Precandidatos: simulación y dinero

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

Ernesto Cordero y Mario Delgado tienen muchos rasgos en común. No sólo su apariencia y su complexión física, sino también sus modos de hacer política. Impulsados por sus jefes, respectivamente Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, acometen con modos semejantes la imposible hazaña de ser candidatos, a la Presidencia de la República, uno, a la Jefatura de Gobierno del DF el otro.

Tecnócratas formados para hacer que los números cuadren aunque la gente resulte postergada, cada uno de ellos -no sé si por su lado o de consuno- descubrieron la política y se creyeron facultados para ejercerla. Han tenido experiencias administrativas similares: ocuparon la titularidad de dos relevantes oficinas de primer nivel en sus gobiernos. Cordero ha sido secretario de Desarrollo Social y de Hacienda, mientras que Delgado lo fue de Finanzas en el gobierno capitalino y ahora lo es de Educación. Acaso tenía para el primer cargo una somera preparación. Carece por completo de aptitudes para el segundo. No le ha hecho falta porque no se trata de regir el magro sistema educativo de la Ciudad de México (donde la enseñanza básica está a cargo de la Federación) sino de mostrarse ante el público para que su nombre sea conocido, con fines electorales.

Desprovisto del mínimo pudor, Delgado no vaciló en usar su propio apellido en la campaña de publicidad de una iniciativa contra la obesidad. De ese modo, se subrayaba la importancia de ser Delgado, netamente propaganda personalizada. No pierde, además, la oportunidad de pagar gacetillas en los diarios que se dejan. Por ejemplo, cuando entrega becas, la información hace pensar que las paga de su propio peculio. Este domingo llegó al colmo, al hacerse destapar por la comediante Carmen Salinas como su favorito para gobernar el Distrito Federal.

Como Delgado, Cordero utiliza su cargo para hacer campaña política. Su acción más descarada a ese respecto consistió en recibir en su papel de ministrador de recursos a los gobiernos locales, a un grupo de alcaldes panistas de Veracruz acarreados por Miguel Ángel Yunes para proclamarle sus simpatías en la liza electoral interna del PAN.

Aunque asegura diferenciar entre su promoción personal y su propósito político personal, Cordero emplea tiempo y recursos públicos para el segundo fin, y sin miramientos combina o mezcla los dos papeles que ahora desempeña. Este fin de semana anunció que anunciará medidas respecto de la deuda de los gobiernos estatales y viajó a León para que el gobernador Juan Manuel Oliva le deparara actos multitudinarios de bienvenida en que, por completo fuera del tiempo reglamentario, se le ofrecieron firmas que sustenten, llegado el caso, su postulación en la contienda panista.

Cordero y Delgado, como Enrique Peña Nieto y Ebrard, son ejemplo de mal uso de recursos públicos en provecho personal. Con ellos pagan la costosa cobertura mediática de sus actividades. En esos gastos gubernamentales descansa la abrumadora presencia de Peña Nieto ante la opinión pública y en ellos radica la expectativa de Ebrard de figurar como "mejor posicionado" que Andrés Manuel López Obrador cuando se midan las posibilidades electorales de cada quien.

Se trata de gobernantes o administradores de la cosa pública que son al mismo tiempo precandidatos. La ambigüedad de su posición es causa y efecto de la simulación, uno de los peores rasgos del sistema político mexicano y de quienes lo encabezan. Es verdad sabida que la política entraña puestas en escena, fingimientos similares a los del teatro. De modo que la simulación no es lacra exclusiva de nuestra manera de organizar y ejercer la política. Pero aquí se llega al extremo de practicar la simulación como arte del engaño, como conducta dolosa tendiente a crear falsas realidades, a esconder las verdaderas.

Otro modo de la simulación, especialmente lesivo de la convivencia democrática, es hacer propaganda electoral tras la mampara de los informes de desempeño. Una aspiración largamente expresada en la sociedad mexicana, alcanzada muy parcialmente como es la rendición de cuentas, el diálogo de los representantes con los representados para hacerles saber lo que hacen en su nombre, se ha pervertido hasta extremos grotescos. Acabamos de verlo este domingo con un acto principal de promoción política de la diputada Josefina Vázquez Mota, cabeza de los legisladores blanquiazules en San Lázaro. Pero no mucho tiempo atrás lo vimos, en niveles todavía más ofensivos y de tan grandilocuentes ridículos, en el informe semejante de Carlos Navarrete, el senador perredista que busca ser candidato a la Jefatura del Gobierno capitalino.

Amén de la superchería de hacer propaganda más que de informar, es notable el dispendio de quienes acuden a esta práctica. La precandidata panista gastó más de 5 millones de pesos en una escenificación efímera. Tuvo a bien informar que el grueso de ese costo, más de 3 millones de pesos, fue enfrentado por los 76 diputados federales que la apoyan. Un millón y pico fue aportado por empresarios amigos de la aspirante. Ella sacó de su peculio más de 800 mil pesos para este propósito. A su vez, Navarrete informó que con recursos propios pagó los más de 600 mil pesos que costó su aparatoso informe, cuyas dimensiones y espectacularidad hicieron más fuerte el contraste entre la forma y el fondo.

Es verdad que los legisladores están muy bien pagados, y que Vázquez Mota ha sido secretaria de Estado durante una decena de años, pero ¡qué ahorrativos son!


Cajón de Sastre


Eruviel Ávila recibió ayer la constancia de mayoría que lo hace gobernador electo y por lo tanto asumirá el gobierno del Estado de México el 16 de septiembre. La decisión del Instituto Electoral del Estado de México hace concluir también la participación de Alejandro Encinas en el proceso electoral correspondiente. Ahora podrá optar por volver a la Cámara de Diputados a recuperar la coordinación de los legisladores perredistas. Si lo dejan obrar en tal sentido, estará en condiciones, mucho más que su sucesor Armando Ríos Piter, de pugnar porque se cumpla el acuerdo que permitirá al PRD presidir la Mesa Directiva de la Cámara (que se decide por acuerdos entre las fuerzas políticas en San Lázaro y por votación en el pleno) al mismo tiempo que encabece la Junta de Coordinación Política, que por turno legal le corresponde.