“Yo fui violada por el mero jefe de ellos”, dijo la joven hondureña en pleno Senado. Y no se refería al jefe de Los Zetas, sino al de los agentes del tristemente célebre INM.
Y éste es sólo uno de los miles de ejemplos de la ignominia generada por el organismo más vergonzante del gobierno: el Instituto Nacional de Migración; no únicamente ineficiente, sino metido hasta las orejas en el miasma de la corrupción. Y peor aun, inmiscuido en el más ruin y sanguinario de los comercios criminales de estos tiempos: la trata de personas. El tráfico de seres humanos.
Lo que comenzó como “mordidas” inofensivas de 100 pesos por cruce y cuotas similares por permitir prostitución con los gobiernos priístas ha derivado en un gigantesco y aberrante negocio con los panistas. Lo más indignante es que suman miles —sin exageración alguna— las denuncias documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ONGs. Mientras los dos últimos gobiernos federales no han hecho absolutamente nada para remediar una situación que, para deshonra de este país, nos ha convertido en los más crueles y despiadados explotadores de migrantes del planeta. No hay en el mundo otra frontera tan infame como la de nuestro país con Centroamérica.
Y si cree que exagero, sólo le recuerdo la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que nos reconfirmó entre la comunidad internacional como un pueblo de bárbaros. Al que no conviene preservar los más elementales derechos humanos de los migrantes que atraviesan nuestro territorio rumbo al sueño americano, porque se beneficia del negocio como socio del crimen organizado. Así ocurrió en ese capítulo, en el que 58 hombres y 14 mujeres fueron primero pastoreados y luego entregados como carne de matadero cuando algo falló en el mecanismo de extorsión. Aunque lo más grave del caso es que a la directora del INM, Cecilia Romero —obligada a renunciar por la presión pública—, se le blindó con el cargo de secretaria general del PAN.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son 18 mil los migrantes centroamericanos secuestrados cada año en México y miles más extorsionados. Un negocio gigantesco de un centenar de millones de dólares, que nadie podría creer que se queda en los mandos inferiores y medios. Por lo que es absolutamente válida la pregunta de qué tan alto salpica la corrupción del INM —dependiente, por cierto, de Gobernación— y a quiénes beneficia.
Por todo ello, y más, resulta encomiable el esfuerzo de 500 migrantes encabezados por el heroico padre Alejandro Solalinde para, desde el 24 de julio en Guatemala, emprender la Caravana Paso por Paso Hacia la Paz hasta la Ciudad de México, donde han demandado tres acciones al gobierno mexicano: que cancele las visas, que de plano desaparezca el horrendo Instituto Nacional de Migración y… en términos un poco más coloquiales “que deje de ser agachón y que deje de ser ojete con sus hermanos del sur del continente y haga lo que tiene que hacer”.
Se ve difícil, porque hasta ahora no hay la menor intención de corregir este cotidiano crimen de lesa humanidad. Hay mucho dinero de por medio; aun los encuentros presidenciales de buenos propósitos no pasan de ser un requisito para la foto. Y que en el fondo subyace la doble moral de regular en apariencia una migración que descongestiona en gran medida la miseria imperante en la zona. Lo terrible es que al cruzar la frontera sea absorbida por una descomunal trituradora humana de la que salen sangre y billetes. Y que, de paso, nos inhabilita moralmente para exigir un trato humanitario a nuestros propios migrantes mexicanos cuando logran cruzar al otro lado. ¿Con qué cara podríamos alegar nada si lo que allá ocurre es Disneylandia frente al infierno dantesco que les hacemos padecer aquí?
Es cierto, como apunta el ombudsman Raúl Plascencia, hay avances notables como la Ley de Migración y la reforma en materia de derechos humanos, pero mientras no se desaparezca o se reinvente una escoria como el INM, seguiremos manchados y marcados por la vergüenza.
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Periodista
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