MÉXICO, D.F., (apro).- La guerra contra el narcotráfico que se libra en México desde 2005 se ha convertido en un gran negocio para empresas privadas de seguridad estadunidenses, compuestas por exmilitares.
Datos del Senado de EU indican que, en un periodo de cuatro años, esas empresas han ganado 170.6 millones de dólares a través de contratos con los Departamentos de Defensa y de Estado, según revela la cadena británica BBC Mundo.
“Los millones que Estados Unidos dice destinar a ayudar a la guerra contra el narcotráfico no llegan directamente a los gobiernos locales”, declaró al medio inglés el presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.
De acuerdo con el relator, el paquete prometido de la Iniciativa Mérida, de mil 400 millones de dólares de ayuda estadunidense a México y Centroamérica en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, estaría gastándose “en la venta de tecnología de guerra… y en manos de los contratistas”.
De hecho, México es el segundo país de América Latina donde más contratos se han realizado para asistir en la lucha contra el narcotráfico desde 2005, sólo superado por Colombia, según un informe publicado en junio pasado por el Subcomité de Supervisión de Contratistas del Senado de EU.
Estos contratos con empresas privadas incluyen la prestación de servicios, como mantenimiento de aviones, entrenamiento, labores de logística, inteligencia, vigilancia o tecnologías de la información.
El reporte de la BBC señala que, además de los contratistas pagados por el gobierno de Estados Unidos, también existen profesionales, muchos de ellos exsoldados o exmarines de ese país, que trabajan por su cuenta para empresas estadunidenses con operaciones en México.
El informe de la ONU difundido por BBC Mundo apunta que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, con sede en Ginebra (Suiza), ha pedido explicaciones al gobierno mexicano sobre la supuesta participación de empresas de seguridad estadunidenses en el país, sin que haya tenido respuesta.
“Cuando en 2010 empezamos a ver la tendencia en México de que contratistas privados de seguridad se estaban estableciendo, por ejemplo, para dar vigilancia a pozos de petróleo, pedimos a las autoridades una visita del Grupo de Trabajo para tratar este tema, sin que hayamos tenido una respuesta hasta ahora”, según Gómez del Prado, citado por BBC Mundo.
Y añadió que, de acuerdo con uno de los informes presentado por la ONU, desde 2006 se tienen denuncias de que empresas militares y de seguridad de EU supuestamente entrenaron en el estado de Guanajuato a policías federales mexicanos en prácticas de tortura.
Otro de los informes se refiere al reclutamiento de exmilitares de EU “con experiencia internacional” para vigilar instalaciones de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Hemos estado realizando informes en Honduras, Ecuador, Perú, Chile… los dos únicos países de Latinoamérica donde no hemos podido llevar a cabo una misión sobre el terreno son México y Colombia, a pesar de que hemos insistido mucho”, enfatizó Gómez del Prado en sus declaraciones a la agencia de noticias británica.
Al respecto, BBC Mundo afirma que el gobierno mexicano no pudo confirmar el estado de esas solicitudes, en virtud de que oficialmente no existen en México fuerzas privadas similares a las que han operado en países como Irak o Afganistán a través de compañías como Blackwater-Xe.
El debate sobre la presencia de trabajadores extranjeros se intensificó esta semana, después de que un artículo publicado por el diario The New York Times sugirió que la Casa Blanca estaría planeando enviar un equipo de contratistas para que trabaje con las unidades especiales mexicanas de lucha contra el narco.
En un comunicado, el gobierno de México rechazó pronunciarse sobre la veracidad del artículo, aunque aclaró que “el personal extranjero no lleva a cabo ninguna labor operativa ni porta armas” en México.
Clases de tortura en Guanajuato
En julio de 2008, la policía de León, Guanajuato, vivió un vergonzoso episodio con sus tristemente célebres clases de tortura.
En aquel año, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inició una investigación, luego de que un policía municipal fue videofilmado en los momentos que golpeaba “brutalmente” a un detenido mientras sus dos compañeros festejaban el hecho.
El director de la Policía, Carlos Tornero, identificó a los agentes implicados como José Luis Álvarez Juárez, Miguel Ángel Rodríguez García y Ricardo López Ramírez, el primero como el atacante; el segundo, quien grabó las escenas, y el tercero, quien portaba la macana.
En aquella ocasión, Tornero afirmó que la capacitación que se brinda a los elementos que forman parte de las corporaciones de seguridad del municipio de León, y en específico a grupos como el Especial Táctico (GET), “se hace bajo control y con el objetivo de que aprendan a enfrentar situaciones extremas”.
En su posición oficial sobre dos videos difundidos en los medios, refirió que los hechos mostrados formaban parte de un entrenamiento que reciben los elementos para enfrentar situaciones a las que pudieran ser sometidos en caso de ser tomados como rehenes o víctimas de un secuestro por parte del crimen organizado.
Y aseguró que en ningún momento tales prácticas “forman parte de una enseñanza para presionar a ciudadanos o delincuentes para obtener información”.
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