después de que se formuló en el Congreso la declaratoria respectiva. Ahora, si en 30 días el Ejecutivo no dispone la promulgación o formula observaciones a un decreto aprobado por el Congreso, el presidente de la Cámara de origen puede disponer imperativamente la publicación omitida. El PRI reprochó a Calderón el veto que terminaría con el veto y, aunque con retraso ya lo ha hecho, ahora agrupaciones civiles le demandan publicar la reforma que autoriza las acciones colectivas, que mejorarán las defensas de los consumidores o usuarios frente a abusos mercantiles o administrativos. Es de esperar que el Presidente haya "tomado vuelo" y atienda ese pedido.